Deudores afrontan en juzgados 730.000 embargos de salarios, cuentas y bienes

Así como las deudas ahogan a los costarricenses, los trámites de cobro hacen lo mismo en los tribunales. Son cientos de miles las solicitudes de embargo y decenas de miles las peticiones de remates que tramitan bancos estatales o privados; entidades financieras y almacenes de electrodomésticos.

En estos momento, los juzgados de cobro tienen activos 730.000 expedientes contra personas, empresas u organizaciones que supuestamente no cumplieron sus obligaciones, sean estas cuotas de préstamos de consumo, tarjetas de crédito, letras de cambio o pagarés.

De estos, 690.000 corresponden a procesos monitorios, en los cuales la garantía es personal, es decir, son los bienes del demandado como el salario, las cuentas de ahorro los que responden. Por esa razón, el acreedor solicita embargo sobre ellos, explicó la jueza de cobro de San José, Adriana Sequeira.

Al mismo tiempo, están en trámite 40.000 solicitudes de remate de bienes ofrecidos como garantías de créditos para compra de vivienda, lotes, autos o motocicletas.

“Para responder por un crédito hipotecario la garantía es un bien inmueble y en un crédito prendario la garantía es un bien mueble. Por esa razón en estos procesos el acreedor ejecuta su garantía y solicita el remate para recuperar su crédito”, añadió Sequeira.

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Como explicó Daniel Valderde, director laboral de la firma legal Ecija, normalmente si no hay un salario para embargar, lo que intenta el abogado de la parte acreedora es buscar otro tipo de ingresos o bienes que tenga. Podría solicitar el embargo de cuentas bancarias o de bienes muebles e inmuebles.

Las gestiones de cobro son tantas que actualmente representan el 54% del circulante del Poder Judicial, incluso si se toman en cuenta asuntos tan frecuentes como causas penales, asuntos de familia o recursos de amparo en la Sala Constitucional.

El dato confirma el alto nivel de endeudamiento de los hogares costarricenses, pero también de personas jurídicas como empresas u organizaciones.

De acuerdo con el Banco Central, en promedio, una persona destina el 64% de sus ingresos para pagar cuotas de préstamos y tarjetas de crédito.

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La deuda promedio en los hogares es 8,4 veces mayor que los ingresos de las familias; es decir, una relación de ¢1 millón a ¢8,5 millones.

De hecho, la situación es tan preocupante que este año desde el Poder Ejecutivo se impulsaron créditos de salvamento.

Incumplimiento

Para llevar una deuda a cobro judicial, no hace falta que el acreedor realice previamente un proceso interno para procurar que el deudor pague. Basta el incumplimiento.

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Es decir, una vez pasada la fecha de pago o el periodo de gracia –que se otorga en algunos casos– los acreedores podrían impulsar los procesos judiciales, explicó la jueza.

"En realidad, si el acreedor tiene un documento con fuerza ejecutiva solo tiene que esperar el incumplimiento. No se tiene que esperar un plazo administrativo o un agotamiento por esa vía... pues en realidad no, porque cuando tiene un documento con fuerza ejecutiva puede presentarlo a cobro judicial.

“Los bancos siempre dan un poquito de espacio, porque tienen que valorar muy bien si les sirve llegar a un arreglo extrajudicial, porque para las partes es un proceso engorroso y caro, igual que para nosotros”, afirmó Sequeira.

El Poder Judicial gasta cerca de ¢500.000 en resolver cada caso. La estimación toma en cuenta salarios del juez y la operación del aparato administrativo, así como la infraestructura y todo los requerimientos para brindar ese servicio.

“Hay partes privadas que determinan más perjudicial presentar la demanda porque va a tener un costo alto, y si el deudor no tiene cuenta bancaria, no registra salario y no tiene ningún bien embargable, evidentemente no va a llegar la recuperación del dinero”, señaló Sequeira.

Tribunales saturados

El alto endeudamiento y el incumplimiento en el pago de obligaciones mantienen abarrotados los 19 juzgados de cobro judicial que hay en el país.

La proyección del Poder Judicial es que para 2021, esos tribunales tengan que resolver más de 834.000 cobros judiciales, es decir, 100.000 más de los que manejan actualmente.

De acuerdo con Sequeira, el número de solicitudes de embargo y remate de bienes se disparó en los últimos años.

“El crecimiento es sostenido desde 2016. Para 2017 el incremento de procesos fue un 18%, el año siguiente fue de 24% y ya para setiembre del presente año reportamos un aumento de 8% en comparación con el año anterior.

“Eso es bastante significativo para nosotros (los jueces de cobro) y que lógicamente aquí está la razón por la que se tarda más tiempo en resolver los asuntos porque seguimos siendo la misma cantidad de personas, pero con muchos más asuntos que se nos presentan”, afirmó la jueza.

En total, los tribunales de cobro cuentan con 86 jueces, 25 coordinadores, 260 técnicos y 7 auxiliares de servicios generales.

La saturación provoca que una nueva demanda, en promedio, se resuelva en 10 meses en Cartago, por ejemplo, que es la dependencia en esta materia con más atraso.

En el Juzgado de Cobro de Guápiles tardan 9 meses, mientras que en Limón, Puntarenas y San Carlos, hasta 8 meses.

Las oficinas más ágiles en resolver estos asuntos son las de Pérez Zeledón y San José, donde se emiten resoluciones en un plazo que va de varias semanas a 3 meses.

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