EscucharEl presidente Rodrigo Chaves Robles no aclaró si va a reemplazar a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, a quien un juez suspendió del cargo durante seis meses mientras se le investiga por el Caso Barrenador, en el cual la Fiscalía sostiene que se adjudicó la administración de 138 Ebáis, por 10 años, con un sobreprecio anual de ¢12.400 millones.
Cuando se le preguntó si la iba a reemplazar, el gobernante respondió con acusaciones al Poder Judicial. “Quien descabezó la CCSS, la institución más importante de este país en términos de la salud pública, no fue el gobierno. Fue un acto que ya hemos descrito como acoso y hostigamiento del Poder Judicial”, dijo.
A la repregunta de si piensa sustituir a Marta Esquivel, respondió: “Precisamente mi punto: ¿de quién es culpa esa situación? Ya lo hemos dicho en Costa Rica mil veces: se investiga para detener, no se detiene para investigar”. Agregó que Esquivel presentó un habeas corpus ante la Sala Constitucional por la situación judicial que enfrenta con el Caso Barrenador, pero, aún los magistrados no le han dado respuesta.
El mandatario se quejó de que uno de los jefes de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinara no pagar el salario a Marta Esquivel mientras permanezca suspendida. Le atribuyó creerse un juez. Sin embargo, de acuerdo con la Dirección Jurídica, existe jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre este tipo de casos, la cual establece que cuando los trabajadores son puestos en prisión preventiva o son suspendidos de sus cargos por orden judicial no procede remunerarlos porque pesa sobre ellos una “imposibilidad de asistir al trabajo”.
Esquivel, quien antes de asumir funciones en el gobierno de Chaves fungió como jueza de Trabajo y magistrada suplente de la Sala IV, devengaba en la CCSS un salario de ¢5.565.000 mensuales.
Chaves expresó que están estudiando las opciones legales sobre la situación que afronta la presidenta ejecutiva y urgió a los magistrados a emitir un fallo sobre el habeas corpus “para que el Gobierno responda ya sea con un nombramiento o con algo más. La bola está del lado de la cancha de ellos”, afirmó.
El Caso Barrenador estalló el 23 de setiembre y la CCSS lleva más de un mes sin cinco miembros de los nueve que conforman su Junta Directiva, entre ellos, la presidenta ejecutiva.
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Además de Esquivel, la medida cautelar cubre a la gerenta general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes; a los directivos Isabel Camareno Camareno, representante del gobierno, y Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, ambos delegados del sector patronal.
En la causa, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga a los exdirectivos Jorge Luis Araya Chaves (patronal), Jorge Porras López (gobierno) y Roberto Quirós Coronado (patronal).
