EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) planteó una serie de objeciones al proyecto de ley que impulsa el Gobierno para aplicar, temporalmente, una multa de ¢462.2000, en vez de un cierre de cinco días, a los negocios que no pagaron o retuvieron lo recaudado por el impuesto sobre el valor agregado (IVA).
De aprobarse la propuesta, sería la segunda ocasión en que el Estado ofrece ese beneficio a propietarios omisos, debido a que en abril anterior, durante la administración de Carlos Alvarado, se promulgó la ley que permitió a los dueños de negocios llegar a un acuerdo de pago con la Dirección General de Tributación.
En aquella oportunidad se abrió un portillo de tres meses, plazo durante el cual los propietarios de negocios debían acordar la forma de desembolso, con la posibilidad de fraccionar en hasta 18 cuotas mensuales el pago pendiente de ese tributo. Esa medida se aprobó para contrarrestar las afectaciones causadas por la pandemia de la covid-19.
Se trata de montos de dinero que esos negocios cobraron a los consumidores como parte de los productos y/o servicios que comercializaron, pero que por algún motivo no lo trasladaron al Ministerio de Hacienda, como correspondía. Por esa omisión, lo que corresponde como sanción es el cierre temporal del negocio.
Ahora, la propuesta de la administración de Rodrigo Chaves también busca abrir otro portillo de tres meses, con el propósito de regular la situación de empresas con pendientes en Tributación.
No obstante, de la misma manera que lo hizo en el pasado, la Contraloría señaló carencia de estudios, datos y estadísticas para sustentar la iniciativa.
“La primera observación de carácter general es la ausencia de datos estadísticos que fundamenten el proyecto y permitan sustentar las apreciaciones y premisas relatadas en la exposición de motivos, a fin de dimensionar, por ejemplo, la cantidad de expedientes administrativos de cierre de negocios que están en las condiciones detalladas o los efectos fiscales de los fraccionamientos propuestos”, se consignó en el criterio enviado al Congreso.
De la misma manera, el órgano contralor indicó que la propuesta “no analiza la capacidad económica proporcional de cada contribuyente para el pago de la sanción del salario base”, en relación con la multa de ¢462.200.
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Posible beneficio de terceros
La Contraloría también advirtió a los diputados de que la anterior conformación de la Asamblea Legislativa aprobó la primera ley en ese sentido y “permitió el favorecimiento de contribuyentes sin distingo de su capacidad económica, lo cual pudo beneficiar a contribuyentes que no sufrieron afectación por las restricciones sanitarias, y así pudieron conmutar la sanción de cierre de negocios con el pago de una suma económica”.
Según el oficio enviado al Congreso por el órgano contralor, esta situación “se mantiene” con la iniciativa impulsada por el presidente Chaves. Además, se detalló que esta propuesta “más bien generaliza los beneficios a todos los sectores económicos”, mientras que con la aprobada en abril únicamente se beneficiaba a “sectores impactados severamente por la restricción sanitaria”, como turismo, comercio y transporte.
El cierre temporal de negocios es una sanción prevista en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De acuerdo con esa norma, se impondrá una multa de cierre por cinco días naturales de los establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad económica, de los contribuyentes que no presenten las declaraciones o no trasladen a Hacienda los impuestos cobrados a los consumidores.
Al anunciar la presentación del proyecto de ley, el 5 de octubre anterior, el mandatario expresó que “algunas empresas se dejaron el IVA para poder sobrevivir” y que la ley actualmente establece que “al Ministerio de Hacienda les toca cerrarlas porque eso es un delito serio”.
Enseguida defendió que la propuesta “no es que va a generar una amnistía, porque no les vamos a perdonar la plata”.No obstante cuestionó “para qué cerrarlas, en vista de la situación de empleo de este país y de que ya estamos viendo una lucecita al final del túnel”.
“Este proyecto de ley le pide permiso a la Asamblea Legislativa para que el Ministerio de Hacienda pueda sentarse con esta gente y hacerles un arreglo de pago, no un perdón de pago, que quede claro. Se cobrarán intereses”, argumentó Chaves.
