Política

Instituciones no pueden crear beneficios en convenciones colectivas si no pueden pagarlos

Procuraduría se refirió al tema en una consulta planteada por Japdeva sobre la negociación de su nuevo pacto laboral, en medio de su crisis financiera.

Las instituciones públicas no pueden crear nuevos beneficios salariales para los trabajadores, al momento de negociar sus convenciones colectivas, si carecen de los recursos suficientes para hacer frente a esos gastos.

De hacerlo, las instituciones no solo pondrían en riesgo su estabilidad financiera, sino que también incumplirían principios presupuestarios, según advirtió la Procuraduría General de la República (PGR) en un criterio emitido el 5 de enero anterior.

“Las administraciones públicas no son libres para negociar, pactar o transigir modificaciones de las condiciones de empleo que tengan directa o indirectamente efectos financieros-presupuestarios, sino que están limitadas ‘a priori’ por las previsiones legales y presupuestarias que constituyen un límite infranqueable para la negociación.

“De modo que, por regla de principio, las administraciones públicas no podrían negociar cláusulas convencionales que representen compromisos económicos más allá de los recursos disponibles —principio de previsión y provisión presupuestal—, teniendo en cuenta la sostenibilidad y estabilidad fiscales, conforme al marco de las políticas públicas adoptadas como límites al gasto público”, señaló.

El pronunciamiento de la Procuraduría surge a raíz de una consulta planteada por la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, el 8 de octubre de 2021, debido a las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores de la Junta (Sintrajap) para acordar la nueva convención colectiva de la empresa estatal.

Centeno consultó: “¿Para Japdeva, como ente autónomo del Estado que maneja fondos públicos, es jurídicamente procedente negociar y pactar beneficios económicos, sin tener seguridad de que puedan ser cubiertos durante la vigencia del instrumento mediante sus ingresos probables?”.

La respuesta redactada por el procurador adjunto, Luis Guillermo Bonilla, fue contundente: “Las administraciones no podrían negociar cláusulas que representen compromisos económicos más allá de los recursos disponibles”.

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico (Japdeva) ha requerido dos rescates financieros para evitar su quiebra: el primero fue un plan por ¢49.000 millones en 2019, y el segundo fue una transferencia por ¢6.000 millones en 2021.

En setiembre de 2021, la presidenta ejecutiva de la empresa estatal dio por fracasada la negociación de la nueva convención colectiva, debido a que el sindicato se opuso a la disminución de sus beneficios actuales, como lo pretendía la Junta Directiva a raíz de la crisis financiera de la institución.

Al invocar la figura de “convención colectiva fracasada”, sería un juez laboral quien determine cuáles beneficios laborales se quedan y cuáles otros se eliminan.

Antes de que la crisis financiera obligara a apresurar los recortes de personal, a partir de 2019, el costo de la convención colectiva de Japdeva ascendía a los ¢12.000 millones anuales. Ese acuerdo laboral corresponde al heredado de la administración anterior.

La convención vigente incluye hasta un mes de vacaciones, permisos con goce de salario para delegados sindicales y hasta 100 días hábiles de permiso con goce de salario al año para que miembros de la Junta Directiva atiendan las obligaciones propias de sus cargos. También incluye autorizaciones para dar licencias con goce salarial para cursos y seminarios nacionales e internacionales hasta por un plazo de tres meses.

Asimismo, contempla licencias pagadas para distintos fines, como mudanzas (1 día y hasta tres mudanzas por año), matrimonio de hijos (dos días), matrimonio del trabajador (7 días), fallecimiento del cónyuge, padres, hijos y nietos (5 días), fallecimiento de los abuelos (5 días) y nacimiento de hijos (5 días), entre otros.

También, dispone una serie de pluses salariales de distintas categorías.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.

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