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Qué ropa ponerse, qué desayunar o a qué hora irse a dormir son decisiones que, aunque simples, son muestra de independencia.
De esa independencia han carecido al menos 30 personas que llevan la mitad de su vida internadas en el Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, en La Unión, Cartago.
Fueron abandonados por sus familiares, en un acto de ignorancia o desesperación, por no tener capacidad de brindarles calidad de vida.
Se trata de ciudadanos que no deberían estar recluidos, pero que por falta de recursos y lentitud de procesos siguen institucionalizados bajo un modelo de atención que los vuelve cada vez más dependientes.
Uno de los casos más extremos es el de Rodolfo, un paciente de 62 años que ingresó cuando tenía 9. Lleva más de 50 años en el Chacón Paut.
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Carolina Montoya, directora del centro médico, reconoció que todos estos pacientes ocupan una cama hospitalaria por una condición de salud que ya no amerita un internamiento.
“Están estables de su enfermedad mental, entonces no hay criterio para que permanezcan hospitalizadas”, afirmó la funcionaria.
Para ella, nadie debería vivir en un hospital, pero ellos lo hacen.
Todos los días, todo el día, visten con ropa de hospital. Comen a la hora y lo que el hospital establece y tienen muy pocas opciones de entretenimiento.
“Son adultos, no adultos mayores, sino adultos menores de 65 años. Tienen largos periodos de hospitalización debido a que tienen una enfermedad mental que asocia una discapacidad, eso quiere decir que su enfermedad mental les hizo perder habilidades y destrezas.
“Este grupo de 31 personas ocupa lo que nosotros llamamos ayudas técnicas o acompañamientos, que significa que ya no solo ocupan la pastilla para su enfermedad, sino también suplementos alimenticios, pañales, ayuda para bañarse, vestirse, darles la alimentación.
“La mayoría con familias no localizables y los pocos que tienen familia, son familias de escasos recursos, generalmente formadas por adultos mayores, que ya legalmente no tienen la condición para poder asumirlos en su núcleo familiar. De esos 31 que nos quedan, creo que solo seis reciben visitas, el resto no”, relató Montoya.
Para la directora, estos pacientes continúan en el Chacón Paut porque requieren mayor cantidad de apoyos, ya que tienen un alto grado de discapacidad psicosocial.
Su reubicación, señala, debe darse mediante un proceso “paulatino”, en el que deben cooperar el Consejo Nacional de la Persona Adulta mayor (Conapam) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
“Tienen su arraigo acá, que aunque no deberían vivir aquí en garantía de sus derechos, pues lo han hecho en los últimos años entonces nadie puede pensar que yo los saco de aquí y los llevo a vivir a otra casa de un día para otro.
“Ha sido todo un proceso que ha requerido acercamientos continuos y capacitación del lugar adonde se van a ir. Todo eso está hecho, quien nos marca la pauta de qué día se van es Conapdis, que es el que da los recursos para que las personas puedan vivir en ese otro entorno”, subrayó la jerarca.
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Sin fecha de salida
Aunque las reglas parecen muy claras, ese proceso “paulatino” de reubicación se ha vuelto eterno para estas personas, al punto de que aún no hay una fecha concreta para su salida del hospital.
Preocupado por esa tardanza, el abogado Dewin Brenes Fernández presentó un recurso de amparo contra la directora del Chacón Paut y el director del Conapdis, para intentar agilizar el procedimiento de traslado.
El pasado 1.° de setiembre la Sala Constitucional acogió el recurso para estudio. Se tramita bajo el expediente 21-017092-0007-CO.
“Son 36 costarricenses (él habla de cinco más), seres humanos que están recluidos por años en el hospital Roberto Chacón Paut y se han mantenido ahí por la inercia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad.
“Su estancia prolongada en ese centro de salud no es necesaria, ya que su proceso de rehabilitación por el que en su momento fueron ingresados se logró estabilizar, lo cual permite que sean ubicadas en alternativas residenciales de las que existen gran variedad en nuestro país”, afirmó Brenes.
Para el abogado, al mantener a esos ciudadanos allí violenta su dignidad como personas, ya que deberían estar en un ambiente apto en el que puedan reinsertarse a la sociedad.
“El que no exista a estas alturas y después de tantos años un plan remedial, lo que nos demuestra es la clara violación que ha estado incurriendo el Estado y el Conapdis en los derechos fundamentales de estos ciudadanos.
“Como sociedad no podemos aceptar que una persona sana pase tantos años recluida en un hospital. Fueron abandonados por sus familiares y hoy no pueden ser desamparados por el Estado, porque ellos también son hijos de esta patria”, destacó el litigante.
Según Brenes, su fin principal es que se fije el plazo para el traslado.
Seis meses más
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Francisco Azofeifa, aseguró que estas personas serán trasladadas en los próximos seis meses.
Ante consultas de La Nación, respondió que estos movimientos se han atrasado por falta de recursos, pero que en el nuevo presupuesto extraordinario se incluyeron ¢1.000 millones para atender la situación.
Sin embargo, comentó que primero se debe hacer todo un estudio de las características de cada uno de los pacientes, así como de sus necesidades, para poderlos reubicar.
“Para esas personas que tienen tantísimos años de estar en una institución, puede ser un choque social muy fuerte que simplemente se les reubique, así de la noche a la mañana, sin un proceso adecuado de socialización”, agregó.
Azofeifa indicó que han considerado distintas alternativas residenciales para los traslados, entre las que figuran hogares grupales que son atendidos por organizaciones y familias solidarias.
En estos casos, el Conapdis le brinda a cada paciente un subsidio mensual de entre ¢250.000 y ¢500.000, para que puedan costear sus necesidades.
“Se maneja a través de un subsidio que se le entrega directamente a la persona para que compre un servicio residencial, y si la persona no tiene capacidad de autoadministración, pues se le entrega a un tercero para que administre este subsidio pensando siempre en las necesidades de la persona”, explicó.
El director reclamó que siempre tienen que buscar dinero para atender estas obligaciones, ya que la institución no cuenta con suficientes recursos para estas partidas.
“A Conapdis, con este programa de atención para personas en condición de pobreza, abandono y riesgo, nunca le sobra un cinco. Podrá haber superávit en algún área de inversión pública por las limitaciones que hay, pero en lo que es programas de atención directa, siempre falta dinero porque hay muchísimas necesidades y hay poco movimiento en el programa”, alegó el funcionario.
‘En una buena condición’
La directora del Chacón Paut indicó que, por el momento, estos pacientes reciben la mejor atención que podrían recibir en un hospital, a pesar de que no deberían estar aquí.
“Se encuentran en una buena condición porque tienen garantizada atención, techo y comida, pero todo mundo debería vivir en un casa, donde tenga libertad de tránsito, de acostarse a la hora que quiera, de ponerse la ropa que quiera, tener un riesgo disminuido de algunas enfermedades que en un hospital tiene.
“Por ejemplo, en Psiquiatría la incidencia de enfermedades mentales es muy alta, sin embargo no todas las personas deprimidas, ansiosas o con esquizofrenia van internadas, la mayoría están en su casa. Se internan cuando tienen una descompensación aguda de esa enfermedad mental, que la mayoría son crónicas”, indicó.
En 2018, el Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas, logró cerrar el asilo que funcionó por 127 años y que albergó a centenares de pacientes mentales abandonados, para quienes el centro médico se convirtió en su hogar.
