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Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), empresa propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), participa como proveedor de otras instituciones públicas en contratos que requieren de un sistema informático, o bien, de tercerizar la atención de un servicio tecnológico. Para ello, se ha asociado con empresas privadas.
Tal es el caso del consorcio que integró con dos compañías brasileñas para brindar al Ministerio de Justicia el servicio de tobilleras electrónicas con el que se monitorea a cientos de sentenciados en el país.
Entra otras entidades, Radiográfica también le provee servicios al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al Ministerio de Hacienda, en alianza con las empresas GET Group y Samsung SDS, respectivamente.
Para escoger a sus aliados, Racsa dispone de un reglamento interno, aprobado por su Junta Directiva, el cual detalla los criterios.
A diferencia de una licitación que puede ser apelada ante la Contraloría General de la República (CGR), Racsa opera con normas propias. El motor de esta dinámica es un registro cerrado de empresas —llamado Registro Electrónico de Socios— donde solo pueden competir quienes se inscriban de previo ante Racsa y superen una evaluación interna de capacidad técnica, financiera y jurídica.
La inscripción, válida por tres años, exige presentar estados financieros auditados y una serie de declaraciones juradas, entre ellas de que la empresa no arrastra sanciones ni inhabilitaciones para contratar con el Estado.
El artículo 9 de este reglamento exige declarar si el candidato tiene procedimientos administrativos o judiciales pendientes con empresas del Estado, pero deja a discreción de Racsa incorporarlo, “dado que la relación de socios se basa en una relación de confianza”.
Según el reglamento, ante una oportunidad de negocio, Racsa no publica un cartel ni convoca al mercado de potenciales oferentes: invita solo a las empresas en su registro.
Luego, un equipo interno analiza las propuestas técnicas, comerciales y financieras, y luego elige a la que ofrezca los mayores beneficios en ese caso de negocio.
Si la oportunidad de negocio la trajo originalmente una empresa privada (fue esa compañía la que tocó la puerta de Racsa con la idea), esa compañía recibe 15% del puntaje en la evaluación de propuestas.
Todo esto se detalla en el Reglamento de Asociaciones Empresariales y Otras Formas de Hacer Negocios de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, publicado en el diario oficial La Gaceta, en julio del 2020, y vigente desde entonces, según consta en el sitio de transparencia de Racsa.
El texto dice que las reglas quedan excluidas de procedimientos y normativa de contratación administrativa, aunque aclara que sí se aplican los principios que rigen esa materia, como la transparencia o la igualdad de trato entre oferentes.
En asocio con privados
La huella de estos socios privados es visible en proyectos de alto impacto a nivel nacional.
Por ejemplo, cuando el Ministerio de Justicia y Paz delegó en Racsa la provisión y el monitoreo de las tobilleras electrónicas para privados de libertad en el 2024. La empresa estatal ejecutó el proyecto asociándose con dos compañías brasileñas privadas: Servicios de Gestión en Seguridad Vial (SGSV) y Synergye.
Un esquema similar ocurrió con el TSE para el desarrollo de la nueva cédula digital, donde Racsa asumió el contrato operando dentro del “Consorcio Identidad del Futuro”, conformado junto a firmas tecnológicas del sector privado.
Esta misma dinámica se repitió en la provisión de sistemas informáticos. Un caso es el del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), entidad que acudió a la excepción legal para contratarle a Racsa la implementación de un sistema financiero y tributario (ERP).
Para brindar este servicio, la subsidiaria del ICE firmó un acuerdo de asociación con la compañía privada SOIN Soluciones Integrales S. A., apoyándose en ella para la prestación del software.
En esa misma institución, Racsa utilizó a la empresa Serviarchivo S. A. como su aliada para ejecutar otro contrato directo de gestión documental y almacenamiento físico.
Ley permite alianzas estratégicas
El fundamento legal de esa facultad lo detalla la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley N.° 8660 del 2008), que autorizó al ICE y a sus empresas a suscribir alianzas estratégicas y otras formas de asociación con entes públicos o privados, dentro y fuera del país, dejando en manos de un reglamento posterior los detalles operativos.
El reglamento de Racsa desarrolla esa habilitación legal y, a partir de ella, distingue varias figuras bajo las cuales la subsidiaria del ICE se enlaza con empresas privadas.
La más amplia es la alianza estratégica, que admite crear una sociedad conjunta (joint venture) con un socio o, más simplificado, firmar un acuerdo contractual sin constituir una nueva empresa.
Con esa figura conviven los acuerdos comerciales —pactos simples para vender productos o servicios en conjunto—, los acuerdos de servicios administrados —donde el socio complementa lo que Racsa ofrece a un cliente final— y los acuerdos para soluciones de ciudades inteligentes, orientados a redes y videovigilancia.
Cuestionamientos de la Contraloría
La Contraloría ha cuestionado este tipo de alianzas en el pasado bajo el argumento de que evaden los procesos ordinarios de licitación pública y los principios de libre competencia e igualdad, pues se permite a empresas privadas adjudicarse negocios en alianza con Racsa sin competencia real.
En mayo del 2025, la Contraloría ordenó a nueve instituciones contratantes “ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos” con Racsa e implementar las acciones para recuperar los montos. Entre esas entidades, había ministerios, municipalidades y la propia Asamblea Legislativa.
De acuerdo con la CGR, Racsa utilizó la figura de asociación empresarial con empresas privadas para proveer servicios a instituciones, pese a que la ley posibilita estos contratos directos únicamente si la institución contratada (en este caso, Racsa) puede hacer el trabajo por sí misma dentro de su marco de competencia y normativo.
