Rita Chaves fue condenada porque, siendo tesorera del PASE, simuló contratos de alquiler de vehículos para las elecciones del 2020 que fueron cobrados al TSE. No obstante, el partido no fue declarado responsable, como sí ocurrió en el caso del Partido Acción Ciudadana (PAC) por una estafa cometida en los mismos comicios. El PAC, como persona jurídica, debe pagar ¢627 millones al Estado.
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“Como persona jurídica, el Tribunal de Juicio, al inicio del debate, decidió excluir al PASE por un tema del medio al cual se hizo la notificación, por parte del Ministerio Público, de la demanda civil presentada por parte de la Procuraduría”, explicó el abogado del Estado un correo electrónico.
La PGR no comparte esa decisión y, en consecuencia, anunció que la apelará.
La Procuraduría pidió una condena civil por daño económico al Estado, que asciende a los ¢355 millones.
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Ese monto se compone de 50 contratos de arrendamiento de vehículos por ¢206 millones, más los intereses de tipo legal según lo establecido en el Código Civil, que al 22 de mayo ascendían a ¢148 millones.
Adicionalmente, la Procuraduría estimó el daño material en ¢40 millones de costas personales y ¢600.000 de la querella.
El Tribunal declaró la acción civil parcialmente con lugar y el daño económico en abstracto, lo que implicaría acudir a la vía civil para acreditar los montos fijados por la PGR.
Los jueces rechazaron el daño social estimado en ¢207 millones por la Procuraduría, la cual apelará esta parte.
Los jueces que dictaron sentencia dieron por acreditado que la exdiputada, como tesorera del PASE, indujo a error al TSE para que aprobara una liquidación de gastos por un monto cercano a los ¢206 millones, al darle credibilidad a contratos falsos de carros supuestamente rentados para que personas con discapacidad pudieran ir a votar.
El Ministerio Público inició las pesquisas por este caso luego de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE presentó una denuncia con el resultado de una investigación preliminar en el 2013.
Por la misma causa también fue señalado el también exdiputado Óscar López, fundador del PASE, pero su caso será ventilado en un juicio por aparte, después de que ganó un recurso de amparo porque la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) no le facilitó el expediente en un lenguaje accesible por su discapacidad visual.
Tanto Chaves, como los exdiputados Martín Monestel y Víctor Emilio Granados, habían sido sentenciados a prisión por los delitos de influencia contra la hacienda pública por nombrar a familiares y amigos como asesores de confianza en la Asamblea, quienes -sin presentarse a trabajar- recibieron salario.
En setiembre del 2022, Chaves fue sentenciada a siete años de prisión, Monestel a 11 años y Granados a 19.
