EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se opone a comprometer las finanzas públicas con que el proyecto de ley para incentivar la producción de hidrógeno verde en Costa Rica.
Al ser consultado sobre el plan, este martes durante su gira a Limón, el mandatario manifestó que analizará detenidamente la propuesta en caso de que los diputados la aprueben de forma definitiva.
La votación en segundo debate en el plenario legislativo fue frenada por una consulta de constitucionalidad interpuesta por los diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y el Partido Liberal Progresista (PLP).
“Primero, hay que esperar que la Sala Constitucional decida; hay que ver la decisión de los diputados. Ahí yo haré mi análisis”, manifestó el presidente.
“Yo creo que el hidrógeno verde tiene gran potencial en este país, tenemos muchísimo de las dos cosas que se necesitan para producirlo: agua, aunque Acueductos y Alcantarillados (AyA) tiene sus problemitas, la electricidad y la capacidad de generación. Lo que no quisiera es comprometer las finanzas públicas ni acomodarle una industria a nadie”, continuó.
De acuerdo con el proyecto de ley, el hidrógeno verde es una energía obtenida a partir de fuentes renovables mediante un proceso reducido en emisiones de carbono, como la electrólisis, fotólisis, termólisis, biofotólisis o cualquier otra tecnología sostenible.
El texto autorizaría la entrada en el mercado del hidrógeno verde a empresas públicas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) y las cooperativas de electrificación rural.
Los congresistas que activaron la consulta de constitucionalidad ante la Sala IV argumentaron, entre otras cosas, que el proyecto de ley carecería de estudios técnicos que expliquen los efectos en las finanzas públicas de los incentivos fiscales para las nuevas actividades productivas.
La iniciativa pretende incentivar la producción y comercialización del hidrógeno verde mediante un programa de incentivos por un periodo de 15 años. Las exoneraciones cubren a las personas físicas o jurídicas que inviertan en actividades de “investigación, producción, transformación, almacenamiento, transporte y uso final del hidrógeno verde”.
Incluye exoneraciones de hasta 100% durante cinco años sobre los impuestos de valor agregado, selectivo de consumo, valor aduanero, aranceles, gravámenes, tasas o contribuciones sobre la importación y compra local de los bienes, equipos y maquinaria necesarios y vinculados “con el desarrollo de las actividades de producción y transformación del hidrógeno verde”.
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Para las empresas o personas que inicien las actividades relacionadas con el hidrógeno verde entre el sexto y décimo año de vigencia de la ley, los descuentos en las tasas de impuestos serán de 75% por el plazo restante; mientras que, a partir del décimo primer año, los beneficios fiscales se reducirán al 50% hasta agotar los 15 años.
Sobre un posible veto al proyecto de ley, Rodrigo Chaves aseguró que “para ser muy concreto, me encanta la idea, creo que tenemos muchísimo potencial para explotarlo, revisaremos una vez que la Sala Constitucional se haya pronunciado, que los diputados hayan emitido su decisión soberana constitucional. Nosotros vamos a revisar esa ley con el cuidado que merece para evitar esas dos cosas: acomodarle algo a alguien, que no sé si ese es el interés y, sobre todo, no comprometer la posición fiscal del Estado”.
La consulta ante la Sala IV la firmaron los legisladores del partido oficialista Manuel Morales Díaz, Daniel Vargas Quirós, Ada Acuña, Jorge Rojas, Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar.
A estos se sumaron Gilberto Campos, Luis Diego Vargas, Kattia Cambronero, Jorge Dengo y Johana Obando, del PLP. Eli Feinzaig, jefe de bancada de esta agrupación, agregaría su firma este martes, informó su despacho.
La propuesta fue presentada en la anterior conformación de la Asamblea Legislativa por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, quien fue nombrado por el actual Gobierno como asesor del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
