El manejo de la contabilidad que hace la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) motivó una llamada de atención por parte de la Contraloría General de la República, pues revela la inexistencia de mecanismos de cobro y el perjuicio para los abonados de la institución.
Los señalamientos se dieron luego de que una auditoría del órgano contralor descubrió que la empresa pública mantiene en su contabilidad activa ¢3.062 millones en su apartado de cuentas por cobrar, pese a que se trata de deudas ya prescritas que ya no se van a recuperar.
Se trata de saldos de cobro “muy antiguos” que datan del 2011, los cuales se hallan en tres cuentas: Servicios liquidados a favor de la CNFL, Daños a instalaciones eléctricas y Transacciones comerciales a cobrar.
Al 31 de julio de 2019, de la cuenta “Servicios liquidados a favor de la CNFL” solo se había logrado recuperar 21% del saldo posible de cobrar al final del 2018. Esta cuenta registra las deudas de los abonados a quienes se les cortó el servicio y no tienen interés en reactivarlo.
Respecto a la cuenta Daños a instalaciones eléctricas, la Compañía considera 100% del saldo como incobrable, advierte la Contraloría.
En la cuenta Transacciones comerciales por cobrar (con 82% del saldo vencido), a julio de 2019 solo se había recuperado una tercera parte del saldo susceptible de cobro al concluir el 2018.
“Lo indicado es contrario a la naturaleza de esta cuenta la cual abarca cobros inmediatos”, indica el informe DFOE-AE-IF-00012-2019 del 19 de diciembre anterior.
Ante consultas de La Nación, Guillermo Mena, director de Comercialización de la CNFL, afirmó que el propio informe “dimensiona claramente el hallazgo” porque el documento indica que los saldos de las cuentas por cobrar se presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales.
Según dijo, lo que se requiere atender es un apartado que representa un 10% de todas las cuentas auditadas, porque en el 90% del total de las cuentas por cobrar revisadas, la CGR halló “saldos por cobrar razonables”.
“Entendemos la importancia de cada una de las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República y las atenderemos según los plazos determinados. Debemos aclarar que el monto resaltado en el rubro de incobrables, del cual se nos consulta, representa 1% del monto por comercialización de la energía eléctrica”, concluyó Mena.
La CGR, sin embargo, recuerda que estos montos incobrables son contrarios a las indicaciones dadas por la Empresa Gestión Cobro del Grupo ICE. La Empresa y CNFL son subsidiarias del Grupo ICE, compuesto además por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense (Racsa).
En su oficio 0900-148-2018 del 2 de noviembre del 2018, la Empresa le aclaró a la CNFL que no pueden enviarse a cobro judicial, deudas con más de cuatro años. Además le informó de que debían tomarse medidas internas para gestionar la incobrabilidad de las deudas más antiguas a ese plazo cuando no se logran recuperar mediante cobro administrativo.
En el documento, se le confirmó a la CNFL que el criterio de la prescripción para el cobro de las deudas pendientes ya no era de 10 años como se estaba aplicando, en congruencia con las salvedades que precisa el artículo 984 del Código de Comercio de Costa Rica.
Efecto en usuarios
¿Cómo fue posible que los deudores de la CNFL evitaran el pago? Según la CGR, por falta de mecanismos para gestionar el cobro de las tres cuentas indicadas.
“En consecuencia, se mantienen saldos en cuentas por cobrar con poca o nula posibilidad de recuperación, lo cual tiende a la sobrevaloración de la cuenta. Además, la CNFL deja de percibir recursos que podrían contribuir a sufragar sus gastos de su operación”, afirma el informe.
La CGR concluye que esto tiene implicaciones en el servicio de electrificación a los usuarios al no hacerse una devolución de saldos a su favor en los ajustes tarifarios y porque la CNFL “inobserva la importancia de la recuperación de saldos adicionales a la factura eléctrica, pese a que la situación financiera de la Compañía es deficitaria”, recalca el documento.
La empresa pública cerró en el 2018 con una pérdida de ¢14.573 millones y se convirtió en el quinto año consecutivo con números rojos, según sus estados financieros.
En enero del 2019, la propia Contraloría dejó inicialmente sin aprobar el presupuesto de la CNFL para ese año porque halló que tenía un hueco financiero de ¢34.736 millones destinado a compras de electricidad. La CGR tomó la decisión porque esa suma dependía de la aprobación de un aumento tarifario solicitado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Sin embargo, los problemas contables no terminan allí ya que se extienden a dineros que adeuda la CNFL.
Por ejemplo, determinó que 89% del saldo de la cuenta Transacciones comerciales por pagar (¢910 millones a diciembre de 2018) incluye partidas con más de un año de antigüedad con alguno registros desde el 2011.
A su vez, agrega la CGR, la Compañía no analiza los saldos de sus deudas en esta cuenta con una antigüedad superior a cuatro años, los cuales incluso podrían estar prescritos conforme el Código de Comercio.
La CNFL incluso mantiene como deuda pendiente montos millonarios que ni siquiera tiene obligación de pagar.
Por ejemplo, la auditoría encontró una deuda a favor de una empresa privada en la cuenta n.° 263537 por la suma de ¢1.628,6 millones aun y cuando desde marzo del 2018 la Sala Primera resolvió una demanda en favor de la CNFL.
Esa sentencia se le notificó a la Compañía en noviembre de 2018, cuando quedó formalmente eximida de dicho pago.
El saldo en dicha cuenta corresponde a retenciones de pagos por incumplimientos del contrato en la ejecución del proyecto de electrificación subterránea de San José; proyecto cuyo origen se remonta al 2006.