El ministro de Hacienda, Elian Villegas, propuso a los diputados que la reforma de empleo público incluya la posibilidad de disminuir los salarios públicos en casos de “calamidad o una situación fiscal extrema”.

Villegas presentó su idea este martes ante la Comisión de Gobierno y Administración, en una videoconferencia junto a los ministros de Trabajo, Geaninna Dinarte, y Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano.

“Veamos la situación que tenemos hoy, no pensemos que son cosas que nunca nos van a pasar porque precisamente hoy nos están pasando. Es decir, la posibilidad de que, ante una situación como la que estamos en este momento, ante situaciones de catástrofe nacional, por ejemplo, un terremoto que nos afecte fuertemente y nos reduzca de manera importante el PIB”, declaró Villegas.

”No estoy hablando de reducción de jornada, estoy hablando de una reducción salarial para que el salario se ajuste más a las condiciones reales de la economía costarricense”, añadió.

Villegas agregó que el proyecto de ley debería facilitar la cesión de funcionarios ineficientes.

“Todos somos conscientes, quienes hemos tenido personal a cargo en la administración pública, de la enorme dificultad que hay para cesar funcionarios; de ahí que se hace necesario dar un poco mas de flexibilidad en este tipo de procedimientos”, afirmó.

Entre otras sugerencias, el jerarca planteó que a las autoridades se les permita mayor flexibilidad para modificar jornadas laborales y tamaño de la planilla, así como una mayor discrecionalidad para ajustar salarios según la capacidad financiera del Estado.

Para alertar sobre las fuertes medidas a tomar, Villegas mostró a los diputados una comparación entre las proyecciones fiscales antes y después de la pandemia de la covid-19.

Mientras que en febrero se esperaba que el déficit fiscal del 2020 fuera del 5,9% del PIB, una vez iniciada la crisis esa proyección aumentó a 9,3%.

De la misma forma, la deuda pública originalmente iba a cerrar en un 61% del PIB, pero ahora esta cifra llegaría al 70%.

Asimismo, destacó que entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la recién ingresada Costa Rica es la que más gasta en salarios en cuanto porcentaje del gasto total, con un 39,9%, mientras que el promedio del organismo es de 24,8%.

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Así ocurre a pesar de que, en Costa Rica, el sector público representa un 12,7% del empleo total, menor al promedio de 20,1% de la OCDE.

Villegas indicó que esto se suma a otras características del sistema vigente, por ejemplo que “los salarios presentan un crecimiento vegetativo, aún sin incrementos salariales, que el sistema de remuneraciones actuales premia la antigüedad sobre la productividad, que algunos incentivos salariales generan desincentivos para la atracción de personal”.

La semana pasada, el presidente Carlos Alvarado advirtió de un riesgo de que la crisis económica y fiscal impida pagar salarios públicos.

Ministros suman sugerencias al proyecto

En la comparecencia de este martes, los ministros de Trabajo y Relaciones Exteriores sumaron sus sugerencias de lo que debería tomar en cuenta el expediente 21.336.

El canciller Rodolfo Solano explicó a los diputados que los funcionarios de Servicio Exterior, que formarán una de las ocho familias que plantea el texto, deberían mantener el régimen salarial vigente por la particularidad de sus labores, con base en el Estatuto del Servicio Exterior.

“Existen una serie de elementos que, desde la especialidad de dicho régimen, deben ser tomados en cuenta en el proyecto de ley con el objetivo de que pueda seguir laborando, como mínimo, con las condiciones con las que lo ha venido haciendo, las cuales, si nos comparamos con otros Estados, colocan a la diplomacia costarricense en una gran desventaja”, expuso Solano.

Según el ministro, un sistema salarial diferenciado se justifica por el desarraigo de los empleados de Cancillería por trabajar afuera del país, el costo de vida en el destino asignado y el traslado de la familia a ese lugar.

Además, estos funcionarios cuentan con un régimen especial de vacaciones, de prohibiciones y obligaciones.

Por su parte, la jerarca de Trabajo, Geaninna Dinarte, resaltó los avances que implicaría la aprobación de la reforma.

No obstante, también agregó observaciones al texto, por ejemplo, la existencia de dos momentos de apelación en caso de despidos justificados sin responsabilidad para el Estado, lo que representaría una contradicción para el proceso administrativo.

Dinarte cuestionó además que los funcionarios suspendidos durante procesos administrativos no recibirían su salario.

“Aquí partimos del supuesto de que si tenemos un procedimiento administrativo disciplinario, debe ser con pago de salario porque se presume la inocencia de la persona que está en el proceso”, explicó.

También señaló una redacción confusa en la creación de los Tribunales Administrativos del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y que la gestión de compensación no considera lo establecido en la reforma fiscal sobre ajustes salariales en caso de que el déficit fiscal supere el 60%.

El texto de reforma a empleo público llegó a la Asamblea Legislativa el 8 de abril del 2019, pero el pasado 16 de junio los diputados acogieron un texto sustitutivo presentado por el Gobierno.

El objetivo del proyecto es que los empleados públicos nuevos empiecen con mejores salarios, y de esta forma eliminar los sobresueldos del sistema actual.

Según cálculos del Ministerio de Planificación, esta reforma le ahorraría a las arcas estatales ¢70.000 millones anuales.

Sin embargo, en comparecencias anteriores ante los diputados, expertos y jerarcas de instituciones han cuestionado el fondo del texto.

La Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría (PGR) criticaron que establecer sistemas salariales con base en ocho familias de empleados mantendría las desigualdades existentes que la iniciativa pretende eliminar.

El plan propone que las divisiones sean entre trabajadores profesionales y no profesionales; de ciencias de la salud; policías; educadores; universitarios; judiciales; del Servicio Exterior y los que ejercen puestos de confianza.

Asimismo, estas entidades consideraron que el plan debía abarcar a todo el sector público. El texto actual excluye a las entidades que operan en régimen de competencia, es decir, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y los tres bancos estatales.

Al respecto, Elian Villegas defendió este martes el modelo de familias, pues afirmó que las labores entre funcionarios son muy diferentes como para tenerlos a todos bajo un mismo sistema.

El jerarca añadió que le parecía “prudente” que el ICE, el INS y los bancos no se vean afectados por el proyecto.

“Hay que ver las necesidades y las posibilidades que tienen esas empresas que hoy están en competencia y que necesitan un régimen de salarios y de empleo totalmente diferente al que ocupa el resto del sector público”, apuntó.