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Contraloría: No se garantiza que información reportada por el CNP sea ‘transparente ni confiable’

Auditoría de CGR señala la ausencia de controles para verificar el monto exacto del presupuesto que ejecuta el Consejo Nacional de Producción

La Contraloría General de la República (CGR) denunció este martes que no se puede garantizar a la ciudadanía que la información sobre el avance de las metas que reporta el Consejo Nacional de Producción (CNP) a los entes externos sea “transparente y confiable”, lo que afecta la toma de decisiones.

Esa es una de las conclusiones de la auditoría que realizó el órgano contralor para determinar si la información reportada por las instituciones sobre los resultados de metas seleccionadas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP), cumple razonablemente con los criterios de calidad definidos en la normativa legal y técnica aplicable.

Esto es importante para garantizar la efectiva transparencia y rendición de cuentas sobre la confiabilidad de la información física y financiera que se reporta.

Según la CGR, en el caso del CNP, no existen controles para verificar el monto exacto de la ejecución presupuestaria de sus tres metas escogidas ya que los registros de ejecución presupuestaria reportados por la institución en el Plan Operativo Institucional, diferían hasta en ¢5.077 millones de los montos reportados en el Informe Anual de Balance de Resultados del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

Además, advirtió la Contraloría, el Consejo no realiza una valoración de los riesgos asociados a la ejecución física y financiera de los proyectos asociados, ni de la meta correspondiente a la cantidad de las nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas con cuotas de mercado. Estas, en conjunto, representan un presupuesto de ¢17.652 millones para el periodo 2019-2022.

Según la CGR, esto pone a la institución en una situación de vulnerabilidad.

“En consecuencia, no se garantiza a la ciudadanía y personas usuarias del PNDIP, que la información acerca del avance de las metas que reporta el CNP a los entes externos (en ejecución presupuestaria y proyectos) sea transparente y confiable, lo que además, afecta la toma de decisiones efectiva y oportuna en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales” , agrega la auditoría.

Explica la CGR que el CNP no cuenta con los controles que aseguren la calidad al momento de recolectar, procesar y actualizar los datos reportados sobre el avance de las metas y seguimiento de los proyectos del PNDIP. Se determinó que no se cuenta con una gestión de riesgos de las metas y proyectos que permita identificar oportunamente posibles deficiencias, incumplimiento de metas, reprocesos y subejecuciones.

“La calidad de la información se ve en riesgo en el instante en que una institución no cuenta con mecanismos de control que aseguren la confiabilidad, precisión y transparencia de los datos que se reportan. En este sentido, resulta trascendental que se elaboren e implementen procedimientos que coadyuven a la trazabilidad de la información en todos los niveles internos involucrados, así como hacia afuera de la entidad, con la seguridad de que los datos que vayan a comunicarse sean fidedignos y respondan a la realidad”, añadió la CGR.

En otro informe de Contraloría de noviembre del año anterior, se reportó una situación en la misma línea.

Se indicó que los estados financieros de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), empresa del CNP, “no contienen información relevante, fiable y comprensible” relacionada con las transacciones, sucesos o condiciones relativas a la situación financiera y el rendimiento financiero de la institución.

Fanal es fabricante del popular guaro Cacique y de alcohol. Pese a que sus deudas son grandes, el dueño del negocio, es decir, el CNP, desconoce hasta cuánto ascienden las obligaciones. Al menos esa fue la versión que dio a La Nación en enero de 2020 el entonces presidente ejecutivo del Consejo, Rogis Bermúdez.

Daniela Cerdas E.

Daniela Cerdas E.

Bachiller en periodismo, estudiante de Derecho. Cobertura de la temática educativa del país desde 2015. Redactora del año La Nación, 2018.

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