Pedro Muñoz bloquea con 50 mociones plan para destituir diputados por faltas éticas

“Voy a anunciar que voy a hablar por todas y cada una de las mociones que están presentadas, por 15 minutos (cada una), así esto nos tome las sesiones extraordinarias que sean necesarias para el caso y voy a tomarme el tiempo para explicar mi posición”, aseguró el legislador socialcristiano.

Muñoz alegó que él se opone rotundamente el proyecto, por lo que utilizaría todas las estrategias legales para impedir su avance.

“Estoy absolutamente en contra de este proyecto de ley y voy a oponerme con todas las maneras qué constitucionalmente se permiten, casualmente por que hoy es un ejemplo claro y perfecto de cómo un diputado, con respecto al marco legal, puede actuar de todas las maneras posibles”, dijo el legislador.

La propuesta, que se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos, permitiría reformar la Constitución Política para acabar con la práctica que permite a los diputados permanecer en sus puestos, a pesar de que cometan faltas éticas.

Muñoz incluso dijo haberse apartado del criterio del jefe de su propia fracción, Pablo Heriberto Abarca, quien la sesión anterior presentó una moción para hacer una modificación al artículo 2 de la propuesta; anunció que votaría en contra del cambio sugerido por el líder de los socialcristianos.

Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y proponente de la iniciativa, lamentó las actuaciones del rojiazul asegurado que “es una barbaridad”, pues debido a la gran cantidad de proyectos que ve el foro, la iniciativa estuvo varios meses haciendo fila para ser discutida.

“Si usted quiere aprender cómo bloquear un proyecto, me parece que esto es uno de los mejores ejemplos de cómo hacerlo; es muy lamentable que el PUSC, a pesar de que ese proyecto ha estado por meses en esta comisión, es hasta ahora, justo cuando el proyecto se quiere dictaminar para pasar a la plenario, que incurre en acciones o en actos como los que hemos visto la semana pasada y esta semana”, expresó León.

Según expone el proyecto, la remoción de un congresista no sólo conlleva una sanción personal, sino que representa una garantía frente a los electores, quienes esperan de sus autoridades una conducta apegada irrestrictamente al derecho y a los principios de probidad, eficiencia y eficacia que deben cumplir las autoridades del Estado.

Añade que la probidad es el principio general de derecho que se aplica en la función pública, derivado de la buena fe, y exige una actuación recta y honesta.