El Ministerio de Justicia deberá garantizar que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al voto, aunque sean cambiados de cárcel después de cerrado el padrón electoral. Así lo ordenó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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Justicia tendrá la obligación de informar al Registro Civil sobre los traslados de reos, para que estos sean reubicados en las juntas receptoras de votos de los centros penales a los que sean enviados.
De acuerdo con el letrado del TSE, Andrei Cambronero, ese trámite se puede realizar durante los cuatro meses previos a las elecciones, también cuando el padrón ya está cerrado e incluso el mismo día de los comicios.
El Tribunal tomó esa decisión el pasado 5 de junio, tras resolver un recurso de amparo de la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, en favor de siete privados de libertad que adujeron que su derecho al sufragio fue lesionado cuando fueron trasladados a un centro diferente a aquel donde estaban empadronados.
Si bien la querella fue declarada sin lugar, los magistrados ordenaron este cambio al considerar que los privados de libertad son una “población vulnerable” en el ejercicio del voto.
En los comicios presidenciales del 2 de febrero, 8.700 personas estaban inscritas para votar en 16 cárceles, mas únicamente emitieron el sufragio 2.800 personas, poco más de 32% de los inscritos.
De la totalidad de recursos de amparo electoral presentados durante la campaña anterior, el Tribunal solamente declaró con lugar tres de los 53 recibidos.
El primero en ser admitido fue el del hoy diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, quien pidió anular la Asamblea Nacional en la que su agrupación revocó su candidatura.
El segundo recurso fue del entonces candidato presidencial del partido Nueva Generación, Sergio Mena. Por este, se suspendió el debate que organizó la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven.
Por último, fue declarado con lugar el amparo electoral del activista gay Yashin Castrillo contra una pauta de la Federación Alianza Evangélica Costarricense que, a juicio de los magistrados, incitaba a votar de una forma en específico.
