Política

Proyecto que daría facultades de policía al MEIC avanza en Asamblea

Un proyecto de ley que otorgaría facultades de policía al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para decomisar y hasta destruir mercancías de comercios por incumplir niveles de calidad, se acerca a la etapa de discusión final en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa presentada por el gobierno de Carlos Alvarado y retomada por el actual, está próxima a cumplir la etapa de ajuste en la Comisión de Asuntos Económicos, la antesala a la discusión en plenario, donde los legisladoras aprueban o rechazan en definitiva un proyecto de ley.

Por el momento, el foro de Económico ha aprobado en tres sesiones 20 mociones de ajuste al texto dictaminado y aún le quedan tres mociones por conocer.

Ninguna de esas mociones ha tocado el artículo 60 del texto que facultaría al MEIC a“ejecutar medidas cautelares, de manera excepcional, de acuerdo con los niveles de riesgo”, por lo que se mantiene intacto.

Estas acciones preventivas de la cartera podrían ser el “congelamiento, la suspensión, el retiro, el decomiso o la destrucción del producto, en proporción con el respectivo reglamento técnico que lo regula y garantizando el debido proceso”.

Los actuales diputados también mantienen el artículo 58 que obligaría a las instituciones públicas que emitan registros sanitarios, fitosanitarios y de bienes, a reservar al menos el 20% del monto que reciben para labores de vigilancia.

Las mociones aprobadas básicamente ajustan la redacción de artículos relacionados con las atribuciones del Sistema Nacional para la Calidad (SNC), el Instituto Costarricense de Metrología o el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

A punto de culminar la discusión de ajustes, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, sostiene que el plan no aporta nada nuevo al marco legal vigente.

“Si uno toma el régimen de sanción que contiene la Ley 7472 (Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) y la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se entera que son prácticamente los mismos criterios de aplicación del proyecto de ley en cuestión. La diferencia es que, en el proyecto, solo se incorpora el concepto de calidad”, señaló el legislador.

Campos no indicó cuáles son los artículos similares entre la legislación que cita y el proyecto en debate. “No aporta nada nuevo porque se refiere a entidades que existen”, insistió el diputado.

El legislador aseguró que la iniciativa no debería ser prioridad del Ejecutivo, dado que en la misma comisión se encuentra un proyecto para autorizar la colocación de eurobonos en el mercado internacional.

El exlegislador socialcristiano Pedro Muñoz, durante el debate en el foro de Económicos a principios del 2022, aseguró que el numeral 60 del proyecto de ley le otorgaría funciones de policía de control de calidad al MEIC.

De hecho, una versión anterior al texto dictaminado titulaba ese artículo como “Facultades de policía” y, luego, los legisladores lo cambiaron por Facultades de Vigilancia.

“Tendrá facultades para ingresar donde sea, inspeccionar contenedores y destruirlos, tendrá derecho de entrar a puerto”, consideró el legislador e insistió en que ese numeral crearía más burocracia: “En realidad lo que viene es a aportar al gasto público. Si hay un producto de interés sanitario y Salud lo descubre, Salud lo atiende. En el contrabando está la Policía Fiscal que puede entrar a regular el tema”.

Sin embargo, Luisa Díaz, directora de Control de Calidad del Ministerio de Economía, declaró en esa oportunidad que la Ley de Protección al Consumidor le da potestad a esa cartera de verificar el mercado y hacer inspecciones para determinar si los productos cumplen con la normativa de calidad exigida.

Como la legislación vigente solo faculta al departamento de Verificación de Mercado a hacer prevenciones, sin que pueda dar órdenes de retención de un producto, la iniciativa permite congelar, decomisar o destruir mercancías defectuosas que pongan en riesgo la salud de las personas.

“Es una facultad para poder tomar ese tipo de medidas de prevención y protección al consumidor. Todo eso se hace desde el departamento de Verificación de Mercado del MEIC y el trámite resolutivo final le corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor. Ellos resuelven de manera administrativa diferencias de comerciantes, productores y consumidores”, dijo Díaz a principios de año.

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