EscucharLos ministros de Planificación y de Hacienda solicitaron a la Contraloría General de la República reconsiderar la ilegalidad señalada por la forma como la administración Chaves pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno.
Mediante un recurso de revocatoria presentado el pasado jueves, Laura Fernández y Nogui Acosta, jerarcas de Planificación y Hacienda, pidieron al ente contralor que “amplíe o modifique” su criterio.
También solicitaron realizar una sesión de trabajo con el objetivo de explicar directamente los alcances y beneficios del proyecto, así como el marco de legalidad que respalda al mismo.
“Buscamos un serio y profundo acercamiento con la Contraloría y sus jerarcas para explicar que lo que estamos desarrollando es de beneficio para todos los costarricenses y se formula en estricto apego a la normativa nacional en materia de contratación pública.
“En la formulación de Ciudad Gobierno hemos estudiado antecedentes nacionales de proyectos de obra pública desarrollados con modelos similares”, aseveró la ministra Fernández.
En un oficio del pasado 4 de setiembre, la Contraloría advirtió de que es ilegal la forma como se pretende desarrollar el complejo de edificios, sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Remarcó que la construcción de esa obra –cuya inversión asciende a los $450 millones– debe tramitarse mediante los procedimientos ordinarios de la Ley General de Contratación Pública, no bajo la figura “de arrendamiento de inmuebles por construir”, como pretende hacerlo el Poder Ejecutivo.
Bajo el marco jurídico vigente, el gobierno debe sacar a concurso una contratación pública para escoger al mejor oferente, en apego al “principio de transparencia”, y utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) donde todo el expediente es de acceso irrestricto a cualquier persona.
El ente contralor también cuestionó que, en el expediente actual del proyecto, no aparecen “los análisis que dan sustento a las decisiones técnicas y jurídicas tomadas hasta el momento”.
Anteriormente, la contralora general, Marta Acosta, aseguró que la figura con la que el Gobierno pretende financiar el proyecto conlleva endeudamiento internacional, por lo que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Ciudad Gobierno implica 210.00 metros cuadrados de construcción y áreas verdes. Incluye la edificación de edificios de hasta 21 pisos, que albergarían hasta 10.000 empleados públicos de 14 ministerios y cuatro instituciones. También prevé locales comerciales que atraerían inversión económica.
La iniciativa actual, impulsada por la administración Chaves Robles, se inspira en la presentada por el gobierno Alvarado Quesada (2018-2022), pero se diferencia en su modelo de financiamiento.
La futura “ciudad” abarcaría tres cuadras al oeste de Plaza González Víquez y media cuadra al costado oeste del Liceo de Costa Rica, en San José.
Actualmente, en esos terrenos están las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), talleres de esa entidad, el plantel de pruebas de manejo y el antiguo edificio de licencias.
El pasado 17 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le revocó al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) la coordinación del proyecto y se lo asignó a la cartera de Planificación.
Lo anterior ocurrió luego de que, el pasado 4 de julio, renunciaran a sus cargos la ministra de Vivienda, Jéssica Martínez, y el viceministro Roy Jiménez, quienes lideraron hasta entonces la iniciativa.
