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Al menos 100 personas serían llamadas a rendir declaración en el juicio que comenzará este lunes en el Tribunal Penal de San José, por una supuesta estafa contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante facturas por insumos médicos.
La estimación la hizo William Rodríguez, abogado de la entidad, quien reclamará $6 millones por todo el daño causado a la institución con los hechos ocurridos entre el 2009 y el 2011, en el Hospital Calderón Guardia y el Max Peralta de Cartago.
El caso se conoció en el 2014.
En estos centros médicos se detectaron supuestas anomalías en la tramitación de facturas por la compra de aparatos para operaciones de Ortopedia, desde clavos hasta prótesis de cadera, que nunca se realizaron.
Los cobros habrían sido realizados por la empresa Synthes, proveedora de los equipos.
Los imputados en esta causa son el empresario de origen cubano Lorenzo Castaño Suárez, quien era el encargado de las relaciones comerciales de la compañía. También Johan Masís Arrieta y Edwar Aguilar Alcócer, otros empleados de la firma.
Como demandada civil figura Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda.
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Como expresó Rodríguez, ya pasaron seis años desde que salieron a la luz las aparentes irregularidades, por lo que es urgente la realización del proceso.
Él espera que comience el lunes a pesar de que se trata de un caso complejo y de que se deban tomar una serie de medidas de higiene y distanciamiento debido a la pandemia por covid-19.
Según las previsiones del Tribunal, el debate se prolongaría hasta el 14 de agosto.
Este jueves, el Poder Judicial comunicó las medidas para brindar el servicio, y específicamente, las garantías de higiene para la realización de juicios.
“Con respecto al protocolo de uso de salas de juicio, antes de dar inicio a cada jornada laboral, cada una de las salas se limpia de manera que se desinfectan los estrados, las sillas, los micrófonos, los equipos de grabación y todos los demás implementos con los que cuentan las mismas.
"Esta labor se repite en cada diligencia que se lleva a cabo en dichos recintos, o sea, en los espacios entre la finalización de una diligencia judicial y el inicio de otra”, explicaron mediante un comunicado.
Señalan que, en caso de que el número de participantes en un juicio sea considerable, el despacho judicial debe coordinar con la administración para que se valore “si el metraje de las salas es suficiente” para respetar que solo se mantenga al 50% de su capacidad y con una distancia de 1,8 metros entre las personas.
Delitos
De acuerdo con la acusación planteada por la Fiscalía, a Lorenzo Castaño se le atribuyen 100 delitos de estafa en concurso material con 100 delitos de falsedad ideológica en perjuicio de la Caja. Se incurre en esa conducta cuando se incluye información falsa en documentos públicos.
Johan Masís y Edwar Aguilar, entretanto, figuran como presuntos responsables de dos delitos de estafa en modalidad de delito continuado, y un delito de estafa en grado de tentativa en modalidad de delito continuado.
Según los reclamos que ha hecho la Caja, hubo procedimientos que no se llevaron a cabo aunque se cobraron o intentaron cobrar los dispositivos; además se usaron nombres de pacientes que eran de otra especialidad o que incluso habían fallecido.
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De los imputados, solo el primero cumple prisión preventiva desde abril de 2019, luego de ser detenido en Estados Unidos por una orden de captura internacional presentada por la Fiscalía.
