Nueve instituciones intentaron romper tope de gasto para el 2022

De acuerdo con la entidad contralora, los planes de gasto objetados presentaban excesos en cuanto al crecimiento del rubo de remuneraciones, así como falta de justificaciones en diferentes rubros como alimentos, bebidas, actividades protocolarias y sociales.

“Al 15,8% de los presupuestos iniciales tramitados por la CGR y a los cuales les aplicaba la regla fiscal se les improbó parte del monto propuesto por exceder el límite de crecimiento máximo permitido (1,96%)”, señaló la Contraloría al tiempo que destacó que la mayoría de instituciones del sector descentralizado se acogen al parámetro de crecimiento establecido.

En términos nominales, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) fue la dependencia a la que se le improbó el mayor monto (¢2.356 millones), el cual representaba un exceso del 15% con respecto al gasto al que tiene derecho para este ejercicio presupuestario conforme al ordenamiento vigente.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) pone un tope al crecimiento del gasto corriente que depende de las condiciones económicas del país y de su nivel de endeudamiento.

Dicha norma reza que cuando la deuda pública del país supere el 60% del producto interno bruto (PIB), únicamente se permitirá superar el tope de gasto en caso de una emergencia nacional declarada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). El país está en emergencia nacional por la covid-19.

En el 2021, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aplicó al ICT la cláusula de escape fiscal que le permitió sobrepasar los limites dictados para ese año. Aunque la regla fiscal solo permite aplicar la cláusula en caso de emergencia declarada, el mandatario consideró que el Instituto resultó afectado debido a la pandemia.

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Otra de las instituciones a las que la Contraloría le improbó parte del presupuesto fue la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la cual sobrepasó en ¢389 millones el límite permitido. En tanto, al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) se le rechazaron ¢280 millones.

En la lista también figuran cuatro instituciones del sector municipal. Se trata de la Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano (Caproba); la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); la Federación de Municipalidades de Guanacaste y la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela.

En setiembre del 2021, la UNGL se reunió con la primera dama, Claudia Dobles, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo les aplicará la cláusula de escape fiscal para superar su limite de gasto y de esa forma ejecutar recursos provenientes de una donación de la Unión Europea.

Luego, en diciembre, Karen Porras, presidenta de la UNGL informó a La Nación que, para este 2022 debían incluir €1 millón en el presupuesto (alrededor de ₡720 millones) para un proyecto llamado MUEve, relacionado con la movilidad urbana. Según los datos de la CGR, esta institución sobrepasó su limite en ¢90 millones.

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En términos porcentuales, Caproba y la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica presentaron las tasas de crecimiento interanual más altas, con aumentos del gasto superiores al 70%.

“Tal y como se ha mencionado anteriormente, el proceso de aprobación presupuestaria externa permite contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas al coadyuvar con el cumplimiento de los parámetros legales que rigen el proceso de presupuestación”, aseveró Contraloría.

La CGR también rechazó los aumentos en remuneraciones propuestos por ICT, UNGL, Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Aunque estos últimos dos no rebasaban el límite de gasto sí incumplían con la prohibición del Ejecutivo de no aplicar aumentos salariales.

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