Edificio de $4,5 millones comprado por CCSS para mudanza sigue sin uso

El edificio de $4,5 millones (¢2.810 millones) comprado en julio de 2020 por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mudar a funcionarios de oficinas centrales sigue sin uso y permanecerá así, al menos, hasta febrero de 2022.

La información fue confirmada por Paquita González Haug, ingeniera de la CCSS a cargo del proyecto, el pasado 6 de setiembre.

El inmueble de tres pisos, ubicado en Sabana norte, fue adquirido para trasladar temporalmente a trabajadores de la Gerencia de Logística debido a que las oficinas centrales en avenida central, donde laboran, requieren urgente reforzamiento ante un sismo.

No obstante, la mudanza se convirtió casi en misión imposible, ya que los 3.142 m² de la obra no tienen la distribución requerida, ni disponen de un cableado de telecomunicaciones con capacidad para dar el Internet requerido.

La edificación fue comprada por la Caja con esas características a pesar de que en el cartel de compra se estableció que debía tener “disponibilidad inmediata o en el menor plazo posible”.

Las deficiencias del edificio en materia de telecomunicaciones fueron advertidas desde noviembre de 2018, pero la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías continuó con la compra.

Los trabajos para acondicionar las instalaciones y hacer posible el traslado le costarán a la Seguridad Social ¢1.200 millones, los trabajos están en manos de la constructora Navarro y Avilés.

El jueves 9 de setiembre, un equipo de este diario visitó el inmueble en Sabana norte y observó que las labores de reparación están detenidas.

“En este momento se está a la espera del ingreso de equipos de telecomunicación, y otros componente requeridos para el sistema de protección de incendios solicitados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos”, afirmó González por medio de un correo electrónico.

Mientras finalizan las reparaciones, la CCSS tuvo que repartir a los funcionarios de la Gerencia de Logística en instalaciones alquiladas en el centro de San José.

Por ejemplo, algunos fueron distribuidos en tres pisos del edificio Ebbalar, en San José; los cuales son alquilados desde 2019 por $42.000 (¢26 millones) al mes.

En junio anterior, en una entrevista con La Nación, González indicó que el edificio estaría listo en setiembre de 2021, pero ahora alega retrasos provocados por la pandemia, pues enfrentan inconvenientes para la importación de equipos, materiales y componentes de sistemas.

En esa ocasión, además, defendió la compra de un inmueble que necesitaba intervenciones importantes.

“¿Por qué se decidió adquirirlo a pesar de eso? Se hizo un estudio de mercado, se exploraron más de 60 edificios. Durante el proceso, incluso, hicimos recomendaciones anteriores a ese (edificio), pero como los procesos duran tanto, mientras llegaba a Junta Directiva ya el edificio no estaba disponible.

“(...) No había un edificio hecho a la medida nuestra para que lo fuéramos a comprar, sabíamos que habría una diferencia entre nuestras necesidades y lo que nos ofrecía el mercado”, dijo la funcionaria para justificar la compra.

La amplia búsqueda descrita por González no aparece en el expediente de la compra.

Lo único que aparece en el archivo son cinco páginas con una tabla que se limita a indicar el nombre de los inmuebles, el área y una breve explicación de la razón para descartarlos. La mayoría fueron relegados sin una visita de valoración.

[ CCSS pagó $4,5 millones por edificio que no puede usar ]

¿A quién se le compró?

De acuerdo con el expediente, el edificio –conocido como Océano– le pertenecía a Corporación Andina de Inversiones S. A, pero estaba desocupado desde 2016. Antes de ese año fue alquilado a una empresa dedicada a impresiones editoriales y una academia de idiomas.

Corporación Andina de Inversiones S. A era representada en Costa Rica por el mexicano José María González Saravia.

La búsqueda de la CCSS para mover sus trabajadores se inició en mayo de 2017, cuando publicó en un diario su intención de comprar un edificio en la capital.

Entre las condiciones expuestas estaba que la edificación debía ubicarse a no más de 5 kilómetros de las oficinas centrales de la CCSS, cercanía con rutas de transporte público, contar con “condiciones de conectividad y tecnología” y “disponibilidad inmediata o en el menor plazo posible”.

En esos últimos dos puntos no cumple el inmueble seleccionado.

Así consta en el informe de valoración técnica, firmado por los ingenieros Javier Castro Gutiérrez y Jesús Arce Campos y el arquitecto Randall Chaves Araya, el 22 de noviembre de 2018.

Advertencia

En mayo de 2019, 14 meses antes de que la CCSS comprara el edificio Océano, la Auditoría Interna advirtió de un sobreprecio en el avalúo de ese inmueble. Sin embargo, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías desechó las observaciones y continuó con la adquisición.

Según la Auditoría Interna, el perito de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías que fijó el valor de Océano no se apegó a las tipologías del Manual de Valores del Ministerio de Hacienda y tasó el precio del m² para el sótano ¢525.000 por encima de lo debido.

Así consta en el informe AD–ASAAI-1277-2019, firmado el 20 de mayo del 2019 por Ólger Sánchez Carrillo, auditor Interno de la CCSS.

En el documento, los auditores previenen que José Joaquín León, funcionario a cargo de la valuación, utilizó una tipología errónea para determinar el monto a pagar por los 881 m² del sótano para estacionamientos.

Detallan que se basó en la tipología EO06 (¢775.000 por m²) y no en la EP02 (¢250.000 por m²).

La tipología de ¢775.000 por m² se aplica a estructuras con columnas y vigas de concreto, dos baterías de baños por piso, amplios ventanales, pisos de cerámica o alfombras, dos ascensores, tanques de almacenamiento de agua potable y muy buenos acabados, entre otros.

La segunda, de ¢250.000 por m², se asigna a sótanos de una o varias plantas para uso exclusivo de parqueos, columnas y vigas de concreto, rampas, escaleras o ascensores y pisos de concreto, entre otros.

En la actualidad, la Auditoría Interna de la CCSS mantiene un análisis del proceso para determinar si corresponde la apertura de procedimientos disciplinarios o la presentación de denuncias penales por aparente corrupción.