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La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que el bufete BDS Asesores Jurídicos aceptó pagar una sanción económica por responsabilidad civil, la cual le permitió ser excluido de una investigación administrativa por presuntas irregularidades en la contratación de asesorías legales realizadas por la Municipalidad de San José.
De acuerdo con un correo enviado por la oficina de prensa de la CGR este miércoles 11 de mayo, el bufete, representado legalmente por Marco Durante, canceló ¢2,25 millones por la intimación civil en su contra.
“(...) Motivo por el cual y con fundamento en el Reglamento de Organización y Servicio de las potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública de la CGR, se dejó sin efecto el traslado de cargos efectuado a dicha empresa, la cual en consecuencia ya no figura como parte investigada en este asunto”, declaró la Contraloría.
El artículo 35 de esa normativa establece que “en los supuestos donde únicamente se busque determinar la existencia de responsabilidad civil, una vez efectuado el traslado de cargos y en cualquier etapa del procedimiento, este se dejará sin efecto, si la parte investigada demuestra que ha concurrido a pagar la suma o importe correspondiente a los daños y perjuicios establecidos en el acto de apertura”.
La investigación, sin embargo, continúa contra el alcalde de San José Johnny Araya Monge, actualmente suspendido, así como contra Mariano Rodríguez Solís y Marco Castro Camacho, director de Asuntos Jurídicos y director administrativo del Ayuntamiento.
“El acto de apertura se emitió el 11 de marzo de 2022 y el procedimiento está en trámite”, ratificó.
La comparecencia oral y virtual, precisamente, estaban programadas para este miércoles 11 y jueves 12 de mayo, para cuando fueron convocadas todas las partes investigadas.
Por ahora, dijo la Contraloría, no puede dar detalles sobre la manera en la que se definió el monto de la sanción y otros datos.
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La Nación intentó comunicarse con Durante para consultarle sobre este tema, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular. Por medio de un mensaje de texto aseguró que estaría en “una sesión de trabajo todo el día” y que se le enviaran preguntas por escrito a través de su encargada de prensa.
Esta firma también asesora a Grupo Nación en los litigios laborales.
Las contrataciones
En menos de dos años, BDS Asesores Jurídicos consiguió 12 contrataciones por más de ¢77 millones. En uno de los casos, Araya pidió contratarlos antes de publicar concurso.
Entre los hechos que se investigan es por qué las contrataciones recayeron siempre en esa firma. La Ley de Contratación Administrativa permite a las instituciones públicas realizar contrataciones directas frente a situaciones especiales, una de ellas es cuando el servicio o bien a adquirir tenga “un número limitado de proveedores o contratistas”. Sin embargo, para la categoría denominada “servicios legales de empleo o laboral” hay 395 personas físicas o jurídicas registradas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) como proveedores, es decir, no existe escasez de oferentes en esta materia.
Además, en varios de los procesos, los documentos publicados en Sicop demuestran que la Municipalidad eligió a BDS Asesores Jurídicos antes de que se publicara el concurso para la recepción de ofertas. Los contratos fueron por un total de ¢77 millones.
Por ejemplo, el 22 de agosto de 2018 a las 3:29 p. m. lanzaron el procedimiento 2018CD-001187 para la contratación de “Servicio de asesoría y consultoría jurídica en materia laboral” por ¢15 millones, dieron dos días para la presentación de ofertas y finalmente adjudicaron a BDS Asesores Jurídicos el 28 de agosto de ese mismo año. No obstante, desde el 21 de agosto de 2018, por medio del oficio 00063-2018, firmado por Araya, la entidad señaló a la empresa de Durante Calvo como el contratista a elegir.
También hay documentos que evidencian la selección del bufete antes de que se publicara el concurso 2018CD-000861 para capacitación en derecho laboral por ¢1,1 millones. Según Sicop, publicaron el 28 de junio de 2018 y adjudicaron el 6 de julio de 2018, pero desde el 21 de junio la Sección de Desarrollo Personal de la Municipalidad declaró, en el oficio SDP-1079-2018, que se debía contratar a BDS Asesores Jurídicos para el curso Proceso Laboral Ordinario en las instalaciones de la Municipalidad de San José para 25 funcionarios.
En el escrito, la Sección de Desarrollo Personal manifestó que la capacitación fue solicitada por la Dirección de Asuntos Jurídicos. En Sicop también consta que Ronald Gutiérrez Abarca, abogado de BDS Asesores Jurídicos, fue quien propuso el curso al Ayuntamiento, desde mayo de 2018.
Además de los contratos adjudicados por la Municipalidad de San José, BDS Asesores Jurídicos consiguió, en los últimos meses, contratos para asesorar a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Correos de Costa Rica, por un total de ¢139 millones.
Según datos del Sicop, de enero de 2021 a la fecha, la empresa de Durante ganó 31 contratos públicos con montos de hasta que oscilan entre ¢50.000 y ¢30 millones, la mayoría son contrataciones directas. En ese mismo periodo, BDS Asesores Jurídicos participó en 45 concursos, es decir, tuvo éxito en el 69% de las participaciones.
Entre las entidades contratantes están el Instituto Costarricense de Electricidad, la Municipalidad de Montes de Oca, la Junta de Protección Social y el Instituto Nacional de Seguros, entre otros.
En Sicop hay registrados 395 proveedores entre personas físicas y jurídicas inscritos para ofrecer “servicios legales de empleo o laboral”.
