Rebaja del marchamo incluiría descuento para carros más nuevos por peso y emisiones

De acuerdo con la iniciativa impulsada por el Partido Liberal Progresista (PLP), el incentivo podría implicar una rebaja de entre el 3,84% y el 1,14% en el impuesto a la propiedad de los vehículos, según el año y modelo del automotor.

La iniciativa premiaría tanto a los automóviles de combustión como a los eléctricos. La diferencia es que en el caso de estos últimos, el beneficio sería permanente.

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Así, por ejemplo, un carro de combustión con 1 año de antigüedad recibiría un descuento del 3% por peso y 0,84% por emisiones, para una rebaja total del 3,84% del impuesto. Uno de seis años, recibiría un 1% de descuento por peso y 0,14% por emisiones, para un 1,14%.

Mientras tanto, un vehículo eléctrico tendría una rebaja del 0,1% de forma permanente, sin importar el año.

Con esos porcentajes, un vehículo liviano del año 2024 con un valor de mercado de ¢10 millones que le correspondería pagar ¢144.360 de impuesto, obtendría una rebaja de ¢5.543 y terminaría pagando ¢138.800.

Un carro del 2023 de ¢10 millones que pagaría ¢144.360, obtendría un descuento de ¢5.225 y su dueño terminaría pagando ¢139.134.

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De igual modo, otro carro de ¢10 millones, año 2022, obtendría un descuento de ¢3.609. Entonces, pasaría a pagar ¢140.751 en lugar de ¢144.360.

En tanto, un vehículo eléctrico de ¢10 millones año 2019, tendría un descuento de ¢1.790. Pagaría ¢142.569 en lugar de ¢144.360. Si la legislación se aprueba este año, el incentivo se aplicaría en forma retroactiva hasta los vehículos del año 2019.

Jorge Dengo, diputado del PLP y redactor de la propuesta, explicó que este incentivo responde a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ambas organizaciones instaron a Costa Rica a implementar políticas que promuevan la descarbonización en el corto y mediano plazo.

En un principio, el proyecto original contemplaba establecer tarifas según el peso y las emisiones, pero durante las discusiones en la comisión legislativa especial, la mayoría de los diputados expresaron preocupaciones al respecto.

La propuesta se ajustó, proponiendo descuentos marginales en lugar de tarifas punitivas, en concordancia con el principio de capacidad económica.

Según Dengo, se basaron en estudios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica (UCR), para definir los porcentajes de peso, y en el informe Estado de la Nación para establecer los rangos de emisiones.

Este último informe señala que los vehículos más nuevos son más eficientes en términos de emisiones de hidrocarburos, lo que influye en la fórmula de cálculo propuesta en el proyecto, la cual establece una tarifa de descuento que oscila entre el 0,14% y el 0,84%.

Por otra parte, el proyecto señala que los vehículos más pesados son los que provocan un mayor daño a la infraestructura vial. Por eso, el texto plantea un descuento, de entre un 1% y un 3%, conforme al peso de la unidad.

El texto dictaminado por una comisión legislativa especial reduciría el impuesto a la propiedad de los vehículos hasta en un 67%. El Gobierno ha calificado el plan de irresponsable, porque asegura que disminuiría los ingresos estatales en ¢118.000 millones anuales.

No obstante, el pasado jueves los jefes de las fracciones legislativas acordaron buscar un mecanismo de vía rápida para agilizar la aprobación de la iniciativa en el plenario.