Convertir buses diésel a eléctricos sería ruta de Costa Rica hacia electromovilidad

Impulsar una industria local que se dedique a transformar autobuses que funcionan con diésel sería el mejor camino para electrificar el sector de transporte público en Costa Rica.

Esta es la conclusión del Estudio de impacto económico de las inversiones para el recambio de la flota de buses sostenibles en Costa Rica, publicado en diciembre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según este, en términos económicos, sociales y ambientales, esa vía sería más beneficiosa para todos los involucrados que tratan de sustituir la flotilla actual con nuevas unidades eléctricas.

Los hallazgos del análisis fueron presentados el viernes 6 de octubre por los investigadores Georgina Cipoletta y Marcos Adamson, durante un taller sobre cambio climático y electromovilidad en el país, organizado por la Cepal y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

La primera conclusión fue que importar autobuses eléctricos nuevos, cuyo costo unitario promedio ronda los $400.000, presionaría más al alza los pasajes de este medio de transporte.

El análisis muestra que, debido al peso que tiene el costo de un vehículo diésel frente al eléctrico, hay diferencias de hasta $90.000 en los flujos de todo el escenario financiero: compra, operación, mantenimiento, etc.

Además, se detectó que el entorno bancario local carece de una oferta adecuada de instrumentos financieros para costear unidades eléctricas, por factores que afectan la decisión de invertir: incertidumbre ligada a la sectorización del transporte público, renovación de las concesiones y el carácter oligopólico del sector financiero nacional.

“La práctica arraigada en los empresarios es autofinanciarse y hacer cada vez más vertical la organización empresarial, al operar rutas concesionadas mediante la creación de empresas y/o consorcios proveedoras de equipos, repuestos o financiamiento”, añade el documento.

Por estas razones, consideran los investigadores, traer unidades eléctricas es poco atractivo para los transportistas frente a los buses diésel. Además, la importación de los primeros genera pocos encadenamientos productivos en la economía.

En cambio, impulsar una industria local para reconvertir los vehículos de diésel a eléctricos (lo que se conoce como retrofit) estimularía más la economía, no presionaría las tarifas, logra objetivos ambientales y además ahorros en compras del derivado del petróleo.

Por ejemplo, la reconversión tiene un mejor desempeño a nivel de costos financieros incrementales totales por compra y operación a partir de los precios vigentes del diésel.

Para una vida útil de 15 años, un bus convertido representa un costo de $420.000 concluido ese periodo. Si es eléctrico, sube a $558.000 ($138.000 de diferencia) y, si funciona con diésel, llega a $472.000 ($52.000 menos).

Depreciación y rentabilidad

Cepal también estimó las tarifas según tecnología en términos de su depreciación y rentabilidad, con base en información real de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para ocho autobuseras en operación.

La investigación halló que los aumentos tarifarios para unidades eléctricas nuevas son mayores si se cambian por vehículos de diésel nuevos. Sin embargo, las alzas con vehículos transformados son comparables a los pasajes con buses convencionales.

“La conversión de autobuses presenta una oportunidad más accesible para países en vías de desarrollo debido a su menores costos y disposición de recursos ya presentes en las economías (unidades convencionales)”, revela el estudio.

Los autores resaltaron durante su presentación, que un sector de reconversión en Costa Rica dinamizaría distintos sectores de la economía, a diferencia del uso de autobuses eléctricos y diésel.

Esa industria, destacaron, tejería relaciones comerciales entre proveedores de distintos sectores, así como entre servicios de importación de partes, como motores, baterías y equipos y encadenamiento, con el sector de generación eléctrica y servicios de manufactura automotriz.

Según los investigadores, habría más riqueza para la economía si se impulsan acciones de política pública que fomenten una industria automotriz, tanto en términos de aporte a la producción de bienes y servicios, como en creación de potenciales empleos con diferentes niveles de calificación.

Datos oficiales

Para llegar a estas conclusiones, Cepal procesó información de bases de datos oficiales de la Aresep y del Banco Central, así como de legislación y dinámica del mercado financiero nacional. A partir del análisis, elaboró pronósticos por tipo de tecnología.

Por ejemplo, al considerar la incorporación paulatina de buses eléctricos, evaluó su viabilidad en términos financieros e hizo comparaciones con tecnología diésel para el servicio de autobús. Para ello se incorporó información real tarifaria de Aresep.

Como es un servicio regulado, se analizó el efecto incremental en los ingresos de las empresas proveedoras generado por un cambio progresivo hacia buses eléctricos, para examinar cómo varía la rentabilidad financiera de la actividad desde el punto de vista del concesionario.

Para el análisis financiero se consideraron las diferencias de costos de adquisición y de costos operativos de cada opción tecnológica, así como los costos de financiamiento.

El periodo de análisis abarcó un horizonte a 15 años por vehículo, lo cual coincide con la vida útil autorizada para vehículos diésel y también de dos baterías eléctricas, tomó en cuenta pagos por depreciación y rentabilidad permitidos en metodologías tarifarias.

En julio pasado, la Aresep había advertido en un foro que el uso de buses eléctricos en el país estaba aún distante.

La única experiencia de uso de estos automotores se dio en febrero de 2021, con un plan piloto con tres buses eléctricos donados por el Ministerio de Ambiente alemán. Estos se pusieron a funcionar en algunas rutas regulares para ver su desempeño, sin que se avanzara hacia un modelo de negocio capaz de introducir poco a poco esta tecnología.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por su parte, explora la posibilidad de comprar unidades eléctricas para arrendarlas a los operadores del servicio. En junio, anunció su interés de recibir ofertas.