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El atraso en la apertura del nuevo hospital geriátrico generó reacciones adversas de la Defensoría de los Habitantes, la población civil y de la misma presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, quien en la sesión de Junta Directiva del 3 de marzo afirmó que ella no puede “aceptar esos plazos”.
En dicha sesión, el equipo encargado de las obras indicó que el centro médico entraría en funcionamiento hasta el 2038, a pesar de que en febrero del 2025 se indicó que estaría listo en el 2032.
Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura de la CCSS, explicó a la Junta Directiva que el plan se atrasó porque el proceso de expropiaciones resultó más complejo de lo que se había proyectado, y que depende de factores externos a la institución.
Detalló que se dieron cuenta de lo que implicaban las expropiaciones hasta el año anterior, cuando los directivos acordaron de interés institucional los 16 terrenos ubicados en un área aledaña al actual hospital Blanco Cervantes.
“Cuando nosotros fuimos a notificar no teniamos conocimientos de la capacidad de expedientes que se generaron”, dijo el gerente.
“Cuando nosotros presentamos ese proceso de expropiación estábamos con que eran 16 propiedades, pero una vez que nosotros entramos a ver empiezan a salir comercios, a salir alquileres, varios dueños de las propiedades, entonces se van ampliando la cantidad de procedimientos a desarrollar”, agregó.
De esta forma, aunque son solo 16 terrenos por expropiar, los múltiples dueños y las actividades que se desarrollan en los mismos llevó a que las expropiaciones se dividieran en 49 expedientes distintos, uno por cada propietario registral y por cada actividad comercial involucrada.
Cada dueño involucrado recibirá el avalúo del terreno, que según Granados se podrían entregar este mismo mes. Si aceptan el monto, podrían recibir el dinero dentro de cuatro a seis meses, pero si lo niegan, la CCSS abriría un proceso de expropiación judicial.
Preliminarmente, los terrenos quedarían expropiados en marzo del 2030 y la construcción iniciaría en el 2031. Sin embargo, según Granados, la gran cantidad de expedientes provoca que incluso los plazos expuestos a la Junta Directiva sean inciertos.
En el escenario más optimista (e improbable), todos los propietarios aceptan el avalúo y las expropiaciones quedan listas a fin de este 2026. Sin embargo, si varios casos llegan a la vía judicial, los plazos podrían extenderse indefinidamente.
Vianey Hernández, representante de los trabajadores, planteó la posibilidad de que el hospital se construya en otra parte, pero Granados explicó que la ubicación actual en San José es la más conveniente para los adultos mayores, que en su mayoría deben llegar por sus propios medios, al ser céntrica y estar más cerca de los servicios de bus.
La Junta Directiva acordó que en tres meses el equipo responsable del proyecto debe presentar un nuevo informe de avance.
Llamados a apurarse
Este jueves, la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (Apronage), hizo un llamado a la CCSS a acelerar los trámites de estas obras.
“Costa Rica está envejeciendo aceleradamente y debemos prepararnos con la infraestructura adecuada para atender esa realidad. Contar con un nuevo hospital geriátrico no es un lujo, es una necesidad país para garantizar una atención digna, oportuna y especializada a nuestra población adulta mayor”, señaló la Marielos Solís Umaña, presidenta de la Junta Directiva de Apronage.
La organización citó proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que indican el grupo de personas mayores de 65 años es el que crece con mayor rapidez en Costa Rica. Mientras que en 2024 representaban 11 de cada 100 personas, para el año 2050 se estima que esa proporción alcanzará 25 de cada 100 habitantes.
Asimismo, la Defensoría de los Habitantes calificó como “grave e inaceptable” que la apertura del hospital fuese atrasada seis años.
“Cada día que se retrasa una obra de gran importancia para garantizar mejores condiciones de vida a la población adulta mayor es un tiempo irrecuperable desde el punto de vista de salud pública”, declaró el viernes el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.
