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Contraloría investiga millonarias contrataciones de abogados en Municipalidad de San José

En menos de dos años, BDS Asesores Jurídicos consiguió 12 contrataciones por más de ¢77 millones. En un caso, alcalde pidió contratarlos antes de publicar concurso

La Contraloría General de la República (CGR) investiga la contratación de millonarias asesorías legales y capacitaciones en la Municipalidad de San José, pesquisa en la que figuran un bufete de abogados así como funcionarios del Ayuntamiento.

De acuerdo con el expediente CGR-PA-2021007218, el órgano contralor revisa los convenios del gobierno local con la empresa BDS Asesores, que según el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), consiguió 11 contrataciones directas y una licitación abreviada en menos de dos años. Esa firma es representada legalmente por Marco Durante Calvo y asesora a Grupo Nación en los litigios laborales.

También figuran en el caso Johnny Araya Monge, alcalde de San José actualmente suspendido, Mariano Rodríguez Solís, director de Asuntos Jurídicos, y Marco Castro Camacho, director administrativo.

Entre los hechos que se investigan es por qué las contrataciones recayeron siempre en esa firma. La Ley de Contratación Administrativa permite a las instituciones públicas realizar contrataciones directas frente a situaciones especiales, una de ellas es cuando el servicio o bien a adquirir tenga “un número limitado de proveedores o contratistas”. Sin embargo, para la categoría denominada ‘servicios legales de empleo o laboral’ hay 395 personas físicas o jurídicas registradas en Sicop como proveedores, es decir, no existe escasez de oferentes en esta materia.

Además, en varios de los procesos, los documentos publicados en Sicop demuestran que la Municipalidad eligió a BDS Asesores Jurídicos antes de que se publicara el concurso para la recepción de ofertas. Los contratos fueron por un total de ¢77 millones.

Por ejemplo, el 22 de agosto de 2018 a las 3:29 p. m. lanzaron el procedimiento 2018CD-001187 para la contratación de “Servicio de asesoría y consultoría jurídica en materia laboral” por ¢15 millones, dieron dos días para la presentación de ofertas y finalmente adjudicaron a BDS Asesores Jurídicos el 28 de agosto de ese mismo año. No obstante, desde el 21 de agosto de 2018, por medio del oficio 00063-2018, firmado por Araya, la entidad señaló a la empresa de Durante Calvo como el contratista a elegir.

“Este Despacho autoriza al Departamento de Recursos Materiales y Servicios para iniciar el procedimiento para realizar la contratación bajo modalidad de “según necesidad” de la firma BDS Asesores Jurídicos”, indicó el jerarca municipal en su escrito del 21 de agosto de 2018.

Posteriormente, ante consulta de La Nación, Johnny Araya declaró que como no era experto ni en contratación ni en materia jurídica, hizo la recomendación con base en un criterio de la Dirección Jurídica.

“La Dirección Jurídica de la Municipalidad de San José hizo un amplio criterio, recomiendan la contratación de BDS Asesores Jurídicos por ser la firma que cumple con todos los requerimientos que la Municipalidad necesitaba, por ser un proveedor que únicamente atendía empleadores y eso era un tema importante para la Municipalidad (...) Yo me baso en un criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el alcalde no es experto en materia jurídica ni de contratación, ellos me hacen una recomendación muy clara y contundente de que concurrían los elementos como para hacer una contratación directa”, dijo Araya, quien permanece suspendido sin goce de salario desde noviembre del año anterior por aparentes irregularidades en la contratación de obra pública.

Antes de firmar el oficio en que pidió contratar a BDS Asesores Jurídicos, dijo el alcalde, entrevistaron a “dos o tres empresas” para conocer sus atestados. No obstante, ni él precisó las empresas ni el hecho consta en el expediente público.

También hay documentos que evidencian la selección del bufete antes de que se publicara el concurso 2018CD-000861 para capacitación en derecho laboral por ¢1,1 millones. Según SICOP, publicaron el 28 de junio de 2018 y adjudicaron el 6 de julio de 2018, pero desde el 21 de junio la Sección de Desarrollo Personal de la Municipalidad declaró, en el oficio SDP-1079-2018, que se debía contratar a BDS Asesores Jurídicos para el curso Proceso Laboral Ordinario en las instalaciones de la Municipalidad de San José para 25 funcionarios.

En el escrito, la Sección de Desarrollo Personal manifestó que la capacitación fue solicitada por la Dirección de Asuntos Jurídicos. En Sicop también consta que Ronald Gutiérrez Abarca, abogado de BDS Asesores Jurídicos, fue quien propuso el curso al Ayuntamiento, desde mayo de 2018.

Mariano Rodríguez Solís, director de Asuntos Jurídicos, expresó que no se referiría a este tema por estar bajo investigación en la Contraloría. En 2021, ese funcionario fue suspendido sin goce de salario por un mes, ya que la CGR halló irregularidades en el pago de una indemnización millonaria a una empresa proveedora de parquímetros. En esa ocasión también fue suspendido el alcalde josefino.

“Si una contratación directa de escasa cuantía se promueve, pero en el expediente consta un documento donde se expresa voluntad y petición de contratación de una determinada persona, entonces ahí hay un quebranto de legalidad; actos sin duda negativos al correcto proceder en Hacienda Pública”, analizó Christian Campos, presidente de la Asociación de Profesionales de Contratación Administrativa.

¿Por qué existen oficios firmados por diferentes funcionarios municipales que señalan a BDS Asesores Jurídicos como la empresa a contratar? En una entrevista realizada el 19 de abril, Marco Durante Calvo aseguró que desconocía esos documentos, aunque forman parte de expedientes de contratación pública y están en Sicop.

“Son documentos internos (...) Nosotros eso (el expediente de contratación) no lo consultamos, una vez que somos contratados nos cuidamos en vigilar el servicio para el que nos contrataron”, comentó el representante de BDS Asesores Jurídicos.

El jurista admitió la existencia de la investigación en la Contraloría General de la República y garantizó que participarán en las audiencias orales relacionadas con esta investigación, las cuales están programadas para el 11 y 12 de mayo.

De las 12 adjudicaciones a favor de la compañía, cuatro ocurrieron en 2018, siete en 2019 y una en 2020.

Alexander Cerdas Rojas, abogado de la Municipalidad de San José, aseguró a este diario que, en 2019, el director de Asuntos Jurídicos le pidió asistir a una reunión en las oficinas de BDS Asesores Jurídicos, ubicadas en Tibás. Según su relato, al encuentro también asistieron los abogados municipales Marcela Marceth y Marco Álvarez, quienes son esposos desde diciembre de 2009.

Al llegar al sitio fueron atendidos, de acuerdo con Cerdas, por Marco Durante y otros abogados.

“La reunión era para establecer los parámetros de una licitación según demanda (...) Lo que ellos plantean, tanto Marco Álvarez, la señora Marcela Marceth y el abogado de la empresa BDS, es que necesitan que se les explique cómo funciona una licitación según demanda, cuáles son los alcances, cuánto dinero se les puede inyectar y en cuánto tiempo.

“Una vez que les expliqué eso, empezaron a hablar de las condiciones técnicas del cartel y ahí fue donde yo les dije: ‘si ustedes van a acomodar el cartel a una medida, entonces se los dejo a ustedes y yo me retiro”, afirmó Cerdas.

La oficina de prensa del Ayuntamiento informó de que Marceth dejó su cargo público el 4 de agosto de 2019. Ese mismo mes pasó a laborar a BDS Asesores Jurídicos.

Marco Durante Calvo dijo que la reunión mencionada por Cerdas no existió. Al mismo tiempo, indicó que sí conoce al esposo de Marceth por asuntos de trabajo y porque asiste a actividades sociales organizadas por su bufete.

Al ser consultada sobre ese aspecto, Marceth rechazó el evento. “No fui a ninguna reunión al bufete, no sé qué le habrá dicho don Alexander”, al tiempo que aclaró que no podía hablar en ese momento.

Por su parte, el esposo de Marceth aseguró no recordar si asistió al bufete de Durante Calvo.

“Yo, en particular, no recuerdo haber estado en una reunión en esos términos, sobre todo en el bufete de don Marco”. Añadió que, contrario a lo manifestado por Durante Calvo, no acude a actividades sociales organizadas BDS Asesores Jurídicos.

Al cuestionar a Durante Calvo si existe conflicto de interés por la presencia de los esposos en el bufete y en la Municipalidad, respondió que eso se le tendría que consultar a ellos (Álvarez y Marceth).

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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