Este sábado 31 de julio Olga Jiménez Barrientos debe dejar la casa que alquila en Mozotal de Goicoechea, San José. A estas alturas de la semana, no tiene adónde ir.
Aunque califica para la ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que le permitiría pagar el alquiler, fue informada de que no hay suficiente liquidez para ayudarla.
Jiménez, de 52 años, tiene nueve meses de haber sido trasplantada de hígado, en el Hospital Calderón Guardia.
La difícil situación económica que vivía antes de la pandemia, no hizo más que agudizarse con la nueva crisis y ha dependido de la beneficencia estatal para tener un lugar donde vivir.
Sus condiciones de salud obligan a su esposo, Carlos Reyes, a darle asistencia permanente, sin posibilidad de conseguir una fuente de trabajo fija.
Cuando Jiménez volvió a solicitar la ayuda, cumpliendo con los requisitos, se le informó de que no hay fondos, y debe esperar a que haya liquidez para recibir el subsidio.
“En el caso particular señalado, la persona que realiza la solicitud contará con la ayuda una vez que se tenga el efectivo disponible”, informó el IMAS a La Nación cuando se le consultó sobre Jiménez.
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Según explicó la institución por medio de su oficina de prensa, los programas sociales tienen diferentes fuentes de financiamiento, propias y externas.
“Las primeras fuentes incluyen recursos de Gobierno Central y de Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares). Las fuentes propias incluyen recaudación de la contribución social del 0,5% de las planillas de empleadores privados e instituciones autónomas, el impuesto de moteles y las ventas de tiendas libres.
“En todos los casos, los recursos son presupuestados anualmente y distribuido por regiones y unidades locales, pero el flujo de caja es mensual, y cuando hay recaudaciones adicionales a las presupuestadas quedan sujetas a la aprobación de presupuestos extraordinarios y habilitan la extensión de coberturas”, explicó el IMAS.
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Según el Instituto, la crisis del 2020 y lo que va del 2021, agudizada por la covid-19, disparó la demanda de ayuda. Esa demanda, aclaró, se atenderá “de conformidad con los criterios técnicos de las personas profesionales de cada unidad, y del flujo de esos recursos”.
“El señor que me alquila la casa ha sido una persona muy buena, me ha dado muchas oportunidades, incluso cuando fui trasplantada de hígado.
“Cuando salí operada, hice mis vueltas para que el IMAS me ayudara a pagar lo que tenía atrasado. No lo hacen desde abril. Ahora me dicen que me dan el beneficio familiar, pero me dijeron que no hay liquidez”, confirmó Jiménez.
La mujer debe tres meses de casa lo que equivale a más de ¢300.000. Actualmente, dijo, no tiene certeza de dónde irá a vivir para continuar con la recuperación de la cirugía.