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El movimiento huelguístico que realizaron la mañana de este martes recolectores de basura en Cartago, duró apenas unas horas.
Los trabajadores optaron por deponer la protesta luego de que el alcalde Mario Redondo les advirtiera de las sanciones a las que se exponían al ser su labor un servicio esencial, en el cual están prohibidas las huelgas.
De acuerdo con Ley Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, más conocida como ley de huelgas, vigente desde enero del 2020, en caso de movimientos de protesta en servicios esenciales procede el rebajo salarial.
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El movimiento promovido por el sindicato municipal y por trabajadores adscritos a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se realizó para reclamar un 6% de aumento anual por un plus llamado calificación, correspondiente a 2018 y 2019, el cual representa unos ¢800 millones de colones a repartir entre todos los funcionarios del ayuntamiento.
Ese plus, sin embargo, está cuestionado ante la Sala Constitucional, por lo que el gobierno local está en espera del fallo.
También reclaman el pago de anualidades que está frenado por disposición de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Esta administración ha hecho del diálogo una herramienta constante, pero no podemos pagar anualidades y calificaciones del 2020-2021, en virtud de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró a regir en diciembre del 2018 y que lo impide”, dijo el alcalde cuando se presentó al plantel municipal a instarlos a volver a sus tareas.
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Redondo, sin embargo, se comprometió “como muestra de apertura” a consultar a la Procuraduría General de la República si es posible pagar las calificaciones, no sin antes aclarar que no se justifica ningún movimiento “que prive al pueblo cartaginés de servicios básicos y esenciales”.
Aplicación de ley
La aplicación de la ley de huelgas también llegó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a tramitar acciones legales contra 612 trabajadores que protestaron el 19 de agosto, a pesar de que estos movimientos están prohibidos en los servicios de salud.
La entidad, además, también intenta recuperar salarios pagados a trabajadores que protagonizaron otros movimientos el 7 y 14 de julio.
Igualmente, con base en esta ley, el Ministerio de Educación Pública realizó gestiones para rebajar el sueldo a funcionarios que participaron en la huelga del 19 de mayo, luego de solicitar la declaratoria de ilegalidad de la protesta.
