EscucharEl Consejo de Directores Administrativos y Administraciones de Áreas de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), envió a la Junta Directiva de la institución un oficio para manifestar su preocupación por el traslado de los abogados de hospitales y áreas de salud a nivel central, como parte de un plan para fortalecer la gobernanza de la Dirección Jurídica.
Aunque solicitaron a la Junta no votar la propuesta para mover a 140 de esos profesionales hasta no analizar el impacto o repercusión para las áreas que deben ceder a sus abogados, la Junta Directiva aprobó el plan este jueves, con cinco votos a favor y dos en contra. Se opusieron los representantes laborales Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.
La firmeza del acuerdo fue respaldada por seis de los siete directivos presentes. Solo Martha Rodríguez se abstuvo.
El oficio CDAAA-004-2024 del Consejo tiene fecha de este jueves 29 de febrero, día en que se realizó sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la CCSS bajo la figura de funcionario de hecho pues todavía falta juramentar a uno de los tres representantes patronales ante ese órgano de decisión.
La discusión de este tema estaba en la agenda de esta mañana, pero no se realizó transmisión pública porque no había Internet, informó la oficina de prensa de la CCSS, que grabó la sesión y la envió a los medios.
El documento, firmado por la presidenta de ese consejo, Adriana Romero Retana, directora administrativa del Hospital Nacional de Niños, solicita información detallada del traslado funcional y readscripción jerárquica de los abogados de los hospitales y otras unidades asistenciales a la Dirección Jurídica de la CCSS.
La propuesta de la Dirección Jurídica aprobada este jueves, se ha discutido en las últimas dos sesiones de Junta Directiva, correspondientes al pasado 22 de febrero y al martes 27.
En la sesión del martes, varios miembros de la Junta también manifestaron sus dudas y pidieron más claridad sobre aspectos como costos de ese traslado.
Entre los directores que más la cuestionaron tanto el martes como este jueves, está la representante laboral Martha Rodríguez González, quien dijo que se estarían llevando abogados de los hospitales a una nueva unidad programática. Todos dependerían jerárquicamente del director jurídico.
Rodríguez cuestionó que muchos de esos abogados tendrían que cambiar de categoría al pasar de profesional 2 (P2) a profesional 4 (P4), lo cual implicaría un ajuste en sus ingresos y un costo adicional para la institución.
Sus cuestionamientos coinciden con los del Consejo de Directores Administrativos, para el cual es preocupante que una decisión de esa envergadura no se haya socializado antes con las autoridades locales.
También les preocupa la falta de estudios de cargas laborales de las distintas unidades como paso previo a una propuesta que, según consideran, los dejaría desprovistos de asesoría directa.
En defensa de la propuesta, el director jurídico, Gilberth Alfaro, había aclarado el 27 de febrero que no se trasladarán los 300 abogados de la Caja, sino 140.
Dijo que de estos 140, 90 están entre P2 y P3. Eventualmente, explicó, podrían subir a P4 según las tareas que les asignen, y si algunos van a litigar habría que pagarles el 15%.
Posibles consecuencias
La Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) lamentó que la Junta Directiva aprobara la propuesta de gobernanza sin contar antes con los criterios técnicos de la Dirección de Administración y Gestión de Personal y de la Gerencia Financiera.
“Sin ninguna justificación técnica, se despoja a los centros (hospitales) de las plazas de abogado, que con grandes sacrificios han logrado hacer una realidad. El aumento de funcionarios del nivel central crece sin ningún control. Significará una disminución de la capacidad de respuesta a nivel local y regional”, advirtió el sindicato en un boletín de prensa.
Antes de que trascendiera la decisión, el Consejo de Directores Administrativos advirtió a la Junta Directiva de los riesgos de ese traslado. Entre ellos, la concentración de toda la carga en la Dirección Jurídica que, según ellos, causará retrasos significativos en procesos de compra, resolución de asuntos disciplinarios y recursos de amparo.
El Consejo asegura que esta concentración en el nivel central afectará la inmediatez en la resolución de los conflictos a nivel de hospitales y áreas de salud, pues los profesionales que hasta ahora estaban asignados a esas unidades lograron desarrollar conocimiento especializado.
Directores médicos y administrativos, afirma el Consejo, se quedarán sin la asesoría directa de profesionales en Derecho. Al mismo tiempo, aseguran, quedará afectada la asesoría preventiva que, a su criterio, será imposible de sustituir con una consulta remota.
Durante la sesión de Junta de este jueves, el director jurídico recalcó la urgencia que existe en la dependencia que él dirige.
“Lo he venido sosteniendo desde el 2017. Anda la inquietud de si se hará una Gerencia Jurídica, pero eso ni siquiera se ha comentado. Yo no gestiono una cosa para beneficiarme o para lucrar.
“El tema de gobernanza no es un tema de Gilberth Alfaro o de la Dirección Jurídica. Se ha hecho con un enfoque de interés general. El tema es optimizar los recursos institucionales en materia legal”, manifestó Alfaro al inicio de la discusión de este jueves.
El director jurídico comentó a la Junta el documento del Consejo de Directores Administrativos.
“No dudo que sea cierto (lo que plantean), pero denota que necesitan ayuda. Lo que les estamos ofreciendo es que cuenten con ciento y resto de abogados en asesoría jurídica. No es lo mismo tener a la gente desperdigada en todos lados, que tenerla ordenada ofreciendo asesoría”, agregó el director jurídico.
Por su parte, Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, dijo que sabía que este asunto tendría detractores. La jerarca ha defendido en diferentes momentos, la propuesta de gobernanza.
“Me siento incómoda de que ustedes tengan que estar sobrejustificando una necesidad institucional porque aquí por lo que se está velando es por el buen servicio público.
“Aquí no hay comarcas ni metros cuadrados y si se ha entendido así, eso hay que eliminarlo. Este tema va a seguir avanzando con la parte tecnológica y de recursos humanos. Este es el primer ejercicio de una verdaderar gobernanza”, insistió Esquivel.
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