Rodrigo Chaves reitera malestar por leyes de reducción de marchamo y lista negra de UE

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y su Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reiteraron este martes su malestar por la aprobación de las leyes que redujeron el marchamo a partir del cobro del 2024 y que permitieron la exclusión de Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea, sobre países no cooperantes en materia fiscal.

Tanto el mandatario como el jerarca responsabilizaron a los diputados de poner en riesgo los compromisos asumidos por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como las futuras emisiones de eurobonos.

En conferencia de prensa en Casa Presidencial, Acosta mencionó que esperaba llegar al final del 2023 con un endeudamiento del 62% del Producto Interno Bruto (PIB) y “comprometernos con los costarricenses, para que, en el 2025, estemos por debajo del 60%”:

Añadió que el “principal riesgo” para que estos escenarios no se cumplan, ocurriría “si nosotros seguimos aprobando leyes que vienen generando exoneraciones”.

Inmediatamente, el presidente Chaves intervino para cuestionar lo dicho por su ministro: “Nosotros es mucha gente, don Nogui. Hasta donde yo sé, nosotros no hemos aprobado ninguna tal ley; ni siquiera podemos aprobar ninguna ley”.

“¿A quién se refiere?”, agregó.

Ante lo señalado por el mandatario, Acosta rectificó, colocando la responsabilidad directamente en los parlamentarios.

El proyecto para salir de la lista negra fue aprobado mediante un resello, mientras que el del marchamo sí lo firmó Chaves.

“La Asamblea Legislativa ha estado en un proceso un poco complicado de poner en riesgo esto, como bien lo dijo usted, en marzo de 2024 vamos a tener una valoración (del FMI) y vamos a ver cómo vamos a concluirlo”, expresó el ministro de Hacienda.

Chaves resalta señalamientos del FMI

Por su parte, Chaves resaltó la declaración que emitió la misión del FMI el 27 de octubre, al finalizar una visita técnica al país.

En el documento, el organismo internacional lamentó la aprobación de las dos normativas y alegó que las mismas “disminuirán la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario”.

Para contrarrestar dicha situación, el FMI propuso ampliar las bases de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y jurídicas, la introducción de un impuesto sobre la renta de las personas físicas de carácter dual y la eliminación de las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA).

Chaves dirigió sus críticas contra la Ley 10.381, aprobada con el resello de 38 diputados, el pasado 26 de setiembre, y que introdujo una serie de modificaciones al cobro del impuesto sobre la renta, permitiendo al país salir de la lista negra de la UE.

En este caso, fue decisivo el voto de Luz Mary Alpízar, diputada y presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al poder a Chaves. Ese día ella recibió calificativos de “traidora” por parte del gobernante y la congresista Pilar Cisneros.

La iniciativa había sido vetada parcialmente por el mandatario, por su oposición a la reforma del artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, con la cual se deja en claro que Tributación no puede cobrar impuesto a personas y empresas reales por ganancias obtenidas en el exterior, aunque el capital invertido haya sido generado en Costa Rica.

“Ahí está la evidencia de por qué ese día manifesté tanto dolor, por lo que hicieron con ese resello, para beneficiar a ya saben quién, especialmente, a los banqueros privados de este país”, dijo Chaves este martes.

Costo de reducir el marchamo

Por su parte, el ministro Acosta criticó que la ley 10.390 que modifica la fórmula de cálculo del impuesto sobre la propiedad de los vehículos, principal componente del marchamo, tendrá un costo de ¢51.000 millones para el erario público.

El jerarca manifestó que dicha situación pone “cuesta arriba” el cumplimiento de las metas con el FMI y las condiciones fiscales para emitir eurobonos”.

La Asamblea Legislativa aprobó diciembre de 2022 un plan para colocar $5.000 millones en eurobonos durante los próximos tres años y así dotar al Gobierno de los recursos necesarios para hacer frente a los pagos de vencimientos de deuda que se avecinan.

Sin embargo, los legisladores dispusieron que las colocaciones de los años 2024 y 2025, quedan sujeta al cumplimiento del Gobierno de las metas con el FMI, como tener resultados positivos entre ingresos y gastos sin incluir el pago de intereses, reducir el porcentaje de la deuda y el pago de intereses con relación al producto interno bruto (PIB).

“Ellos mismos (los diputados) están impidiéndonos llegar a las metas que ellos mismos nos pusieron”, indicó Chaves al respecto.

“Si seguimos por este camino vamos a tomar un riesgo muy grande y esa es la principal preocupación”, agregó.