EscucharLa Procuraduría de la Ética Pública (PEP) pide que Randall Chavarría, alcalde electo del cantón de Puntarenas, pague al Estado una indemnización de ¢8 millones por daño social.
La PEP hizo la petición en el juicio que Chavarría, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afronta por los presuntos delitos de malversación de fondos e incumplimiento de deberes en la función pública, por hechos relacionados con el manejo del balneario de Puntarenas.
“La Procuraduría de la Ética Pública actúa como parte civil, buscando indemnizar el daño social ocasionado”, confirmó la oficina de Prensa de la Procuraduría General de la República, a la cual está adscrita la PEP.
El juicio sobre Chavarría comenzó el pasado 12 de febrero. Originalmente, estaba previsto que terminara el miércoles 14; sin embargo, el debate se prolongó, por lo que se espera que termine el próximo 1.° de marzo, según informó la oficina de Prensa del Poder Judicial.
El proceso se lleva a cabo en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 18-000909-0431-PE. La acusación de la Fiscalía contra el político versa sobre hechos ocurridos entre el 2015 y el 2018, durante su anterior periodo como alcalde de Puntarenas.
En diciembre de 2018, el Ministerio Público señaló que, aparentemente, el entonces jerarca municipal no revocó la concesión del balneario San Lucas Beach Club, a pesar de las indicaciones de entidades estatales sobre el incumplimiento de la empresa a cargo y sus deudas pendientes por el pago de los cánones correspondientes.
En ese momento, también se informó de que el alcalde había ordenado el desembolso de fondos municipales para cubrir los servicios de agua y luz a la empresa operadora del balneario.
En diciembre de 2020, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó al Juzgado Penal de Hacienda la apertura del juicio contra el exjerarca municipal, a quien acusó de seis presuntos delitos de incumplimiento de deberes y dos de malversación.
La malversación se castiga con prisión de uno a ocho años, mientras que el incumplimiento de deberes conlleva una inhabilitación de uno a cuatro años para ejercer cargos públicos.
