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Los diputados que investigaron durante nueve meses las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) concluyeron, por mayoría, que el gobierno de Rodrigo Chaves utilizó la agencia de publicidad del Sinart para concentrar allí toda la pauta estatal y politizar este recurso, asignando contratos a los medios a medios de comunicación afines al gobierno de la República.
La investigación califica de “método perverso” el hecho de que el Sinart recurriera a contrataciones por demanda, “como una forma de control para dominar la línea editorial de los medios de comunicación y asignar los recursos a aquellos medios que no ejerzan una crítica al Ejecutivo”.
Esta investigación versó sobre las contrataciones que diversas instituciones públicas concedieron al Sinart, en el gobierno actual, para que manejara sus presupuestos de publicidad. A su vez, la agencia de publicidad decide a qué medios de comunicación o páginas de redes sociales los destina.
“Comprometieron y sometieron a una crisis sin precedentes al Sinart, institución que fue utilizada con un fin estrictamente político por Casa Presidencial”, señala el informe final aprobado, la noche de este lunes, con el apoyo de los cuatro legisladores que firmaron el documento. La diputada oficialista Ada Acuña se retiró, molesta, de la sesión previo a que se efectuara la votación.
El informe agrega que, según se derivó de la audiencia al funcionario del Sinart, David Tencio, no existieron criterios técnicos para definir la asignación de recursos.
El documento lo suscribieron los diputados Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio; y Dinorah Barquero y Danny Vargas, ambos del Partido Liberación Nacional (PLN).
Ada Acuña, de Progreso Social Democrático (PPSD), y José Pablo Sibaja, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), anunciaron que presentarían sus propios informes. Sin embargo, Acuña se salió de la sesión justo antes de la votación. En tanto, la diputada Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), se ausentó de la sesión.
Polémico comité editorial de la Casa Presidencial
El texto también cuestiona el papel del Comité Editorial de Comunicación de Casa Presidencial, el cual fue ideado por la empresa Nocaut, del productor audiovisual Christian Bulgarelli, quien ganó un contrato de $405.800 para asesorar al gobierno en comunicación, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a pesar de que él mismo redactó los términos del concurso del BCIE que el gobierno envió al banco regional.
Los parlamentarios recomendaron al Ministerio Público investigar al Comité Editorial por el delito de tráfico de influencias en cuanto al manejo de los recursos del BCIE y la concentración de fondos del Sinart.
Pidieron indagar a este órgano integrado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la diputada oficialista Pilar Cisneros y el publicista Federico Cruz, conocido como Choreco.
Los legisladores cuestionaron la intervención de Cisneros y Cruz en este órgano consultor del Poder Ejecutivo, en vista de que ninguno de los dos son funcionarios de gobierno.
En el caso de Cisneros, los congresistas argumentaron que la participación de la diputada es contraria al artículo 111 de la Constitución Política, “que establece una incompatibilidad absoluta para que esa legisladora preste sus servicios en cualquier otro poder de la República”.
Dicho numeral prohíbe a los diputados aceptar, bajo pena de perder su credencial, un cargo o empleo en los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. “En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones”, dice la Carta Magna.
Por ello, el informe solicita al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigar la participación de Cisneros en este Comité Editorial y determinar si existió incumplimiento con respecto a lo que menciona la Constitución.
Chaves solicitó beneficiar a Choreco, dice informe
Igualmente, los parlamentarios alegaron que Choreco, quien trabaja en lo privado, ejerció el cargo de funcionario de hecho al asumir labores designadas por el presidente de la República y el Comité Editorial, al grado de que “gestionaba contratos y orientaba decisiones sobre fondos públicos”.
El informe sugiere al Ministerio Público investigar “la injerencia y participación” del publicista, “tanto las funciones que realizaba en el Ministerio de Comunicación como en el comité consultivo de Casa Presidencial”.
Bajo los mismos criterios, los congresistas incluyeron una petitoria para que la Procuraduría de la Ética Pública determine si Choreco cumplió con las condiciones y requisitos que lo identifican como un funcionario de hecho en el sector público y a su vez si cometió actos irregulares contrarios a la ética pública, probidad y transparencia.
A su vez, se le instó a la Procuraduría de la Ética a que indague si se configuró el delito de tráfico de Influencias en las contrataciones que fueron analizadas por el foro, sin que se detallen los casos específicos.
El documento de 343 páginas también señala al presidente Rodrigo Chaves por estar al “tanto de los procesos de contratación del BCIE”. Le endilga el haber realizado “solicitudes expresas de incluir a su asesor de comunicación Federico Cruz como beneficiario de estos fondos”. Para sostener esta afirmación, los diputados obtuvieron los audios de reuniones grabadas por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien laboró en los primeros cuatro meses de gobierno. Ella afirmó ante los diputados que lo que el gobierno llamaba “democratización de pauta era pagar para que hablen bien de Rodrigo Chaves”.
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Piden al Ministerio Público investigar a funcionarios
La lista de nombres remitida al Ministerio Público para investigación también incluye a distintos funcionarios del Sinart. Estos son: el presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí; el director general, Federico Amador; al exencargado de los planes de medios, David Tencio y al expresidente ejecutivo Allan Trigueros.
A ellos se les achacan los posibles delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica, “al manipular los procesos de contratación de la Agencia del Sinart”.
Con la presentación del informe de mayoría y los de minoría, la Comisión pone fin a nueve meses de trabajo, durante los cuales se realizaron 32 sesiones y se escucharon a 48 personas, desde que el foro fue creado el 13 de setiembre del 2023.
El plazo de la comisión concluye el próximo jueves 13 de junio. Originalmente, debía finalizar labores el 30 de noviembre del 2023, pero se le extendió el periodo en dos ocasiones. La primera prórroga fue por 90 días (aprobada el 23 de noviembre del 2023) y la segunda extensión, por un mes (avalada el pasado 23 de abril).
Los informes emitidos por los integrantes de la Comisión, serán enviados al plenario para que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, les asigne una fecha para su discusión, la cual no podrá ser menor a dos días hábiles, ni mayor a ocho, a partir del anuncio de que los textos fueron remitidos a la Secretaría del Directorio, de acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa.
Una vez iniciada la discusión de los documentos, tendrán que ser sometidos a votación, durante esa misma sesión, a más tardar las 7 p. m.
