EscucharAutoridades de la Universidad Nacional (UNA) y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuestionaron la ausencia de criterios técnicos y científicos en el manejo del Parque Nacional Manuel Antonio por parte del Gobierno.
Representantes de ambas casas de enseñanza se pronunciaron a favor de un reciente fallo de la Sala IV que anuló una decisión del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de aumentar el tope de visitación diaria en esa área protegida, ubicada en Quepos, Puntarenas.
El Tribunal constitucional ordenó reducir la visitación diaria de 3.000 a 1.120 personas al considerar que el aumento fijado por el Sinac representaba una sobrecarga para dicha zona. Además, concluyó que el cambio se implementó sin los debidos estudios técnicos.
Al respecto, el Consejo Universitario de la UNA alegó que dicha medida se implementó sin los debidos estudios técnicos y que la cifra de 3.000 visitantes diarios, que no contabiliza niños ni adultos mayores, provocará “un impacto negativo continuo y constante sobre el área protegida”.
También advirtió de que se producirá un deterioro en todos los recursos a corto o mediano plazo, a la vez que se comprometería el disfrute del área silvestre por parte del visitante “y, a largo plazo, probablemente también afectará los ingresos económicos (de la zona)”.
La UNA, además, recordó que investigaciones del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis) han concluido que en ese parque, ubicado en Quepos, Puntarenas, se dan al menos 18 tipos de interacciones negativas entre visitantes y la fauna silvestre y que estas son más frecuentes cuando hay un mayor número de visitantes.
“Las interacciones resultan en cambio del comportamiento y los patrones de movimiento de los mapaches, monos cara blanca y otras especies, lo que vuelve a los animales más agresivos entre ellos mismos y con los turistas, con el objetivo de conseguir alimento que ha sido usualmente facilitado por el ser humano.
“La alimentación y el contacto físico con los visitantes puede causar problemas de salud tanto a la fauna silvestre como a los mismos turistas por el alto riesgo de zoonosis”, señaló.
El pronunciamiento del órgano universitario fue enviado directamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.
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Por su parte, una carta abierta de la Escuela de Biología de la UCR señaló que las decisiones sobre el manejo de las áreas silvestres protegidas deben estar basadas en criterios técnicos y científicos, “que demuestren que el Gobierno asume con responsabilidad los compromisos globales ante la Convención de la Diversidad Biológica y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Principal objetivo es la conservación
En sus pronunciamientos, ambas universidades públicas enfatizaron en que, si bien las áreas protegidas pueden dinamizar la economía de las localidades donde se encuentran ubicadas, no se puede olvidar que el objetivo fundamental de estas áreas silvestres es la conservación de los recursos naturales.
Debido a lo anterior, la UNA y la UCR urgieron al Gobierno a tomar decisiones basadas en la técnica y la ciencia, para evitar un daño irreversible por buscar un beneficio económico rápido. Asimismo, recomendaron impulsar la diversificación de las actividades turísticas y las fuentes de ingresos en esas localidades.
“El principal objetivo de las áreas silvestres protegidas es salvaguardar el recurso silvestre valioso y, en algunas de esas áreas, como los parques nacionales, se permite el turismo bajo condiciones estrictas que garanticen el disfrute de los turistas y la conservación de la biodiversidad al mismo tiempo.
“En el escenario actual es factible el desarrollo turístico en algunas áreas protegidas; pero antes de la generación de dinero por turismo, es prioritario salvaguardar el recurso silvestre a largo plazo, que es el elemento generador de divisas económicas, y, en segunda instancia, el disfrute del visitante”, señaló la UNA.
Mientras tanto, la Escuela de Biología de la UCR manifestó que el pueblo costarricense ha mostrado, en múltiples ocasiones, que los objetivos de las áreas silvestres protegidas son su prioridad ante la sobreexplotación turística.
“Las ganancias del sector turismo, bajo sus intereses de negocio, más bien se verán perjudicadas si el Parque Nacional Manuel Antonio deja de cumplir sus objetivos en aras de ganancias a corto plazo, las cuales amenazan el mantenimiento de la integridad biológica de los ecosistemas a mediano y largo plazo”, dijo.
El presidente Rodrigo Chaves había expresado su disconformidad con respecto a la decisión de la Sala IV de reducir la visitación.
Al conocer un recurso de amparo del ecologista Christian Mata, los magistrados concluyeron en que el Gobierno aumentó de 2.000 a 3.000 visitantes diarios sin ningún respaldo técnico.
Luego de conocer la decisión del Tribunal, el gobernante ordenó abrir una investigación disciplinaria contra tres funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) que rindieron informes técnicos al Tribunal constitucional bajo fe de juramento.
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El mandatario los acusó de “echar a perder el caso”, al incumplir la línea política establecida por el ministro Franz Tattenbach. Asimismo, Chaves ordenó la intervención de la administración del Parque Nacional y una auditoría a la Dirección Regional del Pacífico Central del Sinac.
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