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“Aquí sería exactamente batear porque por más que pidamos consulta internacional esto no tiene ninguna lógica”.
De esa manera respondió el ministro de Salud, Daniel Salas, al ser consultado por La Nación sobre la posibilidad de que se apruebe la ley de cáñamo y cannabis medicinal en el país. El jerarca reconoció que su cartera no estaría lista para afrontar este tema si el presidente Carlos Alvarado decide firmar la iniciativa que aprobaron los diputados en segundo debate, el pasado 13 de enero.
El ministro sostuvo que la planta de marihuana no es un medicamento como tal y que para obtener sus beneficios medicinales debe pasar por un procesamiento delicado que, afirmó, solo se puede lograr en un laboratorio debidamente certificado y no en una casa de habitación. Además, recalcó que no existen “criterios” para definir cuántas matas puede tener un paciente si no hay un proceso de buenas prácticas de manufactura.
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“Si esta ley al final procede como está (el texto) tendríamos que aplicar justamente el bateo. Eso es horrible. Un ministerio que siempre trata de buscar fundamentos técnicos para hacer los reglamentos, en este caso se queda completamente atado de manos porque no podemos ni buscar experiencia internacional porque eso no existe, o sea no tiene lógica decir ‘con tantas matas el paciente va a estar estabilizado con un adherencia terapéutica o una buena optimización de la dosis’, eso no existe”, aseveró el funcionario.
Este lunes, el Poder Ejecutivo anunció en conferecia de prensa que se tomará unos días más antes de informar si el presidente Carlos Alvarado firmará o vetará la ley, al considerar que el plan aprobado por el Congreso permite el autocultivo y el autoconsumo, lo cual podría provocar “sobredosis” que pongan en riesgo vidas o promover el “narcotráfico” ante el riesgo de que se use el cultivo individual como mampara para la comercialización de marihuana.
Casa Presidencial, además, adelantó que trabaja en una contrapropuesta, aunque sin explicar qué procedimiento utilizará para plantear los ajustes.
La iniciativa de ley, tramitada bajo el expediente 21.388, establece en su sección IV, referente a “Cultivo doméstico para autoconsumo con fines médicos y terapéuticos”, que se permite a los profesionales en Medicina acreditar a los pacientes con un carné para consumir cannabis psicoactivo producido mediante un “cultivo doméstico de una cantidad limitada de plantas”, la cual debe ser definida por el Ministerio de Salud e incluso fiscalizada mediante visitas a hogares.
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Sin embargo, Salas aseguró que esta parte del proyecto nunca se le consultó a su cartera y es motivo de gran preocupación. Señaló que ahora buscarán “enmendar y solucionar” este conflicto porque no están “buscando que el proyecto como tal se venga abajo”, sino únicamente no dejar en un estado de “inseguridad e indefensión” a los pacientes que vayan a consumir los extractos de la planta.
Cuando se le preguntó qué posibilidad hay de que una persona tenga una sobredosis por consumir cannabis, el ministro respondió que “mucha gente puede consumir muchas matas y eventualmente no va a tener una sobredosis, pero puede ser que algunos sí”.
En este sentido, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, aclara que es “poco probable” tener una sobredosis fatal.
“En la planta no está ni siquiera titulado la cantidad de THC (tetrahidrocannabinol) o de CBD (cannabidiol) que está consumiendo la persona, o sea ahí puede haber perfectamente 10 veces la dosis por planta de lo que está recomendando el médico y no lo sabemos, eso justamente es un riesgo. Hay personas que son cardiópatas que si tienen un subonazo repentino de presión alta pueden tener hasta un derrame cerebral”, alegó Salas.
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De acuerdo con el jerarca, el texto actual de la ley está metiendo en un aprieto al país para darle cuentas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), ya que permite confeccionar productos con hasta un 1% de THC, cuando lo permitido mundialmente es concentraciones de 0,2% o 0,3%, y además porque el “autocultivo para autoconsumo no es compatible con lo que uno considera un medicamento”.
“Lo que está planteando este proyecto es básicamente que la persona consuma la planta con todo el potencial del efecto psicoactivo y eso va a traer consecuencias y eventos adversos que pueden ir desde un aumento súbito de presión arterial, un bajonazo de presión, posiblemente pacientes con problemas del corazón que puedan hasta poner en riesgo su vida. Puede provocar alucinaciones, depresión y ganas de suicidio”, dijo.
Para los diputados impulsores de la iniciativa los alegatos de Daniel Salas son “lamentables” porque llegan en un momento tardío cuando el texto ya está por convertirse en ley luego de pasar todo su extenso trámite legislativo. Las independientes Paola Vega y Zoila Volio manifestaron que las quejas están cargadas de “prejuicios y desinformación”, ya que “si se establece que la parte medicinal será dosificada por un médico, ¿cómo van a haber sobredosis?”.
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Sin embargo, el ministro insistió en que el uso de cannabis medicinal no puede congeniar con el autocultivo y autoconsumo en el país, ya que internacionalmente estas prácticas solo se han aprobado para “uso recreativo”. Destacó que si se quiere regular esos puntos, los diputados deben incluirlos en otro proyecto de ley, ya que por ahora “se está haciendo una mezcla que verdaderamente deja en una falta completa de control de calidad” de los posibles medicamentos que se vayan a generar.
Actualmente, la venta de aceites con extracto de CBD sin registro sanitario tiene preocupadas a las autoridades por el alto riesgo que representa para la salud pública, pues se estima que hay productos con pesticidas, metales pesados, herbicidas y, además, que no traen las cantidades de compuestos que dicen en su etiqueta. Por lo tanto, pueden ser de mala calidad o incluso perjudiciales para la salud.
Según las autoridades, hasta la fecha no se ha logrado controlar este mercado, el cual está generando ganancias a muchas personas que se aprovechan de la enorme demanda del producto. Hay decenas de sitios en Internet que ofrecen aceites artesanales que muchas veces se preparan sin los procedimientos adecuados. Precisamente, por esa razón, es que el Congreso busca regular este tema y marcar un precedente.
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