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El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas Serrano, presentó una moción en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para que se convoque a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel, a dar explicaciones sobre el aumento salarial retroactivo para más de 2.400 trabajadores.
Además, el liberacionista solicitó que se le pidan cuentas a la jerarca del INS por haber propuesto una investigación para determinar si alguno de los integrantes de Junta Directiva había filtrado a la prensa el acta de la sesión en que se aprobó el incremento salarial.
La Nación reveló, el pasado 17 de enero, que Araya Esquivel propuso, en una reunión de Junta Directiva del 20 de setiembre del 2022, instaurar una comisión para que revisara si los directivos habían entregado a medios de comunicación el acta del 23 de agosto del 2022, día en que se avaló el alza en las remuneraciones.
Según la moción, firmada junto a otros dos legisladores, la presidenta ejecutiva de la aseguradora estatal debe explicar por qué ha manejado el aumento salarial con “secretismo” y verificar si “interfirió en la privacidad” de los miembros de Junta Directiva.
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Para indagar en las computadoras de los directivos, el INS utilizó un contrato, firmado desde diciembre del 2021 con GBM Costa Rica para otros fines. Ante consultas de este diario, el Instituto admitió que empleó una adjudicación entregada a esa compañía para adquisición de servicios de almacenamiento en la nube, un modelo de permite guardar datos de forma segura en Internet.
Se trata, de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), del procedimiento 2021PP-000023-0001000001 para contratación de soporte en la nube. Según esa plataforma, por cada hora de servicio de los especialistas de GBM, el INS debe cancelar $38, aproximadamente.
La institución reconoció que para examinar las portátiles de los miembros de Junta Directiva necesitó 76 horas y pagó $2.900 (¢1,7 millones) a GBM Costa Rica.
El informe elaborado por GBM Costa Rica no halló evidencias de filtraciones por parte de los directivos a medios de comunicación u otros. En una de las conclusiones, indican que hay evidencia de que dos directivos descargaron el acta del 23 de agosto, pero que no existen registros de que la compartieran con terceros.
Negó información
Desde octubre del 2022, la Presidencia Ejecutiva del INS se negó a entregar información relacionada con el aumento salarial a la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas. El rechazo a dar la información quedó consignado en un oficio del 3 de octubre.
La congresista también pidió explicaciones sobre por qué la Junta Directiva del INS declaró confidencial la discusión y los documentos relacionados con el aumento, el cual costará ¢622 millones anuales.
No obstante, el 25 de noviembre, la Sala Constitucional falló a favor de un ciudadano que exigió que el INS le entregara el acta de la sesión en la que se autorizó el incremento salarial retroactivo, es decir, desde un principio ese documento debió ser público y no sometido a controles de confidencialidad, como lo hizo la Junta Directiva.
