La presencia de proveedores que deambulan por la instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con ofertas de equipos o servicios que no fueron solicitadas despertó la preocupación del nuevo gerente de Telecomunicaciones, Mauricio Rojas Cartín.

Su inquietud quedó plasmada en un correo enviado a once de sus subalternos, entre encargados de mercadeo, comercialización, soporte empresarial, infraestructura, además de asesores de la Presidencia Ejecutiva y a la propia Gerencia de esta entidad.

“Con suma preocupación he visto como nuestras instalaciones, así como las de la unidad de infraestructura, están siendo abordadas por proveedores ofreciendo supuestas soluciones que no hemos pedido”, inicia el mensaje en poder de este diario.

“Me permito aclarar que esto dista mucho de un correcto manejo del proceso de compras y contrataciones del ICE, y no se justifica que estos proveedores deambulen por nuestras instalaciones”, expresó Rojas, quien comenzó funciones el 6 de enero.

En el mensaje, también recordó que es “totalmente prohibido” recibir proveedores para discutir algún asunto, a menos que sea sobre procesos de contratación ya formalizados o para seguimiento de servicios ya contratados.

“Creo que el sentido de mi misiva se entiende perfectamente”, precisa el texto.

El mensaje de Rojas llegó antes de cumplir su primer mes en el cargo, cuyo énfasis será orientación al cliente y eficiencia en la gestión, según él mismo anunció.

Antes del ICE, ocupó el cargo de gerente de Correos de Costa Rica, institución en la cual logró innovar y diversificar negocios bajo una estricta administración del gasto; metas que también espera concretar en el Instituto, como dijo a La Nación en una entrevista.

Rojas asumió el puesto luego de la salida de Jaime Palermo Quesada quien, a finales de noviembre, se acogió a un proceso de movibilidad voluntaria.

Investigaciones

Sobre el sector de Telecomunicaciones hubo señalamientos de la Auditoría Interna por debilidad en ese negocio y se desarrollan investigaciones del Ministerio Público.

Una causa judicial se relaciona con la negociación de una multa por $6,7 millones que le aplicó a Huawei luego de que la empresa china incumpliera parte de un millonario contrato de telefonía celular. No obstante, antes de cobrar el dinero en efectivo, el ICE aceptó que el gigante asiático pagara la sanción con la entrega de equipos y servicios.

Ese trato, al final, le permitió a Huawei convertirse en proveedor para un nuevo negocio con la empresa pública pero en el área de Internet fijo.

La denuncia por el caso la presentó la propia Auditoría Interna del ICE, en noviembre, y se tramita por el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo los expedientes 19-000294-1218-PE y 19-000295-1218-PE. Ambas causas son contra personas ignoradas.

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece que serán castigados “con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.