Josué Bravo. 20 enero
Víctor Morales Mora junto con miembros de la fracción del PAC. La bancada oficialista votó a favor de reformar el derecho a huelgas, excepto la legisladora Paola Vega. Foto: Mayela López
Víctor Morales Mora junto con miembros de la fracción del PAC. La bancada oficialista votó a favor de reformar el derecho a huelgas, excepto la legisladora Paola Vega. Foto: Mayela López

El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, afirmó que la ley de reforma a las huelgas no sería hoy una realidad, de no ser por el extenso movimiento protagonizado por numerosos sindicatos públicos en el 2018, en contra de la reforma fiscal, en donde la educación se vio paralizada por tres meses, por ejemplo.

“Hubo un hecho: sin una huelga de tres meses posiblemente no hubiésemos estado acá”, afirmó el jerarca esta mañana en Casa Presidencial, luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley N° 9808 que regula el derecho a huelga.

El actual jerarca de la Presidencia se desempeñaba como ministro de Trabajo cuando, en el 2014, el expresidente Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Reforma Procesal Laboral, la cual había sido vetada por la exmandataria Laura Chinchilla precisamente porque permitía la huelga en servicios esenciales, lo cual que corregido ahora por el Congreso.

“O sea, las reflexiones que había sobre la necesidad de reformar esa Ley (la Procesal Laboral) se potenciaron y quedaron a flor de piel después de que el país experimenta las consecuencias de una huelga de tres meses donde no funcionó la institucionalidad, donde no operó el marco jurídico".

“Entonces, la conclusión fue hacer ajustes y revisiones. En eso nos incorporamos nosotros (la fracción del PAC), acompañando la iniciativa que presentó en su momento don Carlos Ricardo Benavides (diputado del PLN y presidente legislativo)”, añadió Morales.

Con esas palabras, Morales respondió consultas de periodistas que le cuestionaron si había alguna contradicción en la posición histórica del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la nueva ley, la cual declara ilegales las huelgas en servicios esenciales.

Al ministro también le mencionaron el incidente protagonizado por una exdiputada del PAC, Carmen Granados, quien se subió en el 2012 a una patrulla de la Fuerza Pública y trató de obstruir arrestos por disturbios ocurridos frente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José. En ese momento, el PAC estaba en la oposición.

Además, en junio del 2015, el entonces jefe de fracción del PAC, Marco Vinicio Redondo; y la entonces presidenta de la agrupación, Margarita Bolaños, firmaron un pacto político que los ligaba en agenda común con el Frente Amplio (FA) y el colectivo sindical Patria Justa.

En la foto de esa firma, realizada en el Teatro Popular Melico Salazar, aparecían como contraparte los sindicalistas Albino Vargas y Fabio Chávez; así como la presidenta del FA, Patricia Mora (actual presidenta del Inamu); y el jefe de fracción de este partido, Gerardo Vargas Varela.

“Vamos a poner las cosas en la perspectiva correcta. La Reforma Procesal Laboral vino a actualizar, a modernizar la legislación laboral y social costarricense y sigue siendo un avance importantísimo”.

“Ahora, como lo explicaban aquí hace unos minutos, toda legislación es susceptible de revisión, de evaluación y de análisis como todo lo humano. Nada de lo que hacemos las personas es perfecto, todo es perfectible”, justificó el ministro de la Presidencia.

A reglón seguido, el ministro reiteró que la experiencia concreta de la huelga prolongada por los sindicatos que se levantaron en protesta contra la reforma fiscal, permitió, además, “poner en perspectiva el derecho de huelga en Costa Rica y llegar a la conclusión de que era posible, en el marco de diálogo social y de acuerdo político, hacer reformas y ajustes”.

“Yo, de primero, me comprometí en ese esfuerzo con el apoyo del presidente (Alvarado) y de la fracción del PAC. Entonces, esto hay que colocarlo ahí; la legislación tiene sentido de mejora, progresivo, de cambio, de revisión permanente y aquí se han hecho ajustes importantes”, justificó el titular de la Presidencia.

Insistió en que el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, por parte de Solís, fue un acierto en aquella ocasión.

“Fue una buena decisión, esa fue una muy buena decisión. Eso era lo que correspondía hacer en ese momento, era lo que había que hacer y esa legislación le ha traído beneficios a la institucionalidad democrática costarricense”, afirmó.

“Son dinámicas políticas. En esta administración, hay un absoluto sentido de responsabilidad con el país. Son momentos históricos posiblemente distinto. La realidad no es estática, cambia”.

“Así como comprendimos en un momento que era importante para modernizar y actualizar la legislación laboral del país, impulsar la Reforma Procesal Laboral y ahí está y le sirve al país.

“Igualmente, creemos que es importante revisar instituciones emblemáticas del derecho laboral colectivo, el derecho de huelga, de manera que usted concilie el derecho de los trabajadores con el derecho de la ciudadanía. A mí no me parece impensable, no me parece que es algo represivo que estas cosas puedan ocurrir”, afirmó Morales.