EscucharLa Procuraduría de la Ética Pública (PEP) rechazó una denuncia anónima presentada contra directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por un supuesto conflicto de interés en el que habrían incurrido por la aprobación de un ajuste salarial retroactivo para los 63.000 empleados de la institución.
Dicha entidad consideró “innecesaria e ineficiente su intervención”, pues alegó que el hecho ya está siendo investigado en el Consejo de Gobierno.
La denuncia anónima alega que varios directivos incurrieron en un “quebranto al deber de probidad e imparcialidad”, por haber avalado el ajuste en las remuneraciones, a pesar de que tienen familiares trabajando en la institución que se iban a beneficiar con dicha decisión.
La Nación reveló, en octubre del 2022, que cuatro directivos que tenían parientes laborando en la CCSS aprobaron el incremento salarial. Se trata de:
- José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas, con cinco parientes, incluyendo su hija y cuatro sobrinos.
- Martha Rodríguez González, representante de los sindicatos, con cuatro parientes, incluyendo su hijo, dos hermanas y un hermano.
- Jorge Arturo Hernández Castañeda, representante de los patronos, con dos parientes, ambos sobrinos.
- Carlos Salazar Vargas, representante del Poder Ejecutivo, con una hermana.
Al final, los funcionarios de la institución recibieron un aumento de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial. La decisión, según Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, costará ¢10.000 millones más por año. Esa cifra incluye el crecimiento del salario base más las alteraciones en los pluses.
Además, el pago retroactivo correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 costará ¢29.000 millones,
La PEP archivó el caso, argumentando que “las posibilidades de intervención atribuidas son más limitadas que las que ostenta la Administración, pues la participación queda circunscrita a la realización de la investigación preliminar de los hechos denunciados y a la recomendación de apertura del procedimiento administrativo disciplinario”.
En noviembre pasado, la Contraloría General de la República manifestó que no se iba a pronunciar sobre la legalidad o procedencia del aumento salarial aprobado por CCSS para sus 63.000 trabajadores, ya que “no le corresponde hacer ese tiempo de pronunciamiento”.
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Un mes después, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, señaló a los directivos por incumplimiento de deberes “por haber omitido la valoración actuarial y criterios técnicos que debieron tomarse en cuenta, y la política salarial que se venía siguiendo en la institución”.
La Nación contactó este jueves 26 de enero, a las personas denunciadas por el ciudadano; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta a las consultas.
