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Por segunda vez, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) intervinieron la oficina de abogados encargada de investigar presuntas faltas cometidas por funcionarios para luego recomendar sanciones que pueden ser amonestaciones, suspensiones sin goce de salario o despidos sin responsabilidad patronal.
Se trata del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), cuya dirección estuvo a cargo del abogado Mario Cajina hasta el pasado 29 de marzo. Fue en esa fecha, en la que el nuevo gerente administrativo, Luis Fernando Campos, decidió separar a Cajina para revisar procesos, mecanismos de trabajo y clima laboral de esa dependencia.
“Es una separación por cuatro meses, es para un trabajo, una investigación particular que haré yo desde la Gerencia Administrativa. En este momento la separación (de Cajina) no implica un procedimiento administrativo en su contra, es la etapa inicial. Él continúa trabajando, pero en otro puesto, en otro lado, lo que hicimos fue sustituir la jefatura del CIPA. Vamos a revisar procesos, temas de clima laboral, organización y también los tiempos de ejecución de cada procedimiento administrativo”, declaró Campos, quien asumió su cargo en febrero anterior.
Uno de los cuestionamientos frecuentes ha sido la tardanza en la resolución de los procedimientos. y la acumulación de casos. Según datos institucionales, desde 2016 la cantidad de expedientes disciplinarios activos en el CIPA viene en aumento. En ese año, la cifra era de 126 y el año pasado llegó a 333.
Caso de las mascarillas
Es la segunda vez que las autoridades de la Caja separan a Cajina de su puesto en los últimos 14 meses. En febrero de 2021 fue movilizado por la lentitud de las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en la contratación de 12 millones de mascarillas por $4 millones de mascarillas a dos proveedores inexpertos, la adquisición de tapabocas de uso no médico y la compra de cubrebocas quirúrgicos a una chatarrera.
Un reportaje de La Nación reveló que, a pesar de que las investigaciones sobre esos casos fueron ordenadas desde agosto de 2020, el CIPA decidió realizar las audiencias orales hasta que cesaran las medidas de restricción de contacto y tránsito por la pandemia de covid-19. Esa determinación fue cuestionada por la Auditoría Interna de la Caja en febrero de 2021, pues impedía avanzar con las pesquisas y la imposición de eventuales sanciones.
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Cajina expresó que no existen razones para separarlo de su cargo y se quejó de supuesto acoso laboral.
“Él (gerente administrativo) se basa en los benditos tres procedimientos que ya habían generado la intervención anterior, en febrero de 2021, los cuales no están en manos del CIPA desde entonces, porque la Junta Directiva nos los quitó. Entonces, no veo qué transparencia va a lograr con que yo esté o no esté en un lugar en el que no están desarrollándose los procedimientos administrativos mencionados, es algo contradictorio”, dijo Cajina.
La primera intervención del CIPA mantuvo a Cajina en otras funciones durante dos meses. Luego fue reincorporado. Hasta ahora la CCSS no ha revelado los resultados de esa primera intervención.
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Desde el 29 de marzo, Cajina fue asignado a la Dirección de Red Integrada de la Prestación de Servicios de Salud Central Norte, en Santo Domingo de Heredia.
“Allí me dijeron que me iban a dar funciones de un abogado raso, de un profesional tres, para una persona que gana ¢4 millones por mes. Por supuesto que dije que no estaba de acuerdo, que no las voy a asumir, porque la medida cautelar dice que me tienen que asignar funciones afines a mi puesto, mi puesto es de director, no es que me van a poner a barrer el piso, con todo el respeto, no tengo nada contra los misceláneos”, concluyó Cajina.
El funcionario también informó que presentará, en las próximas horas, un recurso de amparo para que se respeten sus derechos laborales.
Cajina alegó además que el año pasado tuvieron el mejor rendimiento de los últimos años y lograron concluir 257 de los 280 expedientes que ingresaron entre enero de 2021 y diciembre de 2021.
Entretanto, sobre el caso de la compra de las mascarillas que fue sacada del CIPA, tampoco ha avanzado en manos de otro grupo de abogados. Esa investigación comenzó en agosto de 2020 y desde entonces hay dos funcionarios suspendidos con goce de salario. Un tercero, ya renunció.
