EscucharLa Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) pidieron a los diputados resellar el proyecto para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea (UE), el cual fue vetado parcialmente por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En sendos comunicados, las organizaciones empresariales se manifestaron en contra de la contrapropuesta hecha por el mandatario y solicitaron al Congreso buscar los 38 votos necesarios para resellar la iniciativa avalada el 7 de setiembre en segundo debate.
“La modificación planteada por el veto no solo compromete la exclusión de la lista negra, sino que también pone en peligro la confianza de las empresas con planes de invertir en Costa Rica, al generar un ambiente de inseguridad jurídica. Esto último compromete los planes país de inversión planteados para los próximos cuatro años”, indicó Azofras.
De forma similar se expresó la Uccaep al señalar que de reformarse el expediente según lo solicita el Poder Ejecutivo, el país se vería expuesto a mantenerse en la lista negra, con la consecuente afectación para la inversión internacional e imagen de Costa Rica.
Chaves justificó el veto parcial al expediente 23581 por una disconformidad con una reforma planteada al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, la cual cerraría a Tributación la posibilidad de cobrar impuesto por ganancias obtenidas en el exterior a personas y empresas reales.
En lugar de ello, el presidente propuso calificar como ingresos de fuente costarricense “toda renta cuyo origen tenga una vinculación económica con el territorio nacional”. Esto permitiría gravar toda ganancia obtenida en el exterior si la inversión se hizo con ingresos generados en el país.
Dicha interpretación es respaldada por la Dirección General de Tributación, así como por fallos de la Sala I y de la Sala IV.
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Rechazan argumentos del Gobierno
En su nota de prensa, Azofras negó que la iniciativa de ley genere una “exención de impuestos” en favor de los bancos y las grandes empresas, al tiempo que cuestionó las interpretaciones administrativas y judiciales recientes sobre la materia, por considerar que “han ampliado la cobertura del impuesto, aplicando gravámenes sobre las rentas extraterritoriales”.
Las empresas de zonas francas alegan que esta situación se traduce en una “discrecionalidad administrativa nociva e inseguridad jurídica, una de las razones más relevantes que implicó la inclusión de Costa Rica en la lista negra de la Unión Europea”.
Por su parte, la Uccaep llamó la atención “sobre el cambio del modelo tributario que se estaría haciendo si este proyecto de ley no llega a resellarse”.
Dicha cámara pidió a la Asamblea avanzar con el resello y, seguidamente, abrir espacios de debate sobre el modelo tributario “que queremos los costarricenses”.
En ese sentido, abogó por un modelo simplificado, justo, progresivo, que promueva la inversión local y exterior, la generación de empleo y oportunidades de crecimiento para los costarricenses, que incentive la operación de las empresas y la competitividad de los negocios.
Según la Uccaep, la UE ha calificado como perjudicial la falta de transparencia por la discordancia entre lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las interpretaciones administrativas y judiciales que se han venido generando, por lo que abogó por traer claridad sobre este tema.
La Uccaep y Azonfras no son las únicas organizaciones empresariales que se han manifestado en contra del veto parcial del presidente Chaves.
El pasado 15 de setiembre. la Cámara de Exportadores (Cadexco) advirtió de que la contrapropuesta planteada por el Gobierno supone elementos propios de un esquema de renta mundial que traería incertidumbre a los contribuyentes.
La renta mundial consiste en que, a la hora cobrar el impuesto de la renta a las personas físicas y jurídicas residentes en el país, el Estado contempla todas las rentas o ingresos que generen en cualquier parte del mundo.
