Gobierno promete un proyecto 'consensuado’ de empleo público para finales de febrero

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso, a más tardar a finales de febrero, una nueva versión del proyecto de reforma al empleo público, la cual sería previamente consensuada con sectores y organizaciones.

Así lo adelantó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Moral, al ser consultado en Casa Presidencial, luego de la firma de la reforma a la regulación sobre las huelgas.

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“La perspectiva que tenemos es que estaría de vuelta en la Asamblea Legislativa probablemente a finales de febrero. Vamos a tratar de que esté antes, pero en principio en la última semana de febrero creemos que ya podríamos tenerlo de vuelta en la Comisión de Gobierno”, anunció el jerarca.

Sin dar más detalles, Morales afirmó que la elaboración de una nueva propuesta legislativa no está frenada dentro del gobierno.

El ministro sostuvo que el Ministerio de Planificación (Mideplán), responsable de la redacción del proyecto, desarrolla actualmente un trabajo de diálogo sobre el nuevo texto “con diferentes sectores y con diferentes organizaciones”.

“Ese es el trabajo que estamos haciendo, de manera que vamos a llevar un proyecto más consensuado”, añadió Morales.

Morales no mencionó qué aspectos dialogan o negocian con los gremios. Pidió tiempo para la próxima semana, a fin de exponer un balance de lo trabajado.

“El propósito es llegar a la Asamblea Legislativa a finales de febrero, ojalá antes, pero no pasar de ahí, con un proyecto que tenga la posibilidad de avanzar entre marzo y abril, que es lo que nos queda de (sesiones) extraordinarias, en la medida que las condiciones legislativas nos lo permitan”, finalizó Morales.

Una primera versión del texto, presentada por el Ejecutivo a inicios de abril del 2019, pretendía ordenar y modernizar la estructura de contratación y remuneraciones de futuros empleados estatales.

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El texto planteaba un salario global que procuraba nivelar las desigualdades existentes; es decir, proponía salarios únicos competitivos por sí solos, sin necesidad de los pluses que disparan el gasto.

El plan creaba un régimen general de servidor público y siete subregímenes diferenciados para trabajadores de salud, policiales, de educación, del servicio exterior, de universidades públicas, del Poder Judicial y de confianza.

Sin embargo, a mediados del mes de octubre del 2019, la mayoría de diputados de la Comisión de Gobierno acordó suspender el debate hasta que el Poder Ejecutivo presente una propuesta sustitutiva, la cual debe aclarar al menos cinco interrogantes o carencias.

La mayoría de los diputados de la Comisión de Gobierno consideraron el primer texto como insuficiente para contener el gasto público, por lo que esperan una propuesta más fuerte en ese sentido.

Cuestionaron que, a pesar de que se proponga el salario único, se plantearan ocho regímenes distintos de empleo en el sector público.

Además, señalaron deficiencias en el sistema de evaluación de desempeño.

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) les había pedido a los diputados equilibrar más el proyecto, debido a que su estructura era “incompleta”, “insuficiente” e “inconsistente”.

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La CGR afirmó que el primer texto mantenía las desigualdades al no lograr estandarizar la regulación jurídica de todo el sector de empleo en el Estado y tampoco conseguía equidad en los salarios, a pesar de que ese es el espíritu del texto.

En sus planteamientos, la Contraloría consideró necesario que se definieran reglas claras con base en criterios técnicos sobre la aplicación de un salario global para nuevos funcionarios públicos.