Las listas de espera para recibir atención médica no solo le cuestan a la CCSS unos ¢10.650 millones al año en horas extra para sus empleados, sino también más millones en pagos a los pacientes afectados por la tardanza en el servicio y abogados.

Era un dato que no se conocía públicamente: en los últimos cuatro años la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vio obligada a desembolsar casi ¢500 millones por daño moral a favor de enfermos y por costas judiciales a abogados que presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional.

Solo por daño moral a favor de enfermos, la CCSS pagó más de ¢167 millones entre 2016 y noviembre del 2019, informó la Dirección de Presupuesto a solicitud de este diario.

Se considera daño moral la angustia, ansiedad y dolor que pudo generar al enfermo permanecer meses y años en la lista de espera por una consulta médica, un procedimiento diagnóstico o una operación.

A ese monto se agregan más de ¢269,5 millones cancelados en el mismo periodo por costas judiciales o procesales, como se les llama. Entre ellas, hay notificaciones, honorarios de abogados, y pago de notarios.

En total, entre 2016 y 2019, la CCSS pagó más de ¢436,8 millones. Al cierre de esta edición, no fue posible conocer a cuántos recursos corresponden los montos cancelados por la CCSS.

Con un monto así, se podría construir una nueva sede de Ebáis, muy similar a la de Poasito de Alajuela, que mide 290 metros cuadrados y costó ¢488 millones. También es más de lo que se invirtió en la ampliación de la consulta externa del hospital de Alajuela (¢418 millones), de 295 metros cuadrados.

Estas acciones legales ante los siete magistrados constitucionales se han convertido en la vía usual de los asegurados para obtener un adelanto en su atención médica, pues, con la orden de los jueces, los hospitales dan trato prioritario a los pacientes.

Estos procedimientos se conocen como judicialización de la salud: cuando las fallas en la gestión de los servicios hospitalarios presionan a los enfermos a recurrir a instancias judiciales para hacer valer su derecho a la salud, oportuna y de calidad.

Solo en el 2019, la Sala Constitucional resolvió por el fondo 6.782 recursos por asuntos de salud. Equivalen al 26% del total de recursos (25.481) resueltos por los magistrados ese año. En el 2017, el número de recursos llegó a 7.037 (34,5%) del total.

Además de los costos judiciales y de pago de horas extra a sus empleados, la CCSS también debe pagar los derivados de la compra de medicamentos ordenados por la Sala Constitucional. Representan casi una cuarta parte del presupuesto anual para medicamentos.

En el 2017, eso significó $60 millones destinados a unos 4.000 pacientes, principalmente enfermos de cáncer, que reclamaron por la vía judicial fármacos considerados de alto costo.

El médico colombiano Conrado Gómez Vélez, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en una entrevista en marzo del 2018, atribuyó esa tendencia a “problemas en la cobertura y la calidad de los servicios".

“Es muy importante atender adecuadamente las necesidades de las personas. A veces, no se priorizan porque no hay tiempo para estudiarlos o porque son muy costosos, pero en la medida en que podamos hay que hacer esa tarea bien hecha, incluso con participación de la gente”, manifestó Gómez hace dos años.

Un informe de la Auditoría Interna de la Caja, el ASS-134-2019, del 14 de octubre, profundiza en este tema en el caso específico del Hospital San Rafael de Alajuela.

Luego de esa investigación, la Gerencia Médica ordenó un “acompañamiento” de la gestión administrativa y médica a ese centro de salud, donde solo entre enero y junio del 2019 se desperdiciaron 16.000 citas mientras cientos de alajuelenses esperan años para ver al médico y tener una cirugía.

La Auditoría encontró que solo en ese hospital, entre el 2015 y el 2019, se desembolsaron más de ¢189,8 millones en pagos de recursos de amparo generados por la misma causa: afectación de asegurados con largos tiempos de espera; especialmente, en Ortopedia, Urología y Radiología.

Los auditores también detectaron un gran desorden en el manejo de estos trámites a lo interno de ese hospital, con recursos de amparo contestados a destiempo, utilizando breves argumentos técnicos y jurídicos, y con personal que manifiesta no estar capacitado legalmente para confeccionar los informes que piden los magistrados constitucionales.

Ahí, hasta el año pasado, el seguimiento de los recursos se llevaba manualmente en libros de actas. Luis Carlos Rojas Ramírez, oficinista a cargo de su registro en el hospital de Alajuela, reconoció ante los auditores que no se llevaba un archivo para seguir el cumplimiento de la resolución judicial.

“Un ejemplo de ello es que, si llega un recurso de amparo por cambio de cita, a mí me informa el servicio de la cita, pero no sé si al paciente se le valoró o no. Es decir, no hay un seguimiento por servicio de la resolución que dictamina la Sala Constitucional”, admitió Rojas.

La misma carencia la admitió Jonathan Quesada Castillo, de la oficina legal de ese hospital: “No hay registro de seguimiento, únicamente el control que lleva el secretario; propiamente un control de la información del recurso (nombre del recurrente, número de expediente judicial, servicio recurrido)”, manifestó a los auditores.

Los investigadores concluyen que, en el caso del Hospital San Rafael, los fallos en la gestión no solo médica, sino de los recursos de amparo, “exponen a la Caja Costarricense de Seguro Social a ser cuestionada por los usuarios y a enfrentar recursos de amparo, elementos que impactan en el patrimonio e imagen institucional”.

La Auditoría advierte a la Gerencia Médica sobre la necesidad de “establecer las medidas de control con sus grupos técnicos en forma diligente para que en forma efectiva se frenen estas actuaciones, y se garantice en forma eficiente la prestación de los servicios de salud a los pacientes que continúan en la lista de espera”.

Al cierre de edición, tampoco fue posible que la CCSS revelara si, ante lo sucedido en Alajuela, emitió alguna directriz al resto de sus 28 hospitales, más de 1.000 Ebáis y 105 Áreas de Salud, con el fin de prevenir o tratar situaciones similares.

En una reciente rendición de cuentas ante el presidente de la República, Carlos Alvarado, las autoridades de la CCSS atribuyeron a su Plan Nacional de Atención Oportuna a las Personas una reducción en los plazos de espera, que incluso llegaron a calificar como la “más significativa de los últimos años”.

En cirugía, por ejemplo, informaron de que, entre 2014 y 2019 (cinco años) el plazo de espera bajó en 116 días, pasando de 451 a 335 entre ambos años.

Las listas de espera se convirtieron en foco de atención en la Sala IV, el año pasado, con varias audiencias a las autoridades de la CCSS.

Los magistrados, les fijaron en marzo un plazo de seis meses para crear un sistema de gestión integrado para reducir los plazos que los magistrados consideran “desproporcionados e irrazonables", y una “violación sistemática y reiterada al derecho a la salud”.

La última de esas audiencias se hizo el 14 de noviembre. La orden, continúa en ejecución y en espera de un análisis de resultados presentado por la CCSS.