EscucharLa Contraloría General de la República previno nuevamente al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, de que el proceso para contratar una empresa que asuma la revisión técnica, deberá sustentarse en estudios técnicos y legales que garanticen decisiones ajustadas a derecho.
El criterio fue emitido en respuesta a una denuncia planteada por la legisladora liberacionista Carolina Delgado, quien pidió al órgano contralor referirse a la legalidad de la figura de permisionario de uso en precario para ofrecer dicho servicio.
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Sobre el pedido, la CGR indicó que por tratarse de un acto “unilateral del Estado”, es ajeno a la materia de contratación administrativa, que es sobre la cual tiene competencia para resolver recursos, por lo que cualquier cuestionamiento debería ser discutido en los tribunales contencioso administrativos.
No obstante, la Contraloría aprovechó la respuesta a la diputada para recordarle al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que debe existir un expediente donde estén incluidos los estudios técnicos y jurídicos que le den respaldo al mecanismo utilizado para reanudar el servicio.
Asimismo, le señala su deber de atender los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR), según los cuales, todo el proceso debió estar a cargo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), que es el órgano con las competencia legales para todo lo relacionado con revisión técnica. Por lo tanto, debió ser ese Consejo el que llevara adelante la contratación de una empresa.
El pasado 9 de agosto, el entonces representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en la Junta Directiva del Cosevi, denunció que el ministro Amador pidió ante ese órgano aprobar sus decisiones sobre el nuevo servicio de revisión técnica sin explicar el sustento técnico utilizado o presentar documentos que respaldaran esas medidas.
La falta de información motivó la renuncia de Vargas, pues aseguró que no se pueden tomar acuerdos sin los análisis técnicos y legales sobre el proceso de contratación de una empresa para la revisión técnica vehicular.
El ministro Amador, por su parte, aseguró semanas atrás que dicha situación sería solventada al pedir a los directivos del Cosevi que le dieran la potestad para hacer selección de la firma, en su doble función de jerarca del MOPT y presidente de la Junta de ese órgano desconcentrado.
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La diputada liberacionista, Carolina Delgado dijo a La Nación que desde su despacho también se enviaron las advertencias al ministro y darán un tiempo prudencial para verificar si el proceso se ajusta la legalidad y en caso de que no sea así acudiría al Tribunal Contencioso.
“Estamos hablando de un servicio público, es algo que es importante para el país, estamos hablando del tema de seguridad para la población. La incorporación de la revisión técnica ha venido mejorando las condiciones de los vehículos y la seguridad de los costarricenses (...) mi preocupación es poder reinstalar el servicio y darle seguridad en el tiempo, eso significa hacer el proceso bien y de manera legalmente correcta”, sostuvo.
A su criterio, que sea el Cosevi el que finalmente seleccione a la empresa, no significa que todo se haya hecho apegados a la ley, pues en la normativa establece que se órgano debía encargarse de todo el proceso desde el inicio y, en realidad, ni siquiera se menciona en el pliego de condiciones publicado por el MOPT.
“Todo se ha hecho al margen de la ley, no sabemos si se ha hecho técnicamente de manera correcta, si no logró presentar los estudios técnicos para poder hacer el proceso y justificarlo (...) Nos preocupa no tener esa claridad y asegurarnos que lo que se vaya a hacer es correcto”, agregó.
La legisladora también insistió en que ante la carencia de esos criterios legales, no podrían asegurarse de que la empresa seleccionada tenga la capacidad para brindar el servicio en el plazo planteado por el Ministerio.
Otros riesgos
Otro de los eventuales escollos radica en que la Ley de Tránsito indica que ese servicio de inspección vehicular debe otorgarse mediante autorizaciones y no mediante un permisionario, como lo pretende el MOPT.
En relación con esa figura, la Procuraduría indicó en un criterio emitido el 14 de julio que “estos permisos son admisibles siempre que el uso que se le dé al bien sea compatible con su integridad y con el fin público al cual se encuentra afecto y destinado”.
“Lo relacionado a si puede servir como instrumento para contratar a una empresa que preste el servicio público de inspección vehicular en sustitución de la concesión, es un aspecto que le corresponde dilucidar también a la Contraloría General de la República debido a su competencia exclusiva y excluyente en materia de contratación administrativa”, expresó.
No obstante, la Contraloría desistió de resolver sobre la validez de esa figura, aunque sí indicó que es indispensable que dicho acto administrativo cumpla con todos los elementos que el ordenamiento jurídico dispone en cuanto al motivo, contenido y fin.
Otro hecho que también podría complicar este proceso es la acción de inconstitucionalidad en estudio por parte de la Sala IV que cuestiona, precisamente, las autorizaciones establecidas en la Ley de Tránsito, por considerar que de autorización que diferentes empresas o grupos hagan la revisión se retrocedería a una situación que fue inconveniente en el pasado y que podría causar gran perjuicio al ambiente.
En resumen, el mecanismo del MOPT no es el contemplado en la Ley de Tránsito y, a su vez, esa normativa está impugnada ante la Sala.
Nuevo operador se definirá la otra semana
Con este panorama, estaba previsto que esta semana se conociera el nuevo operador del servicio, no obstante, el despacho del jerarca indicó este jueves ante la consulta de La Nación, que será hasta la siguiente.
Según informó, están a la espera de la presentación de prevenciones que se solicitaron a los representantes de las empresas interesadas para poder hacer la calificación final. El plazo para que cumplan ese requisito vence este viernes.
Una vez concluida esa fase, la comisión encargada deberá rendir un informe que será sometido a conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva del Cosevi para resolver la asignación del nuevo permisionario.
En total hay 11 empresas interesadas en operar bajo la figura anunciada por el MOPT. Entre estas destacan consorcios costarricenses y la cooperativa de empleados de la revisión técnica, así como varias compañías internacionales.
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Este servicio estuvo por 20 años a cargo de la firma española Riteve, cuyo contrato venció el 15 de julio. Tras el fin de la operación los equipos e instalaciones pasaron a manos del Estado.
