Política

Proyecto presentado por Chaves acelera traspaso del Servicio Civil a Mideplán

Con el cambio, el servicio Civil mantendría la figura de órgano desconcentrado, en este caso bajo el alero de Planificación, que es el ente rector del empleo público.

Un proyecto de ley presentado esta semana por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aceleraría el traspaso de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) al Ministerio de Planificación (Mideplán), en vista de que ahora el Mideplán tiene la rectoría del empleo público.

Lo mismo ocurriría con el Tribunal Administrativo del Servicio Civil. Actualmente, ambas entidades son órganos desconcentrados de la Presidencia de la República.

La Ley de Empleo Público, aprobada a finales del gobierno de Carlos Alvarado, estableció que las dos instituciones pasarían bajo el alero del Mideplán. No obstante, el cambio está previsto para marzo del 2023.

El texto planteado por el gobierno de Chaves propone adelantar el traslado. Así lo establecen artículos incluidos en el proyecto de ley para cerrar 15 órganos desconcentrados e incorporar sus funciones a sus respectivos ministerios.

En el caso de la Dirección y el Tribunal del Servicio Civil, la iniciativa no prevé quitarles el rango de órganos desconcentrados, pero sí coincide con la Ley de Empleo Público en la necesidad de que dependan del Mideplán, “en razón de las competencias conferidas por la ley a esta cartera ministerial en materia de empleo público”.

“Esta nueva iniciativa de ley va en la misma línea de mantener la conexidad con la Ley Marco de Empleo Público. Si el proyecto de órganos desconcentrados se aprueba antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco, lo distinto sería que el traslado a Mideplán entraría a regir antes”, explicó la ministra de Planificación, Laura Fernández.

Según el texto de Chaves, hoy existe una inconsistencia jurídica por cuanto la DGSC hoy es un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República y el Tribunal Administrativo del Servicio Civil es una entidad desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, aunque ambos órganos tienen dependencia presupuestaria de la Presidencia.

El proyecto agrega que, en atención a los principios de razonabilidad y lógica, el Servicio Civil y su Tribunal Administrativo “deberían depender de un mismo ministerio”.

El Servicio Civil mantendría su personalidad jurídica instrumental, únicamente para efectos de manejar su propio presupuesto y con el fin de que cumpla con los objetivos de la Ley de Empleo Público.

La Dirección de Servicio Civil es un subprograma de la Presidencia con 204 funcionarios remunerados por el Presupuesto Nacional. Su ley de creación, de 1953, no establece una dependencia respecto de un órgano específico del Poder Ejecutivo.

En tanto, el Tribunal Administrativo, creado por ley en 2009, para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones que dicte el Tribunal de Servicio Civil en materia de despido y reclamos de los funcionarios sujetos al régimen del Servicio Civil, tampoco tiene presupuesto propio. Al 2019 contaba con 14 funcionarios pagados por la Presidencia de la República y no posee estructura oficial aprobada por Mideplán.

La rectoría de Mideplán sobre el empleo público fue aprobada con la reforma fiscal del 2018 y se fortaleció con la Ley de Empleo Público, del 2022. Esta última ley establece que la DGSC será un órgano con desconcentración máxima de Planificación.

Planificación, junto con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General de Servicio Civil, deberán establecer el salario global para cada uno de los puestos en las instituciones públicas bajo su ámbito de competencia.

Al mismo tiempo, al Servicio Civil, Mideplán y a la Autoridad Presupuestaria les corresponderá preparar conjuntamente una declaración anual de la política de remuneración que presentarán al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Esta política tendrá en cuenta el estado de los fondos públicos disponibles, la importancia de que las remuneraciones públicas se mantengan competitivas con respecto a las privadas y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por otra parte, el proyecto de Chaves propone cerrar otros 15 órganos deconcentrados de los ministerios. Cuatro corresponden a la cartera de Salud, tres a Cultura, tres a Educación, y uno cada uno a Gobernación, Hacienda, Ambiente. Agricultura y Ganadería y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Estas modificaciones implican un ahorro anual aproximado de ¢17.000 millones en los presupuestos, de acuerdo con información de Mideplán del 2020.

Cerca de ¢7,500 millones se ahorrarían en la adquisición de servicios, unos ¢5.800 millones en bienes duraderos, alrededor de ¢3.900 millones en materiales y suministros, y ¢272 millones en remuneraciones.

Fernández aseguró que el proyecto no contempla despidos. “Las tareas y funciones seguirán desarrollándose tal cual. Lo que pretende es implementar un nuevo modelo de gestión que devuelva tareas que se desconcentraron, al mando directo del ministro dentro de la cartera ministerial”, añadió.

“El mejoramiento en la toma de decisiones de las instituciones, aunado a una simplificación en sus jerarquías, generará eficiencias no sólo en la generación de resultados, sino, también, en los manejos presupuestarios de las carteras ministeriales”, insistió.

Fernández realizó una presentación general del proyecto a los jefes de bancada este jueves 12 de mayo. La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, mostró preocupación por el eventual cierre del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem), un ente con desconcentración mínima del Ministerio de Cultura y Juventud.

Se encarga de promover la creación y desarrollo de escuelas de música, programas de orquestas y programas especiales de promoción de la música en las comunidades.

La idea del gobierno es fusionar el Sinem y la Dirección de Bandas con el actual Centro Nacional de la Música (CNM).

“Si bien (los órganos) tienen que ver con la música, el espíritu del trabajo de las otras instancias es totalmente distinto (...). Sinem tiene una labor de proyección social. Son más de 20 escuelas de música en todo el país que tienen un impacto muy positivo en niños y jóvenes hasta para políticas de prevención. La intención, al menos de nuestra parte, es hacer protección de la misma. Ellos (el gobierno) mencionaron de que en ningún momento recortarían presupuesto, sino ordenar. De ahí que insisto en el tema de que esto se tiene que revisar con detalle, institución por institución, en el momento que se discuta en comisión”, planteo Rivera.

Los órganos que se cerrarían son:

- Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

- Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (Ciama)

- Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis)

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

- Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem)

- Dirección General del Archivo Nacional

- Casa de la Cultura de Puntarenas

- Órgano de Normalización Técnica (ONT)

- Parque Marino del Pacífico

- Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social

- Comisión Costarricense de Cooperación con Unesco (adscrita al MEP)

- Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano

- Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac)

- Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

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