Ministra Laura Fernández alerta sobre riesgos de excluir al OIJ del salario global

Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), advirtió a los diputados sobre los peligros de excluir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) y de las regulaciones sobre pluses salariales fijadas en la reforma fiscal del 2018.

Fernández explicó que una propuesta legislativa, que avanza con celeridad en el Congreso, devolvería al OIJ al antiguo esquema de salario base más pluses, que en el pasado desequilibró las finanzas públicas.

Señaló que la iniciativa permitiría al Poder Judicial crear pluses para el personal del OIJ sin la autorización de los diputados, a pesar de que esta materia solo la puede regular la Asamblea Legislativa.

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“Abre un peligroso portillo para que otros grupos reclamen el mismo tratamiento, lo cual producirá diferencias salariales odiosas entre los funcionarios”, señaló la jerarca.

La advertencia fue emitida por la jerarca durante una conferencia de prensa, donde resaltó la importancia crucial del OIJ en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, sostuvo que no se debería aprovechar la coyuntura actual para llevar a cabo esta exclusión.

La propuesta de Kattia Cambronera, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), plantea excluir del salario global y del tope de 20 días anuales de vacaciones a jefaturas, personal técnico, profesional y policial del OIJ. Se trata de normas que entraron a regir en la Ley de Empleo Público en marzo del 2023.

Además, el plan busca sacar a estos empleados de las regulaciones sobre pluses ordenadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018 (9635), lo que devolvería al Organismo al marco legal anterior a ambas reformas.

El plan fiscal, por ejemplo, redujo de un 55% a un 25%, del salario base, el pago extra por dedicación exclusiva para funcionarios con licenciatura. Esa norma no aplicaría para el OIJ.

En cuanto a las vacaciones, el texto propuesto establecería 23 días de vacaciones para los funcionarios con 16 años o más de servicio, y 25 días hábiles para aquellos que superen los 20 años de labor en el OIJ.

Del mismo modo, autorizaría al Poder Judicial otorgar un 65% de prohibición o dedicación exclusiva a funcionarios con licenciatura u otro grado superior, así como un 20% a bachilleres universitarios o personas que hayan aprobado el cuarto año de la respectiva carrera.

El texto añade que el Poder Judicial podrá crear o incrementar anualidades, así como cualquier tipo de incentivo sea porcentual o nominal, con el objetivo de regresar a las condiciones salariales previas a a la reforma fiscal.

Además de ella, el texto cuenta con el respaldo de 16 legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA).

Cambronero señaló que el objetivo de su proyecto es fortalecer el recurso humano y las capacidades del OIJ, “para que pueda llevar a cabo las investigaciones judiciales en el tiempo que corresponda”.

A pesar de las objeciones planteadas por Mideplán, la diputada expresó su determinación de continuar mejorando el proyecto y dijo esperar que el Gobierno abra un espacio de diálogo para discutir el tema.

Reforma es innecesaria

Fernández explicó que no es necesaria la reforma, dado que el Poder Judicial declaró a todos sus puestos como exclusivos y excluyentes, lo que le permite mejorar el salario global de los empleados del OIJ ajustando los factores de cada puesto, según lo establece la Ley de Empleo Público.

Además, recordó que dicha normativa no redujo los salarios de ningún funcionario, y el Poder Judicial tampoco ha fijado un salario global fijo con un monto único para cada categoría de puesto.

En ese sentido, descarta que la Ley de Empleo Público sea la responsable de renuncias en el OIJ, como lo asegura la institución.

La ministra afirmó que un estudio realizado por la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud) reveló que, entre las principales cinco razones para abandonar el trabajo en ese poder del Estado, no figura el salario.

Dijo que la principal razón es la desmotivación (76,5%), seguida por un ambiente de trabajo insatisfactorio (55,9%), el cambio en el régimen de pensiones (52,9%), la expectativa del trabajo diferente de lo esperado al ingresar (52,9%) y la búsqueda de nuevas aspiraciones personales (52,9%).