Salud

Caja aplica rebaja salarial de hasta ¢142.000 por día a 1.150 huelguistas

Por el contrario, MEP evitó deducciones a trabajadores amparado en acción ante Sala IV que no cuestionaba sanción.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicó por primera vez la nueva ley sobre huelgas, vigente desde enero de 2020, con el rebajo de ¢29,3 millones a 1.152 trabajadores que participaron en tres huelgas contra el proyecto de ley para regular el empleo público durante el 2021.

La entidad confirmó las deducciones el viernes, luego de una consulta enviada por La Nación el 26 de octubre de 2021. Según los registros oficiales, la Caja recuperó ¢3,8 millones pagados a 113 trabajadores que se sumaron a la protesta del 7 de julio; ¢6,3 millones a los 232 huelguistas del 14 de julio y ¢19,2 a los 807 que se lanzaron a las calles el 19 de agosto. Algunos funcionarios recibieron disminuciones de hasta ¢142.000 por un solo día no trabajado.

De acuerdo con los reportes de la CCSS, las tres huelgas provocaron la suspensión de más de 70 cirugías, paralizaron quirófanos, servicios de lavandería, nutrición, limpieza y laboratorios. Por ejemplo, el 14 de julio, trabajadores del Laboratorio de Soluciones Parenterales pararon la producción del suero necesario para la vacunación de personas contra la covid-19.

Es la primera vez que la institución aplica deducciones salariales a huelguistas con la Ley Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos. Esa normativa prohíbe las huelgas en servicios públicos esenciales y ordena gestionar, de manera inmediata, el rebajo salarial por las horas no trabajadas. Antes de esa reforma, para ejecutar rebajos los patronos debían pasar por largos procesos judiciales para conseguir la declaratoria de ilegalidad del movimiento.

Contrario al actuar de la CCSS, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no ejecutó reducciones salariales a sus trabajadores en huelga. El MEP había manifestado, el año anterior, que en la primera quincena de junio rebajaría sueldos a más de 1.600 educadores que se sumaron a protestas en mayo, pero al final congeló la medida basado en un criterio legal que indica que la Sala Constitucional acogió para estudio una acción contra Ley Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos.

No obstante, la acción de inconstitucionalidad mencionada por el MEP no objeta los párrafos relacionados con las deducciones salariales.

“La acción de inconstitucional suspende el acto como medida cautelar, según la ley de la jurisdicción constitucional”, declaró Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP.

En 2018, los educadores paralizaron el curso lectivo al protagonizar una huelga de cuatro meses contra la reforma fiscal. En esa oportunidad, varios docentes lograron hasta salir de viaje aprovechando el estado de huelga.

De los 113 huelguistas del 7 de julio en la CCSS, 14 corresponden al Hospital Nacional de Niños, 58 al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y 41 Laboratorio de Soluciones Parenterales. En total, ese día, la CCSS rebajó ¢3,8 millones. Las deducciones más altas fueron para dos funcionarias del Calderón Guardia, de apellidos Guevara Gonzaga y Mendoza Méndez. Cada una recibió reducción de ¢70.000 por un día de trabajo.

De los 232 manifestantes del 14 de julio, cinco corresponden al Área de Salud Catedral, 11 al Área de Salud Catedral Noreste, 23 al Hospital Nacional de Niños, 152 al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, 40 al Laboratorio de Soluciones Parenterales y uno al Centro de Docencia e Investigación. Esa fecha se descontaron ¢6,3 millones. Guevara Gonzaga y Mendoza Méndez repitieron con los rebajos más altos: ¢70.000 cada una.

De los 807 trabajadores en huelga el 19 de agosto, 138 eran de diferentes áreas de salud de la Gran Área Metropolitana, 583 de nueve hospitales públicos, 17 de la Sucursal de Seguro Social de Guadalupe, 38 de laboratorio y 31 del Centro Nacional de Rehabilitación. Ese día se rebajaron ¢19,2 millones, la deducción más importante fue de ¢142.000 para una funcionaria del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva de apellidos Hutchinson Miller.

Otra trabajadora de ese centro médico, de apellidos Salazar Padilla, vio su salario reducido en ¢97.600 por unirse a la huelga del 19 de agosto. Otros casos que llaman la atención son la disminución de ¢94.000 a un funcionario, de apellidos Soto Solís, del Área de Salud Tibás-Merced-La Uruca y ¢82.200 a una empleada del Calderón Guardia por no laborar ese día debido a la protesta.

Esa misma jornada, 39 trabajadores encararon reducciones que oscilan entre ¢50.000 y ¢80.000.

La Nación solicitó a la CCSS las certificaciones de los rebajos y las fechas en que se ejecutaron los mismos, pero esa información aún no ha sido remitida. La entidad se limitó a entregar cuadros de Excel en los que contabilizó el monto rebajado para cada trabajador y el lugar de trabajo.

Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional y uno de los impulsores de esa reforma, celebró que la Caja aplique la normativa vigente, pues con ella se protege la vida y salud de los usuarios de los servicios médicos.

“Me alegra mucho que esa ley comience a dar resultados y especialmente que una institución tan relevante para este país, como lo es la Caja, comience a aplicarla de manera precisa. Se trata de una de las entidades emblemáticas y la inmensa mayoría de sus funcionarios no pueden ir a huelga por tratarse de servicios esenciales. Los servicios hospitalarios y otros son servicios de los que depende la vida y la salud de la gente. Por esa razón la huelga no puede admitirse allí y así fue como se estableció en la legislación, de acuerdo con los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo”, declaró el legislador.

El año pasado, Benavides cuestionó a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, porque durante las huelgas del 7 y 14 de julio no se cumplió con lo fijado por la ley, pues en ambos casos la entidad contabilizó a los huelguistas y envió comunicados de prensa sobre la interrupción de labores, pero omitió solicitarles a jueces de trabajo que ordenaran la reincorporación de los funcionarios a sus tareas ante los Juzgados de Trabajo.

“No hubo un ejercicio de solicitud ante la jurisdicción laboral, tendiente a procurar una orden de reincorporación a labores de los funcionarios partícipes de los movimientos de los días 7 y 14 de julio, conforme corresponde a la norma vigente”, reconoció Macaya en el oficio PE-2754-2021.

Benavides afirmó, al respecto: “Lamento mucho que en las dos primeras huelgas no se haya dado una supervisión con el celo suficiente como para hacer cumplir la ley, pero la buena noticia es, justamente, que ya ha habido una aplicación acertada y vamos en camino de tener instituciones preparadas para no admitir, de ninguna manera, huelgas en servicios esenciales, que era y sigue siendo el foco principal de la ley para regular los abusos en las huelgas”.

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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