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La Sala Constitucional estudia reclamos planteados por los seis miembros del Consejo Directivo del ICE que fueron separados por el Gobierno, el 29 de enero, para investigar posibles irregularidades ocurridas durante su gestión.
Se trata de un recurso de amparo planteado conjuntamente por Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro, Irma Pérez Guevara, Eugenia Gutiérrez Castro, Ruth Martínez Cascante y José Mario Jara Castro, confirmó el área de prensa del Tribunal Constitucional.
La gestión fue interpuesta el 2 de febrero contra el Consejo de Gobierno.
La decisión de separar a los directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue justificada por el Consejo de Gobierno por la necesidad de investigar dos hechos específicos.
Uno es el pago presuntamente indebido de cesantías a empleados del ICE trasladados o a otra empresa del Grupo ICE o a otro régimen laboral dentro de la entidad.
El segundo hecho es la eliminación, aparentemente sin sustento jurídico, de la figura del gerente general y el posterior nombramiento interino en ese cargo de Jaime Palermo Quesada; gerente de Telecomunicaciones del Instituto.
El recurso de amparo se tramita bajo el expediente 19-1812-CO, instruido por el magistrado Fernando Cruz.
En su queja, los directivos solicitaron dejar sin efecto la suspensión mientras se resuelve el caso pero tal pedido no se otorgó.
“En la acción no se dispuso ninguna medida cautelar que suspendiera los efectos del acto”, precisó el área de prensa.
Además, pidieron declarar con lugar el recurso de amparo por una supuesta violación al debido proceso y a su derecho de defensa, ante la decisión del Consejo de Gobierno.
“Claramente seremos total y completamente respetuosos, y acataremos, cualquier indicación del Tribunal Constitucional u otra autoridad competente con respecto al caso”, declaró Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), en su calidad de vocero de Consejo de Gobierno.
Otro frente
Por este mismo caso, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó en febrero una solicitud de los directivos separados de ser reinstalados en su puesto de inmediato sin mediar una audiencia para comparecer sobre su caso.
Los funcionarios presentaron ante esa instancia judicial, una solicitud de medida cautelar provisionalísima, la cual se aplica en casos de extrema urgencia y tiene la particularidad de que se puede aplicar sin llamar a audiencia a la parte contraria.
No obstante, el Tribunal rechazó la solicitud al considerar que la gestión de los directivos no era de extrema urgencia.
“Considerando la documentación aportada al expediente y lo manifestado por la parte actora, es preciso dar audiencia a la parte contraria para, con el panorama completo, resolver lo que en derecho corresponda. De ahí que no procede conceder la medida cautelar en forma provisionalísima”, dice el pronunciamiento.
Las investigaciones contra los directivos se sustentan en hechos expuestos por un consejo consultivo integrado por los jerarcas de Planificación, Ambiente y Energía, Hacienda, Micitt; así como el Banco Central, según reveló en conferencia de prensa el jerarca del Micitt, Luis Adrián Salazar el pasado 29 de enero.
Asimismo, el Consejo de Gobierno también se apoya en los informes de la Contraloría General de la República, DFOE-DI-1941 del 21 de diciembre de 2018 y DFOE-DI-0087 del 24 de enero de 2019, junto con el criterio de la Procuraduría General de la República C-332-2009 del 2 de diciembre de 2009.
“Desde el Consejo de Gobierno tengo información de que la investigación sobre este caso sigue su curso acorde al debido proceso y en su momento se informará al respecto una vez presentados los hallazgos primero al propio Consejo de Gobierno”, agregó Salazar.
