EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció en contra del proyecto que busca eximir a inversionistas, rentistas y pensionados extranjeros del pago por aseguramiento a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para el abogado del Estado, el plan genera serias dudas de constitucionalidad, pues propone una reforma a la Ley General de Migración para eliminar el aseguramiento obligatorio ante la CCSS de este tipo de foráneos que soliciten residencia temporal.
La PGR explicó que la Carta Magna dota a la CCSS de autonomía jurídica en materia de seguros sociales, por lo que considera inviable que el legislador decida quién debe o no estar asegurado.
Señaló que la potestad reglamentaria de la institución para fijar la cobertura y las cuotas de la seguridad social, no puede ser soslayada por los diputados, tal como se pretende con la reforma.
“Es por ello, que no podría el legislador, como se pretende en este proyecto de ley, fijar la exclusión de ciertos grupos (inversionistas, rentistas y pensionados), del pago de las cuotas de la seguridad social.
“Esta es una decisión que debe provenir de la propia Caja, en ejercicio de su autonomía constitucional y su potestad reglamentaria”, indicó el asesor jurídico del Estado.
Propuestas del PLP
Según la exposición de motivos del plan, la intención es fomentar la inclusión de esas subcategorías migratorias en el territorio costarricense y así dinamizar la economía nacional al atraer los recursos económicos del extranjero.
La propuesta fue presentada por Luis Diego Vargas y Jorge Dengo, diputados del Partido Liberal Progresista (PLP). El primero de ellos manifestó que se encuentran estudiando los señalamientos de la PGR.
“Estamos revisando los criterios y valorando los escenarios para decidir cómo proceder. Vamos a echarle una revisada a ese punto”, aseveró Vargas.
El plan busca otorgar incentivos adicionales a los extranjeros que soliciten la residencia temporal como inversionista, rentista o pensionado.
En el 2021, los diputados aprobaron un proyecto de ley que disminuyó de $200.000 a $150.000 el monto mínimo que este tipo de foráneos debe invertir para obtener una residencia por diez años en Costa Rica.
También, se amplió a 10 años la permanencia en el país de quienes ingresen en calidad de inversionistas, pensionados o rentistas.
