EscucharLos jerarcas Gerald Campos, de Justicia, y Francisco Gamboa, de Economía, Industria y Comercio, se quejaron en la Asamblea Legislativa de que el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de sus carteras para el 2023 sin haberles consultado.
Campos y Gamboa alzaron la voz ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, donde se discute el Presupuesto Nacional del próximo año. A ellos se sumó el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, quien prevé una reducción de más de ¢750 millones el próximo año.
Dicho monto había sido acordado inicialmente con Hacienda, para cumplir con la totalidad del pago al Banco de Costa Rica (BCR) del fideicomiso de ¢13.000 millones anuales que financió la construcción del nuevo edificio legislativo.
El recorte aplicado al Congreso incluye ¢51 millones mensuales proyectados para cubrir el incremento en las tasas de interés del crédito del edificio, según alegó Ayales. “Obviamente no fue nuestra decisión y no fue consultado a nosotros, sino que es una disposición de Hacienda”, señaló.
Mientras tanto, el ministro Campos indicó al diputado liberacionista Gilbert Jiménez que en su cartera no se enteraron sobre las rebajas, pues no les avisaron desde Hacienda. “Simplemente las hicieron”, aseveró el funcionario.
El presupuesto de Justicia para este año es de ¢199.821 millones y para el próximo se redujo a ¢193.674 millones, para una caída del 3,1% (¢6.147 millones menos). Pero los salarios crecerán en ¢4.132 millones, según un cálculo del despacho de la diputada liberacionista Paulina Ramírez.
Campos alegó que la reducción afectaría el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y la inversión del levantamiento del mapa catastral en el país, un proyecto que se ejecuta desde hace 12 años con una inversión de $150 millones.
De incumplirse el plan, según sostuvo, se caería en impago con la empresa contratada para levantar el mapa, las municipalidades carecerían de insumos para su gestión estratégica y Hacienda no podría actualizar el valor de las propiedades para el cobro de tributos.
En la misma línea, el ministro Gamboa añadió que, debido a las restricciones establecidas por la regla fiscal, el tope del presupuesto les fue dado por Hacienda. El plan de gastos del MEIC para el 2023 será de ¢15.479 millones, para una reducción del 0,7%, equivalente a ¢107,5 millones.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, atribuyó los recortes a las restricciones impuestas por la regla fiscal al presupuesto de ¢12,2 billones del año entrante.
Para el 2023, dicha norma fija un tope en el crecimiento del gasto público de un 2,56% con respecto al presente año. Se trata de un aumento de ¢211.000 millones que serán absorbidos, principalmente, por el pago de intereses de la deuda del Gobierno.
Mientras, la diputada Ramírez lamentó las reducciones, pero al mismo tiempo aclaró que el Congreso no puede autorizar más deuda para asignar más recursos a las instituciones.
‘Es lo que hay’
Nogui Acosta explicó que, tres días antes de entregar el proyecto de Presupuesto Nacional del 2023 al Congreso, este excedía en ¢290.000 millones el tope definido por la regla fiscal. “Por esa razón, este despacho decidió aplicar un recorte uniforme a todas las dependencias”, justificó.
El ministro indicó que los límites máximos establecidos a todas las carteras, debido a esta norma, se comunican el 15 de abril de cada año, y que en el mes de junio cada institución debe entregar su presupuesto a Hacienda.
Por ello, alegó Acosta, la primera distribución de recursos la realizó el gobierno anterior.
“Yo me he reunido con ellos (ministros) para explicarles que lo que se les asignó es lo que hay, y que será su capacidad de gerencia la que determine el grado de ejecución de su presupuesto. Hay que hacer más con menos.
“Algunos han entendido la situación fiscal y han propuesto adecuar sus programas a las condiciones económicas del Gobierno”, declaró el titular de Hacienda.
Indicó que algunos jerarcas, sin identificarlos, ya han iniciado el proceso de análisis para realizar modificaciones al eventual presupuesto, para una mejor gestión en el 2023.
“Aquí es fundamental que los diputados respeten las asignaciones presupuestarias de cada ministerio e instituciones que reciben recursos de Presupuesto Nacional”, urgió Acosta.
