Salud

1.000 enfermos con cáncer y dolor crónico se quedan sin tratamiento por lío entre CCSS y asociaciones

Cinco organizaciones privadas que atienden a estos pacientes no han recibido más de ¢135 millones de JPS este año por falta de convenio con CCSS

Francisco Guillén Calderón permanece al margen del lío administrativo que mantiene sin fondos a la asociación de cuidados paliativos donde ha recibido ayuda desde hace varios años.

Solo sabe que se quedará sin las inyecciones de metadona este domingo. Se le acabaron. Ese medicamento le permite bajar el intenso dolor que sufre desde hace 14 años, cuando fue operado por un cáncer renal.

Su esposa y cuidadora, María Eugenia Díaz, no esconde la angustia que esto le produce.

Según contó, no hay nadie que le haga la receta desde que la Asociación de Enfermedades Terminales Caminemos Juntos (Ascaju) –que ha ayudado a gran parte de los enfermos de Cartago–, tuvo que recortar personal y fondos.

Ahí era donde le hacían la receta a Francisco.

“Nadie me ha ayudado. Fui a cuidados paliativos del Hospital Max Peralta pero le dieron la cita para el 18 de enero del 2018. ¡Cómo le hacen esto a un paciente que lleva siete años usando este medicamento!

“Mi esposo se curó del cáncer, pero está peor que si lo tuviera por el dolor que le quedó. Tiene 14 años de sufrir, de estar muerto en vida, pero en esta tierra. Y pasa esto en este preciso momento…”, comentó Díaz.

Guillén es uno de los 150 enfermos con cáncer y con dolor crónico atendidos en Ascaju. Esta asociación funciona en Cartago desde hace 25 años. La gente la llama ‘la clínica’.

Casi todos son pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a quienes se les suministra suplementos nutricionales, camas, sillas de ruedas y hasta diarios con comida porque gran parte de estos enfermos son de escasos recursos.

Víctor Cisneros, vocero de Ascaju, confirmó que en todo el año no han recibido ni un solo cinco de los fondos que antes les trasladaba la Junta de Protección Social de San José (JPS). Ellos esperaban recibir unos ¢35 millones en el 2017.

Esta es una de las cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) que no han logrado que la JPS les traslade el 50% de la utilidad neta de la lotería instantánea, como corresponde por ley.

Según la asesoría jurídica y el departamento de Gestión Social de laJunta, el artículo 13 de la ley 8718 obliga a entregar esos recursos alas fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control deldolor que apoyan a las unidades similares acreditadas ante el Ministeriode Salud.

Sin embargo, un oficio enviado por la CCSS a la JPS, el 24 de diciembre del 2015, consideró que seis asociaciones operan de forma paralela e independiente a esta institución, por lo que no justifica el giro de recursos. Así lo dijo Isaías Salas Herrera, director del Centro Nacional del Control del Dolor de la Caja.

”(...) dicho de otro modo, no apoyan a ninguna de las unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud, lo que significa que no cumplen los requisitos legales para el giro de recursos”, sostiene la respuesta de la JPS enviada a La Nación. Por eso, según la Junta, no hay plata.

Se trata, según la JPS, de las siguientes organizaciones: Asociaciónpara la Atención Integral del Paciente con Cáncer Terminal o Sida;Fundación Cuidados Paliativos Belén; Asociación Clínica de CuidadosPaliativos de Barva; Asociación de Atención del Paciente deEnfermedades Terminales Caminemos Juntos; y la Asociación Unidad deCuidados Paliativos y Centro Diurno San Isidro de Heredia.

A esas cinco no se les han girado más de ¢135 millones, informó la JPS.

Hay otras 29 que sí llenan los requisitos y reciben los fondos.

El requisito que está poniendo la JPS es suscribir un convenio con la CCSS.

La mañana de este viernes, Francisco Guillén dormitaba un poco, en su casa de Taras, en Cartago, ajeno a todo este lío que le afecta su calidad de vida.

Antes del cáncer, trabajó 27 años como técnico en electricidad de una planta de cemento en esa provincia.

Tenía una vida activa que se complicó con la enfermedad.

Con María Eugenia tuvo nueve hijos. Cinco aún viven con ellos. A todos los mantiene con su pensión de invalidez, de la Caja.

Por eso, resulta casi vital el apoyo de Ascaju.

“La atención es excelente, una atención que en ningún sitio se la han dado a mí. Hemos tenido dificultades en la clínica del Calderón Guardia y en la del Max Peralta”, se quejó Diaz.

Carlos Acuña Aguilar, presidente de la Federación Costarricense de Cuidado Paliativo, dice que son más las agrupaciones ‘con fondos retenidos’.

Según sus cálculos, son ocho; entre las cuales se podría estar atendiendo a unos 1.000 pacientes.

Acuña afirma que esta es una lucha de “tigre suelto contra burro amarrado”, pues la CCSS pretende firmar un convenio que les asegure el uso libre de instalaciones que han conseguido organizaciones civiles y solo poner personal y medicamentos.

“Equipos, servicios públicos, sueldo del chofer, póliza de carros, personal administrativo, instalaciones... todo corre por cuenta de nosotros. Hemos querido sentarnos a firmar un convenio más equitativo, pero no se ha podido”, afirmó Acuña desde Bolivia, donde se encuentra en un congreso latinoamericano de Cuidado Paliativo.

La Federación reúne a diez asociaciones. Un 99% de los pacientes que ven son de la CCSS. El otro 1% corresponde a personas en estado de indigencia pero que requieren cuidados para enfermedades terminales y dolor.

La Nación intentó conversar sobreeste tema con alguna autoridad de la CCSS, pero no fue posible contactara algún vocero al cierre de esta nota.

Vía WhatsApp, Isaías Salas Herrera confirmó la versión de la JPS.

” (...) como señala el reglamento de la JPS, deben apoyar a una clínica del dolor y cuidados paliativos y no deben dar consulta profesional porque eso es responsabilidad de la Caja.

“Solo existen 5 asociaciones que actúan sin directriz ni control de la CCSS solicitando todos los medicamentos opiáceos y sin tener control adecuado sobre los mismos. Pero, por otro lado, existen 35 que trabajan a lado de una clínica del dolor y cuidado paliativo y se ajustan al reglamento de la JPS”, mencionó Salas.

Francisco Guillén, aunque es asegurado de la Caja, no está entre los beneficiarios de esas 35 mencionadas por Salas.

La única que él conoce y que le ha tendido la mano durante los últimos años, ha sido Ascaju, en Cartago.

¿Qué pasará hoy, cuando se ponga la última inyección de metadona?

La respuesta de la Caja, por ahora, se la darán en la cita que le programaron para ver su caso el 18 de enero del 2018.



Ángela Ávalos

Ángela Ávalos

Periodista de Salud. Máster en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especializada en temas de salud.

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