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El proceso para contratar a los futuros operadores de la inspección técnica vehicular, vuelve a complicarse y ahora corresponderá al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) definir qué ocurrirá con la precalificación de empresas que habían sido seleccionadas para brindar el servicio en esa primera fase.
La Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), ente que llevaba adelante la licitación, había archivado ese proceso, alegando que una de las firmas precalificadas incumplía un requisito legal.
Sin embargo, tras conocer un criterio emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que les advertía que la precalificación de las empresas oferentes en la primera etapa del concurso estaba en firme, el Cosevi anuló el acuerdo tomado en julio y dejó en suspenso todas las decisiones relacionadas con ese proceso de contratación.
De acuerdo con el acta de la sesión del 17 de setiembre, los miembros del Consejo dejaron en firme por mayoría tres medidas: anular el acuerdo que dejaba sin efecto la licitación, remitir al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, para que determine la procedencia de la declaratoria de lesividad del acto de precalificación y suspender cualquier decisión que tenga que ver con esa licitación.
Este nuevo fiasco se sumó a una seguidilla de errores que han alargado el proceso de licitación iniciado desde abril del 2023 y en el cual originalmente habían participado solo tres empresas: el actual operador Dekra, el consorcio Applus (en el cual participa Riteve SyC) y la empresa alemana Tüv Rheinland.
Dekra había quedado descalificada debido a que no cumplía todos los requisitos financieros. Esto dejó solo a dos posibles oferentes en competencia.
A lo largo de ese tiempo, constantes apelaciones y objeciones de las firmas participantes fueron alargando la etapa de precalificación, lo que a su vez se tradujo en una extensión del permiso de uso en precario mediante el cual opera Dekra, el cual ahora está vigente hasta julio del 2026.
En junio anterior, cuando ya se había acordado dejar en firme la precalificación de las otras dos empresas, el ministro de Obras Públicas anunció durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, del pasado 4 de junio que el proceso se anularía y se haría una licitación desde cero.
En esa oportunidad, Zeledón argumentó que ese trámite no había dado los frutos requeridos, debido a que esperaban que una mayor cantidad de oferentes superaran la fase previa, para posteriormente adjudicar el servicio a los dos que dieran las mejores condiciones en cuanto a precio y servicio.
Ese anuncio generó una advertencia y solicitud de inhibitoria contra Zeledón, por adelantar criterio, ya que al momento de las declaraciones, la decisión de anular la precalificación no había sido vista en la junta directiva del Cosevi.
Posteriormente, cuando se consolidó el acuerdo en el consejo, el ministro explicó que la decisión obedeció a que durante una revisión exhaustiva de los documentos de las dos firmas que seguían vigentes en el proceso de precalificación, se encontró que uno de los consorcios incumplía con un requisito legal.
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La Ley de Tránsito establece que las empresas encargadas de brindar el servicio de revisión técnica no deben estar relacionadas con prestatarios del servicio público, situación que se presentaba en una de las firmas que forman parte del consorcio Applus, la cual forma parte de un consorcio autobusero.
Esa situación dejaba solo una empresa en competencia, lo cual impediría adjudicar el servicio a dos operadores, tal como establecía originalmente el proceso, con el que se buscaba evitar posibles prácticas monopólicas.
Además, se anunció que se realizaría una investigación para determinar la existencia de posibles conflictos de interés, que podrían haber afectado el proceso de evaluación de los criterios técnicos durante la etapa de precalificación recientemente anulada y que explicarían la falla en detectar el incumplimiento del requisito legal citado por el jerarca.
¿Que decía el criterio de la Contraloría?
Según la División de Contratación Administrativa, lo que corresponde es que si el Cosevi consideraba que habían requisitos que una de las empresas no cumplió en esa primera etapa, lo procedente era corregir ese error por los medios que establece la ley.
“Lo anterior por cuanto los oferentes precalificados en la primera etapa, a los cuales el Cosevi había indicado que cumplían con los requisitos del pliego de condiciones, podrían verse afectados al dejarse sin efecto la segunda etapa de la contratación”, indica la respuesta enviada por ese departamento a este diario.
La resolución emitida por la Contraloría, respondió a la consulta realizada por una de las empresas precalificadas, la cual consideraba que se debía continuar con la segunda etapa del proceso y adjudicar el concurso.
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La CGR respondió que no era posible revisar la decisión del Cosevi, pero en una resolución posterior se aclaró además que “existiendo un acto de precalificación en firme, la Administración no podría excluir a un oferente precalificado, porque ya se encuentra consolidada su condición como tal”.
“Es por ello que, conforme a lo ya explicado en la resolución R-DCP-00047-2025, este órgano contralor de oficio apuntó que, si la Administración considera que existe un vicio que genere nulidad en el acto final de precalificación que le impide proseguir con el llamado de los precalificados a la segunda fase de la licitación para su concurso; de conformidad con el bloque de legalidad aplicable, lo procedente es que el Cosevi instruya el procedimiento para la declaratoria de ese vicio”, añade la resolución R-DCP-00050-2025.
La Nación dirigió consultas al viceministro de Transportes, Carlos Ávila, quien funge como presidente de la junta directiva del Cosevi, para conocer las razones por las que se decidió revertir el acuerdo que descartaba el proceso de precalificación para los operadores de la inspección técnica y lo que correspondería ahora dentro esa nueva gestión.
Además, se le pidió indicar quien debería tomar la decisión de declarar la lesividad del acto final en el ministerio, si Zeledón se encuentra inhibido en este proceso, pero al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.
