El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) falla en cada una de las etapas de atención de denuncias sobre posible maltrato o situación de riesgo para niños.

Esta afirmación la hizo este jueves la auditora interna de la institución, María Auxiliadora Chaves Campos, durante una comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Según la funcionaria, hay problemas en cada paso del proceso de atención porque hay incapacidad de funcionarios “para tomar bien las direcciones” del sitio de la emergencia hasta porque falta “sentido de oportunidad por incumplimiento de los plazos fijados para actuar en situaciones de peligro inminente”.

Tales aseveraciones las hizo en presencia de la propia jerarca de la entidad, Patricia Vega, también convocada a este foro.

“En el PANI existe una debilidad en el seguimiento y consecución de los objetivos y eso se refleja en los casos y eso es lo que como Auditoría más nos preocupa”, advirtió la auditora.

Chaves explicó que la actividad primordial del PANI es la atención de esas denuncias urgentes al representar mayor riesgo porque es “cuando el menor está más cerca de una situación que hasta podría llevarlo a la muerte”.

Según ella, luego de un análisis de cómo se atienden estos casos, se hallaron toda clase de problemas en el proceso.

“Hay una seria debilidad en la calidad del servicio que brinda y la clave del servicio es la calidad y esa calidad está marcada en el PANI por su sentido de oportunidad; de llegar a tiempo y que la intervención sea adecuada. Cumplimos con el servicio, pero no en los niveles en que se debería, hay casos en que no”, admitió.

Tales revelaciones se dan cinco meses después de que se cuestionara la labor del PANI por la muerte de dos menores, en mayo pasado.

El primero fue un bebé de 13 días, en Alajuelita, aparentemente por el “síndrome del niño agredido”. El segundo, fue un niño de cinco años, quien falleció a consecuencia de una hemorragia intestinal por golpes. El deceso ocurrió luego de que un vecino denunciara el caso, pero, aparentemente, los funcionarios del Patronato no dieron con la vivienda del menor.

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En ese contexto, la jerarca del PANI, reconoció que denuncias calificadas como “prioridad 1” como se define a los casos de alto riesgo, no se atendían con la urgencia requerida.

De hecho, en el 2016 no se atendieron 11.537 denuncias, mientras en el 2017 fueron identificados 52.417 menores por amenaza o violación de derechos y solo se atendieron 41.712, por lo que no se dio respuesta a 10.705 niños: un 20,42% quedó desprotegido.

Otra auditoría del 2017 determinó que apenas 42% de las denuncias “prioridad 1” se atendieron en los plazos establecidos mientras 27% se atendieron en rangos de entre 1 mes y hasta 1 año.

Este jueves, la auditora también reveló a los diputados que durante la administración anterior (2014-2018), el PANI careció de plan estratégico por lo cual no hubo instrumento formal para medir desempeño o cumplimiento de objetivos.

A lo largo de los cuatro años, dijo, estuvo formulando el plan estratégico el cual presentó al cierre de su período de gestión.

Luego de esta declaración, los legisladores aprobaron una moción para convocar a la jerarca anterior, Ana Teresa León Sáenz, para explicar lo ocurrido con ese plan estratégico en la administración anterior.

Convocatoria

La convocatoria a esta Comisión se dio, orginalmente, para que los funcionarios del Patronato explicaran una serie de señalamientos vinculados a supuestas deficiencias en el manejo de recursos públicos para la atención integral de la infancia, niñez y adolescencia.

El año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) llamó la atención por la falta de control por parte del PANI en el manejo de los fondos destinados a la atención de menores en riesgo.

Sin embargo, tras escuchar a las comparecientes, Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional, concluyó que más allá de un problema de ejecución de recursos, los hallazgos de la Auditoría del PANI reflejan tal desorganización que su consulta es si la entidad todavía es capaz de cumplir con su mandato constitucional.

Como institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, el PANI se creó el 15 de agosto de 1930. Su norte se define en el artículo 55 de la Constitución Política de 1949: “La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una Institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado”.