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Los jueces del Tribunal Contencioso-Administrativo negaron a José María Villalta la potestad de cobrar al Estado ¢550.000 millones para la Caja, por concepto de pagos atrasados al programa de atención primaria de salud que brindan los Ebáis.
Según el Tribunal, el cobro de ese dinero le compete exclusivamente a la Caja.
Para el diputado frenteamplista Edgardo Araya, el precedente podría ser peligroso, pues es posible que limite los reclamos que los ciudadanos pueden hacerle al Estado por la vía judicial cuando está incumpliendo con sus obligaciones.
Pero Villalta discrepó de ese criterio y más bien celebró que el Tribunal aceptara su demanda en calidad de ciudadano.
“Pienso que sigue abierta la posibilidad de que todos podamos presentar demandas contra el Estado.
”No veo que el fallo afecte de ninguna forma esa potestad”, manifestó el exdiputado.
